DEMOCRACIA O ARISTOCRACIA UNIVERSITARIA
El catedrático historiador de la Universidad de Costa Rica, Iván Molina, escribió un artículo titulado Consejo sin rumbo publicado en el diario La Nación el 13 de mayo del año en curso, en el cual se refiere a una propuesta de modificación al estatuto orgánico de esta institución, que entre otras cosas, otorga derecho al voto a una proporción de las y los trabajadores administrativos (apenas un 15 %) en las estructuras de la Universidad de Costa Rica. Al respecto manifestamos lo siguiente en nuestra condición de estudiantes, docentes interinos y trabajadores y trabajadoras administrativos, además de integrantes de la Junta Directiva Central del SINDEU.
Nuestro criterio como sindicato siempre es y será independiente del que tengan autoridades universitarias, incluyendo integrantes del Consejo Universitario, puesto que nuestro deber y razón de ser es la defensa consecuente de los derechos de las y los trabajadoras.
El Estatuto Orgánico establece que la comunidad universitaria está compuesta por docentes, administrativos y estudiantes.
En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 1998, celebrada en Francia, Carlos Tunnerman, partiendo de que la universidad tiene una estructura compuesta por docencia, investigación, acción social y administración, destaca la importancia del sector administrativo. En la diversidad de tareas que implica el quehacer universitario y en la complejidad de su organización se requiere de la presencia de diferentes saberes y especialidades, entre ellos los de la administración ¿Por qué excluir entonces a un sector clave de la estructura universitaria en la toma de decisiones?
La intención de incluir participación del sector administrativo en instancias universitarias de decisión es una larga lucha que tuvo como uno de sus hitos superar el inconstitucional requisito que restringía, hasta mediados de los años 90 del siglo pasado, a la condición académico profesional para ser electo (a) en representación del sector administrativo ante el propio Consejo Universitario. Tomó más de 50 años a la Universidad tener esa apertura y de hecho fue lograda, no sin la mueca despectiva de algún sector de la academia que aún se considera élite privilegiada y poseedora exclusiva del conocimiento.
Más allá de aspectos de forma del proyecto de modificación al estatuto que está en discusión, estamos totalmente de acuerdo con el fondo que permitiría al sector administrativo adquirir plena ciudadanía como universitarias y universitarios, a fin de ejercer, aun cuando solo sea en una proporción del 15 % de la población administrativa, el derecho de voz y voto y la responsabilidad que ello conlleva.
Es irónico que el Dr. Molina por un lado descalifique a priori al sector laboral administrativo, decimos que irónico porque él afirma que es peligroso que “personas sin la formación necesaria para conocer sobre asuntos académicos y científicos podrán votar en las instancias en que tales asuntos son decididos” (sic) y al mismo tiempo invita a toda persona que lee su artículo a opinar al respecto y enviar correos electrónicos en contra de la iniciativa. Así las cosas, el sector administrativo y el sector docente interino de la Universidad de Costa Rica queda condenado, desde la perspectiva que expresa el profesor Molina, a oír, ver y callar o a la larga a no oír, a no ver y por lo tanto igualmente a callar.
A priori se sataniza al sector administrativo como un sector que solamente estaría movido por mezquinos intereses económicos de corto plazo, a priori se señala al sector administrativo como insensible a la acción social y a la realidad estudiantil universitaria. Así por, ejemplo, al contrario de lo que prejuzga el señor Molina, resulta que buena parte de la acción social de la UCR la ejecuta y planifica personal administrativo en conjunto con el sector docente en propiedad e interino y estudiantes (kioskos ambientales, servicios odontológicos, etc). También olvida Molina que hay administrativos y administrativas que tienen certificación académica y profesional. Asimismo, en el sector administrativo hay cientos de compañeros y compañeras con amplio criterio y capacidad de aportar en asuntos de índole académico por cuanto su experiencia, su relación con el cuerpo docente y la comunidad estudiantil, es dinámica y desde esa relación el intercambio de opinión construye, elabora, aporta, aunque esto no lo pueda ver o lo quiera negar la posición elitista que el profesor Molina sostiene. Además, muchos y muchas administrativas son de los más decididos defensores de la universidad pública, de su presupuesto, de la negociación salarial, de brindar sus conocimientos y servicios a los docentes, estudiantes y público general. El señor Molina debería enterarse que funcionarias y funcionarios administrativos de distintos niveles (profesionales, conserjes, mantenimiento entre otros) estuvieron en paradas de buses, ferias del agricultor, comunidades, desde las 5 de la mañana repartiendo material informativo en defensa del FEES, después de pasar horas de la noche preparando dicho material. Pero son “convidados de piedra”, pues las y los administrativos no cuentan como plataforma a utilizar en las elecciones de rectoría.
Debemos aclarar que el sindicato es una organización independiente y voluntaria de las y los trabajadores para defender sus derechos. El señor Molina confunde las instancias, no es el sindicato igual ni hace parte del órgano que se propone constituir desde el Consejo Universitario: la asamblea de administrativos y administrativas. Pero lo más grave, el señor Molina estigmatiza al sindicato, infunde temor a ultranza hacia nuestra organización. Olvida además que la convención colectiva, las negociaciones salariales que docentes catedráticos como el Sr. Molina reciben y otros beneficios, se originan en la lucha de administrativos y docentes que arriesgan sus puestos para luchar por los derechos y beneficios de nuestra comunidad universitaria, y que además tiene una participación de primera línea en las luchas populares.
