Crucitas y el Humedal Caribe Noreste

Comunicado a la comunidad nacional y a la prensa







Crucitas y el Humedal Caribe Noreste




La decisión de anular la concesión minera

es un punto importante en la discusión sobre

el conflicto en la frontera norte



El Tribunal Contencioso Administrativo tomó ayer la decisión de anular la concesión minera de Crucitas, en respuesta a la denuncia realizada por grupos ambientalistas y después de un juicio que tomó más de un mes de argumentaciones y testimonios.





Esta importante noticia se hace de conocimiento público en momentos en que el sector ambientalista y diferentes actores del país se unen en la denuncia del daño potencialmente irreparable provocado por el “dragado” que lleva a cabo el gobierno de Daniel Ortega en la frontera norte de Costa Rica.





El impacto que una actividad humana puede tener sobre los recursos naturales, debe comprenderse partiendo de las características de la zona, los servicios ambientales que presta y sus implicaciones sociales, económicas y culturales.




En el caso del Proyecto Crucitas, las 300 hectáreas que el proyecto pretendía convertir en tajos, lagunas de relave y otras instalaciones producen hoy día en servicios ambientales aproximadamente un total de entre $450.170,00 y $1.488.980,00 por año, según estimaciones de Fundación Neotrópica. Si la operación se proyectaba para 9 años, el costo aumenta a una suma entre $4.051.530 y $13.400.820,00, costo que refleja exclusivamente las pérdidas por el cambio del uso de la tierra.




El conflicto en la frontera norte está relacionado con los servicios ambientales que brinda el Humedal Caribe Noreste, y con una amenaza a la integridad del Refugio de Vida Silvestre Fronterizo y del ecosistema del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado. Estos puntos están en riesgo por el trabajo de apertura de un canal que según el gobierno de Nicaragua existió alguna vez allí. Sin embargo, según el Laudo Alexander de 1897 y 1898 que presentó la cancillería costarricense ante la OEA, esta pretensión del gobierno nicaragüense se muestra no válida.




“El manglar históricamente ha tenido que luchar con la ignorancia de aquellos que lo llaman ‘pantano’, ‘estero’ u otras denominaciones que lo califican como sucio o dispensable. Estos humedales proveen condiciones indispensables para la pesca de la cual dependen nuestros pequeños pescadores, proveen materiales en madera caída, hierbas medicinales, espacios de recreación, investigación y educación”, comentó Bernardo Aguilar, Director Ejecutivo de Fundación Neotrópica.




En varias zonas del país, especies tan importantes como la lapa utilizan los manglares para pernoctar. Asimismo, son excelentes fijadores de carbono, fijando más o menos las emisiones de carbono de entre 3 y 8 vehículos automotores. Ayudan también con el cambio climático mediante la reducción de otros gases.

Estudios científicos estiman que por cada especie de manglar que se destruye se pierden anualmente 767 kilogramos de especies marítimas de importancia comercial. Asimismo, se estima que en algunas zonas de nuestro país estos ecosistemas producen entre $12,000 y $102,000 en servicios ambientales por hectárea por año.





Sin embargo el problema no se detiene allí. Se trata de un gran ecosistema binacional que sufrirá las consecuencias de esta acción con perjuicios tangibles para los servicios ambientales en ambos países. Asimismo, se trata de un recurso declarado de importancia mundial en tanto es un sitio protegido por la Convención Internacional para la Protección de los Humedales (RAMSAR).




El gobierno nicaragüense ha recurrido a todo tipo de argumentos para tratar de rebatir la gravedad de sus actos. Parte de los argumentos que se han esbozado para deslegitimar la defensa de los derechos ambientales costarricenses, ha sido la posición que el gobierno de Costa Rica (en dos consecutivas administraciones) ha tenido frente a la concesión de Crucitas. De allí que el fallo de primera instancia que la anula fortalece no sólo la lucha por el rescate del ecosistema fronterizo sino la imagen ambiental del país a nivel internacional. Asimismo, responde adecuadamente a todas las irregularidades de proceso que se han tenido por probadas en el otorgamiento de la concesión y a las potenciales consecuencias para los sistemas socio-ecológicos de la región.




“Desde la Fundación Neotrópica nos manifestamos en contra de la acción destructiva en Isla Calero y nos unimos a los llamados que otras ONGs ambientalistas están haciendo para condenar esta acción”, indicó Aguilar; “llamamos a la unión alrededor de las demandas del gobierno de Costa Rica para que se detengan estas acciones inmediatamente. Asimismo, apoyamos las gestiones que realizan el Ministerio del Ambiente y el SINAC ante las diversas instancias ambientales internacionales para que se detenga este ecocidio y llamamos a las organizaciones ambientalistas nicaragüenses a que se manifiesten en condena a esta destrucción”.




Este es un momento de festejo para las organizaciones ambientalistas nacionales que han encabezado el movimiento frente a Crucitas y una motivación para continuar con los esfuerzos que dan credibilidad al sistema democrático institucional costarricense.


TOMADO DE: FUNDACION NEOTROPICA - RED CENTROAMERICANA DE ACCION DEL AGUA