Manifiesto ante la Potencial Exploración en Busca de Gas Natural o Petróleo

http://www.neotropica.org/leer.php/6226386


Manifiesto ante la Potencial Exploración en Busca de Gas Natural o Petróleo

Demostremos que Creemos en Una Agenda Ambiental Coherente - Manifiesto del Frente Nacional por la Protección de los Humedales

El Frente Nacional por la Protección de los Humedales nació dentro de un marco de colaboración con el gobierno de Costa Rica con ocasión del conflicto ambiental ocasionado por las acciones del gobierno de Nicaragua que afectan al Humedal Caribe Noreste. El trabajo en conjunto se ha desarrollado dentro de un marco de diálogo respetuoso de las posibles diferencias que nuestras organizaciones pudiesen tener respecto a otros temas en los cuales no necesariamente estemos de acuerdo con la posición gubernamental.

Las informaciones de los últimos días respecto a la potencial explotación petrolera y/o de gas natural en diferentes regiones del país nos lleva a apelar a esa vía de diálogo y a expresar nuestra posición respecto a esta iniciativa.

Considerando

- Que de conformidad con las informaciones en los medios de prensa del país, desde 1997 la administración Figueres Olsen abre una licitación para la exploración y explotación de hidrocarburos en Costa Rica;

- Que durante la administración Rodríguez Echeverría (marzo del 2000) se le adjudicó seis bloques de exploración a la Mallon Oil Company que comprenden las llanuras de la zona norte (zonas de San Carlos, Sarapiquí y Pococí);

- Que la Secretaría Técnica Ambiental del MINAET otorgó en octubre del mismo año el permiso para ejecutar la primera fase de la exploración en los bloques adjudicados y ha rechazado los recursos de ley planteados contra esa resolución (noviembre del 2002 y setiembre del 2008);

- Que la Asociación Justicia para la Naturaleza ha presentado recursos de apelación (por ser el estudio de impacto ambiental muy básico-mayo 2002), nulidad contra la resolución de SETENA que autorizó la ejecución de la primera fase de exploración (setiembre 2002) y un recurso de amparo ante la Sala IV (setiembre del 2008)contra las resoluciones de la SETENA rechazando sus gestiones;

- Que la Dirección de Hidrocarburos de MINAET indica que la recopilación detallada de información no es necesaria para esta fase exploratoria;

- Que la Sala IV rechazó el recurso de amparo (abril del 2010) planteado por Justicia para la Naturaleza y ha avalado el criterio de SETENA de que el permiso es sólo para recopilar información y no para hacer labores de perforación;

- Que de conformidad con el mapas publicado por el periódico La Nación, con base en los documentos entregados por Mallon Oil Company a la Sala IV, los bloques prioritarios y otros bloques concesionados a la misma incluyen áreas que comprenden o limitan con reservas indígenas, importantísimas áreas silvestres protegidas del país y zonas de bosques y humedales protegidas por imperio de ley como parte del Patrimonio Natural del Estado, incluyendo el Refugio de Vida Silvestre Fronterizo Costa Rica-Nicaragua, Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, Humedal Caribe Noreste, Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado y el Parque Nacional Tortuguero;

- Que de conformidad con el mismo mapa los otros bloques terrestres y marinos identificados para sacar a concesión para explotación tienen similares características, es decir, incluyen áreas que comprenden o limitan con reservas indígenas, importantísimas áreas silvestres protegidas del país y zonas de bosques y humedales protegidas por imperio de ley;

- Que se ha asegurado en el periódico La Nación, con fundamento en carta de Pedro Oller Taylor, apoderado de Mallon Oil en Costa Rica, sin aportar detalles de la proveniencia de los cálculos ni de la viabilidad de procesar el producto en las condiciones actuales del país, que el hidrocarburo que se podría encontrar en la zona norte del país podría cubrir la demanda anual del país y que en el peor de los casos la actividad superaría un ingreso bruto de $7.000 millones durante los 20 años de la concesión, $890 millones por impuestos y $1.000 millones en regalías;

- Que el MINAET debe notificar los rechazos a unas 200 apelaciones presentadas contra la resolución de SETENA;

- Que según los sitios web corporativos, Mallon Oil Company se unió en el 2003 al Grupo Empresarial Estadounidense Black Hills Corporation, empresa diversificada de energía que opera servicios de energía eléctrica y gas natural en los estados de Colorado, Kansas, Nebraska, Iowa, Dakota del Sur, Montana y Wyoming y que opera subsidiarias en mercadeo energético y áreas de mercados energéticos de carbón y otros;

