Comunicado del PAC

Fracción Legislativa
Partido Acción Ciudadana
Lunes 15 de noviembre de 2010


Proyecto no garantiza derecho a un ambiente sano

Sala Constitucional dio la razón al PAC en todos los argumentos que cuestionó al Proyecto de Marinas

• Tal y como estaba, el proyecto fomenta una desorganizada red de puntos de entrada y salida del país, lo que podría generar problemas de seguridad, salud y tributarios.

La Sala Constitucional consideró inconstitucionales varios artículos del Proyecto de Reforma a la Ley de Concesión de Marinas, por ser violatorios del derecho al ambiente y del principio de progresividad de los derechos fundamentales. Lo anterior de acuerdo con de la resolución 10-018702 del 10 de noviembre de 2010, la cual se dio como respuesta a la Consulta Facultativa de Constitucionalidad interpuesta por la Fracción del Partido Acción Ciudadana.

“Por una parte creemos que hay que ser muy cuidadosos con las marinas por los impactos ambientales que traen. El proyecto como estaba tenía portillos que hasta permitían la construcción de marinas privadas en áreas protegidas. Por otra parte, si el proyecto deja tantos vacíos, más que ayudar a los inversionistas los perjudica, porque un mala ley lo único que consigue es dar inseguridad jurídica a las inversiones” aseguró el diputado de Acción Ciudadana, Jorge Gamboa.

Los argumentos de fondo planteados por Acción Ciudadana en la consulta fueron tres:

1.) El proyecto abría una serie de vacíos jurídicos que fomentan una desorganizada red de puntos de entrada y salida del país, sin mayores controles migratorios, de seguridad, aduanales e incluso sanitarios. Al mismo tiempo, el proyecto daba atribuciones de tipo migratorio a los gobiernos municipales, potestades constitucionales que son propias y exclusivas del Poder Ejecutivo.

2.) El proyecto consultado permitía la construcción de marinas privadas en las siguientes áreas ambientales protegidas: i) reservas forestales; ii) zonas protectoras; iii) refugios nacionales de vida silvestre; iv) humedales; v) monumentos naturales; vi) reservas marinas; y vii) áreas marinas de manejo.

3) Adicionalmente, el proyecto creaba una distorsión indebida en el servicio público que brinda la SETENA, toda vez que permitirá a la CIMAT intervenir específicamente en el trámite técnico de la evaluación ambiental de proyectos, por lo tanto, habría un conflicto de competencias.

“Es claro que el proyecto tal y como estaba ponía al sujeto privado interesado por encima del resto de la población, que podría ver en riesgo su derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Acción Ciudadana mantendrá su posición en este tema”, aseguró el diputado Claudio Monge.