El señor Molina también debería reconocer que actualmente en la propia Asamblea Colegiada ha tenido que implementarse un mecanismo de pago de “multas” ante el fenómeno de la no asistencia de muchas de las personas que actualmente la integran, lo cual deja entonces espacio a que las decisiones terminen siendo discutidas y votadas por un número aún menor de personas que, en fin, hace que el quórum referente sea más reducido.
Toda la sesuda argumentación del profesor Molina tiende a consolidar en el fondo una odiosa discriminación, que excluye a las y los trabajadores administrativos, por su condición social y laboral. Extraña mucho la postura del profesor Molina. En el sentido de que hay “iluminados” que son los exclusivamente llamados a decidir las cuestiones universitarias. Criterios de este tipo en el pasado llevaron a considerar válido el voto censitario, mediante el cual votaban solo las y los propietarios con una dote reconocida. Este sistema electoral existió en los albores de la “democracia capitalista”, durante el auge de la revolución industrial, y fue precisamente el movimiento obrero cartista, forjado desde los primeros sindicatos ingleses en la tercera década del siglo XIX, el primer movimiento social que luchó por el sufragio universal, directo y secreto. En esa época, la aristocracia política decía que los proletarios no tenían capacidad de decidir y por eso no deberían votar; criterio similar se usó contra las mujeres sufragistas que luchaban por el derecho al voto femenino.
De manera que sesgar la capacidad de las personas para proponer, discutir, analizar, en fin la capacidad para razonar y decidir, en virtud del sector ocupacional o del oficio que se realiza, es un criterio que deberíamos haber superado en el tanto se acerca mucho a los criterios con los que igualmente se le negaba a la mujer, inmigrantes o a grupos étnicos esa misma capacidad y consecuentemente los derechos inherentes a la ciudadanía.
Es importante señalar que el SINDEU es un sindicato con afiliación entre el sector docente y administrativo. Las luchas por el presupuesto, por los reajustes salariales, por el modelo público de universidad, por las becas estudiantiles, por los cupos clínicos, por las sedes regionales, etc, no las hacemos para el beneficio exclusivo de un sector, se hacen para el beneficio de un modelo educativo y para el beneficio, no solo de quienes actualmente trabajamos o estudiamos en la Universidad, sino del pueblo costarricense y las generaciones que vienen.
Resulta además que las universidades estatales, ITCR, UNED y la UNA ya han incorporado, en distinta forma y proporción, la participación de más sectores de sus respectivas comunidades universitarias, incluyendo al sector administrativo, en sus instancias tradicionalmente de exclusivo acceso académico en propiedad. Y ateniéndonos a la prueba empírica, tal incorporación no ha generado la debacle de esas casas de educación superior.
Es decir, la realidad no ha derivado en el pesimista cuadro que don Iván vislumbra.
Se escandaliza don Iván Molina con la posibilidad de voz y voto para las y los administrativos, pero no menciona la “universidad paralela” que funciona al amparo de fundaciones, consultorías y vínculo externo. No menciona tampoco la condición de indefensión total en que se encuentran las y los docentes interinos, a merced del manejo clientelar y los grupos de poder en las unidades académicas. Tampoco refiere que la Vicerrectoría de Docencia tiene plazas que no son utilizadas en las unidades académicas, porque no se abren los respectivos concursos. Nos hubiera gustado que el señor Molina mencionará además cómo la negociación del FEES trasgredió nuestra autonomía y se impuso de manera autoritaria por parte del CONARE, sin ninguna consulta democrática, aceptando las reglas del juego impuesta por el Gobierno, a tenor de las directrices del Banco Mundial.
No menciona además el Sr. Molina la grave situación de las y los interinos docentes, abordada tanto por el Consejo Universitario, como por el Sindicato, por lo que estamos haciendo esfuerzos para resolver el problema del interinazgo docente, problema de tal magnitud que asciende a la enorme proporción de un 60% de las y los docentes. Es decir, toman decisiones en la estructura universitaria si acaso un 40 % de las y los docentes, por lo que para nada es democrática en relación al propio sector docente. Le preguntamos a don Iván Molina: ¿Por qué no se democratiza la participación docente de interinos en la universidad? Por nuestra parte, opinamos que la reforma democrática de la Universidad no debe ser solo para incluir al sector administrativo, sino también a las y los docentes interinos, como parte de la comunidad universitaria.
Finalmente y retomando aquello de la propiedad que algunas personas se arrogan de manera exclusiva para opinar y decidir, debemos decir que defendemos el derecho de opinar e incidir en la educación superior y en general en todo aspecto de la vida social que toda persona y colectivo tiene, esto es tan así que también defendemos el derecho que tiene el connotado historiador a opinar, votar y escribir sobre temas de este tipo, pero no creemos que sea válido ni muy científico construir una ficción de un proceso histórico cuya siguiente página deberíamos construir en el amplio debate propio de una universidad pública, sin el uso de esquemas descalificadores. ¡La historia también puede escribirse y construirse desde abajo, don Iván! El levantamiento estudiantil que llevó a la reforma de Córdoba, a la senda de la lucha por la autonomía y la democratización universitaria, así lo atestigua y sigue más vigente que nunca.
A las y los docentes y estudiantes que valoran el papel del sector administrativo: gracias por su reconocimiento.
A las y los diferentes representantes administrativos ante el Consejo Universitario: un agradecimiento por sus esfuerzos para democratizar la participación en la institución
A los y las afiliados desde que existe el SINDEU, gracias por luchar por todos nosotras y nosotros, por defender nuestro presupuesto, la universidad pública y las condiciones laborales dignas.
JUNTA DIRECTIVA CENTRAL DEL SINDEU
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