- Que según el diario La Nación en misivas a la embajadora Muni Figueres (con copia a un congresista y dos senadores Republicanos y a la embajadora de los EEUU en Costa Rica de 30 de noviembre y 31 de marzo pasado), la compañía indica que la principal riqueza de la llanura sería el gas natural, enfatiza que el Tratado de Libre Comercio (TLC) protege sus derechos e indica que no hay obstáculos ya para firmar la concesión para buscar y explotar hidrocarburos por 20 años;

- Que de acuerdo con la información del mismo diario, la fase de exploración pretende incluir cinco perforaciones de prueba en la zona de San Carlos para ubicar depósitos que puedan ser explotados comercialmente; que estas perforaciones tendrían 40 metros de profundidad y que la labor se extendería por dos años; que el sistema que se utilizará es el de embudos que reduce las áreas a áreas de interés de 25 kilómetros cuadrados;

- Que de la misma información se asegura que, de acuerdo con los documentos entregados al MINAET, la empresa respetará las reservas indígenas y áreas protegidas;

- Que los detalles arriba mencionados, del método de exploración o de tomarse en cuenta las áreas protegidas, en reserva o pertenecientes al patrimonio natural del Estado, no constan en el Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Recopilación y Análisis de Información para la Fase I de Prospección Petrolera en La Región Huetar Norte Y Huetar Atlántico de Costa Rica presentado por la compañía en el EXPEDIENTE SETENA 126-2000 el cual se limita a describir fases de recopilación de información secundaria que de acuerdo con el mismo documento son previas a cualquier trabajo de campo como el que describe La Nación y la ubicación del proyecto en términos sumamente generales;

- Que el Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones Teófilo de la Torre ha asegurado que el paso de seguir adelante con la concesión es un paso al que Costa Rica está obligada por seguridad jurídica;

- Que luego de salir de su cargo como Ministro del Ambiente y Energía de la administración Arias Sánchez, Dr. Roberto Dobles se apersonó el 9 de febrero del 2010 en su carácter personal como parte coadyuvante y experto en asuntos energéticos en oposición al recurso de amparo planteado por la Asociación Justicia para la Naturaleza ;

- Que entre febrero del 2010 y principios del 2011, el Dr. Roberto Dobles ha desarrollado, según el documento de su autoría El Gas Natural como Combustible para Reducir la Contaminación del Aire y la Atmósfera, 11 documentos sobre temas energéticos de los cuales 8 (según su título) se enfocan en la extracción y utilización del gas natural argumentando ventajas económicas para Costa Rica de hacer una transición de los usos del petróleo al gas natural, que el gas natural tiene mucho menos contaminantes locales que el petróleo, menos contaminantes globales y que es la mejor fuente de energía primaria firme y confiable, hasta que sea sustituido por otra fuente mejor en las décadas a venir;

- Que la presidenta de la República Laura Chinchilla ha declarado que la intención del gobierno es limitar el proceso a la extracción de gas natural y que se evalúa la posibilidad de involucrar a empresas estatales como RECOPE y el ICE, para que la exploración y explotación de este recurso no sea exclusiva de la empresa norteamericana. Asimismo ha declarado, conforme lo consigna el diario electrónico Costa Rica Hoy, que es poco conveniente que Costa Rica apueste a industrias extractivas altamente contaminantes como opciones para su crecimiento económico y que se valoran criterios de oportunidad y conveniencia hacia la satisfacción del interés público y el respeto a los principios de protección al medio ambiente;

- Que la moratoria a la exploración petrolera fue una declaración político-ética de la administración Pacheco de la Espriella sin que en ningún caso se firmara un decreto ejecutivo;

- Que el gobierno de Costa Rica no ha abandonado como política ambiental oficial la búsqueda de la carbono neutralidad para el año 2021;

- Que en una primera manifestación pública cientos de costarricenses expresaron su oposición a este proyecto el día 12 de junio del 2011 en La Plaza de la Cultura;

- Que como signataria del Convenio Internacional Sobre Biodversidad, Costa Rica ha aceptado la aplicación del principio ecosistémico que implica un manejo integral del territorio y de las relaciones entre los sistemas sociales y naturales, al igual que la participación de todos los sectores interesados en las potenciales implicaciones ambientales de los proyectos de desarrollo;

- Que como signataria de la Agenda 21, Costa Rica se ha obligado a la aplicación del principio precautorio según el cual para proteger el medioambiente en donde existan amenazas de daños graves o irreversibles no se usará la falta de certeza científica total como razón para posponer la adopción de medidas costo-efectivas para prevenir el deterioro medioambiental;

- Que como signataria del Convenio Para la Protección de los Humedales RAMSAR, Costa Rica se ha obligado a conservar los humedales del país;

- Que el modelo de conservación costarricense, su cumplimiento con éstas y otras normativas internacionales han sido fundamentales para la reputación conservacionista que el país ha asumido ante el mundo;

- Que esta imagen ha sido activamente invocada como sustento de las posiciones que Costa Rica ha tomado en relación al conflicto que actualmente sostiene con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por los daños ambientales causados en Isla Portillos en el Humedal Caribe Noreste;

- Que la industria turística, en gran parte atribuible a la imagen verde de Costa Rica, genera anualmente cerca de $2.000 millones en divisas contribuyendo alrededor de un 7% del PIB del país, un 23% de las divisas por exportaciones y cerca de un 13% de los empleos directos e indirectos (de acuerdo con Díaz, et. al. (2011) Protected Areas-Not Just for Biodiversity Conservation. The Contributions of Protected Areas to the Economic and Social Development in Bhutan, Costa Rica and Benin, cerca de $1.000 millones son directamente atribuibles a los Parques Nacionales y Reservas Biológicas);

- Que consideraciones similares a las de los estudios del Dr. Robles sobre las ventajas del gas natural para la generación eléctrica habían sido reconocidas por el ICE en su estudio Consideraciones para la Definición de Una Estrategia para la Utilización del Gas Dentro del Sector Eléctrico de Costa Rica desde 1997;

- Que el estudio del ICE también reconoce los impactos ambientales típicos de la actividad de exploración, de construcción y operación de los sistemas de extracción de gas natural reconociendo entre ellos: 1. Alteración de los recursos culturales, sitios históricos, vegetación, humedales, drenaje superficial y fauna; 2. Degradación de las aguas superficiales debido a la erosión de los suelos de las áreas alteradas, la descarga de los lodos de perforación y aguas servidas, desechos del mantenimiento de los equipos, desperdicios sanitarios y domésticos; 3. Degradación de la calidad del aire debido a las emisiones rutinarias de la operación; 4. Mortalidad de la fauna y reducción de su reproducción debido a la alteración o pérdida de hábitat, muerte en las carreteras y cacería; 5. Modificación de la vegetación e introducción de especies no nativas; 6. Degradación y pérdida de la vegetación (y la productividad del suelo) debido a la descarga de las aguas producidas, el petróleo y los lodos de perforación; 7. Conflictos sobre el uso de la tierra; 8. Degradación de las áreas remotas a causa del mejor acceso y mayor uso; 9. Daños a las carreteras, accidentes y retraso de la circulación debido al mayor tráfico de camiones en los caminos locales; 10. Alteración del paisaje a causa de los pozos, tanques e instalaciones de producción; 11. Derechos de vía lineales para gasoductos, servicios públicos, caminos y plantas de procesamiento; 12. La molestia causada a la gente y a la fauna por el ruido de los estudios sísmicos, perforación, bombeo y plantas de procesamiento; 13. Contaminación de las aguas subterráneas y subsuperficiales; 14. Mayor demanda sobre los servicios y medios de las comunidades locales; conflictos sociales y culturales, preocupación por la estabilidad de la comunidad (situación de bonanza y quiebra); 15. Sobreutilización de las aguas superficiales y/o freáticas locales;

- Que de acuerdo con publicaciones científicas como la de los profesores de la Universidad de Cornell Howarth, Santoro e Ingraffea, Methane and the greenhouse-gas footprint of natural gas from shale formations (Metano y huella de gases de efecto invernadero de formaciones de pizarra), recién publicada en la revista especializada Climate Change (disponible en http://graphics8.nytimes.com/images/blogs/greeninc/Howarth2011.pdf ) no todos los tipos de gas natural y métodos de extracción son ventajosos frente a la producción de otros combustibles fósiles en términos de gases de efecto invernadero, teniendo por ejemplo el caso del gas natural de pizarra una huella de metano mayor que otras alternativas; esta tendencia es generalmente consistente en la literatura respecto al gas natural en tanto su mayor impacto para el cambio climático es el metano y no el dióxido de carbono (una tonelada de metano atrapa similar radiación a 20 toneladas de dióxido de carbono, pero permanece en la atmósfera entre 8 y 40 veces menos);

- Que no existe un estudio económico ecológico para este proyecto que evalúe los potenciales costos de oportunidad en términos de riesgos para los elementos del capital natural y servicios ambientales, incluyendo aspectos como el valor de los servicios ecosistémicos de los humedales o de las demás áreas protegidas (que han sido estimados por la Fundación Neotrópica para el Humedal Caribe Noreste en un monto de entre $2.800 y $46.000 por hectárea por año y por Díaz et. al. (2011) en una cantidad de $2.085 por hectárea por año para los Parques Nacionales y Reservas Biológicas contribuyendo alrededor de un 5% del PIB del 2009) ;

- Que el Concejo Municipal del Cantón de San Carlos ha aprobado una moción en el sentido de solicitar al departamento legal y a la comisión de asuntos jurídicos de esa municipalidad las bases para declarar una moratoria en la exploración y explotación petrolera y de otros hidrocarburos, hasta tanto no haya un adecuado plan regulador cantonal que dé insumos para una decisión definitiva con respecto a la exploración y explotación de petróleo y otros hidrocarburos;

- Que no existe hoy día un Plan Energético Nacional que contemple para el corto, mediano y largo plazo, en forma integral y participativa, las necesidades energéticas del país a la luz de sus metas económicas, sociales y ambientales y las posibilidades tecnológicas disponibles hoy día.

Manifestamos:

- Nuestra preocupación por la falta de claridad que se desprende de la información disponible sobre los alcances de la concesión que se pretende dar a la Mallon Oil Company y sobre el adecuado cumplimiento de los requisitos necesarios para salvaguardar el patrimonio ambiental, social y cultural del país;

- Nuestra oposición a que los bloques en concesión no excluyan explícitamente todas las áreas silvestres protegidas, sus zonas de amortiguamiento y elementos del patrimonio natural del Estado de la región antes de que se dé en concesión ningún proceso preliminar para la potencial explotación de recursos energéticos en la misma;

- Nuestra oposición a que se utilicen métodos de intimidación que obstaculicen el diálogo y la participación que deben caracterizar este proceso de decisión nacional sobre el modelo energético que sea conveniente para todas y todos los costarricenses y demás habitantes del país;

- Nuestra disposición de unirnos a los esfuerzos tendientes a evitar que estos procesos de concesión avancen en tanto no se superen las anteriores limitantes con pleno cumplimiento de los compromisos ambientales del país y en concordancia con la imagen verde que promociona ante el mundo;

- Nuestro apoyo para un modelo de economía ecológica o verde que permita mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses y demás habitantes del país al tiempo que se conservan y aprovechan sosteniblemente los recursos naturales costarricenses;

- Nuestro apoyo para un diálogo intenso, creativo, participativo e informado que conduzca a una solución que satisfaga tanto los derechos de las mayorías como de las minorías de interesados en la resolución de este proceso;

- Nuestro apoyo a garantizar la seguridad jurídica para todos los sectores de la población e interesados en desarrollar una economía verde en nuestro país mediante el cumplimiento consistente de la normativa jurídica (constitucional, ambiental, etc.) costarricense;

- Nuestro apoyo al desarrollo de un Plan Energético Nacional que contemple para el corto, mediano y largo plazo, en forma integral y participativa, las necesidades energéticas del país a la luz de sus metas económicas, sociales y ambientales y las posibilidades tecnológicas disponibles hoy día;

- Nuestra respetuosa y firme solicitud al gobierno de Costa Rica de que las acciones que se lleven a cabo para solucionar esta situación sean consecuentes con la imagen verde que el país proyecta al mundo, respetuosas de los derechos ambientales de las y los costarricenses y demás habitantes del país y de los derechos de las comunidades, al tiempo que estén técnicamente bien fundamentadas;

- Nuestra respetuosa y firme solicitud al gobierno de Costa Rica de que considere la adopción definitiva y completa de normativa jurídica tendiente a salvaguardar al capital natural del país de los posibles impactos de actividades destructoras del ambiente como la extracción de combustibles fósiles;


Bernardo Aguilar González
Fundación Neotrópica

Gustavo Gutiérrez Espeleta
Escuela de Biología UCR

Gino Biamonte Castro
APREFLOFAS

Randall Arauz Vargas
PRETOMA

Rocío Carranza Maxera

Felipe Castro Truque
Revista Poder

Andrea Navas Asturias
FEITEC

Mariano Salas Naranjo
FEUCR

Randall Otárola Madrigal
FEUNA