La nueva evidencia en poder de la Comisión legislativa que investiga el
manejo de fondo del Banco Centroamericano de Integración Económica y la
injerencia de políticos en el Ministerio Público, según la cual el ex
ministro Rodrigo Arias mintió en la Comisión de control de ingreso y gasto
público llevó a los diputados a solicitar a la Fiscalía que, de proceder, se
establezcan responsabilidades civiles y penales.
El diputado Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana, dijo que en los
documentos proporcionados por el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) a la Comisión especial "hay notas y recibos que prueban que
fue Rodrigo Arias quien contrató y ordenó el pago de sus colaboradores al
BCIE y no a la inversa como declaró el ex funcionario en su comparecencia en
la Comisión de Control de ingreso y gasto público anterior".
Tras el análisis del paquete de cartas y facturas aportadas a la comisión
investigadora por el BCIE, quedó claro que los consultores contratados por
la administración Arias Sánchez iniciaron labores y recibieron pagos por
orden del exministro de la Presidencia "sin que mediara un contrato con la
entidad financiera" y además, que el ex funcionario "solicitó pagos
adelantados para sus colaboradores" afirman diputados de la Comisión
especial.
De lo que se desprende que "Arias Sánchez faltó a la verdad" cuando declaró
en la anterior Comisión de control de ingreso y gasto público, que "él
solamente atendía las recomendaciones -contratación de consultorías- del
BCIE" y la documentación ahora en poder de la comisión investigadora
demuestra que "las declaraciones del exministro de la Presidencia son
falsas", dicen los diputados de las cinco fracciones de oposición en un
comunicado.
Oviedo dijo a Informa-tico que "después de analizar toda esta documentación
del BCIE, estamos enviando copia al Ministerio Público, a la Procuraduría
General y a la Contraloría para que con estos nuevos elementos puedan
verificar los hechos como realmente ocurrieron".
Al preguntarle sobre las actuaciones de la Procuraduría que eximieron de
responsabilidad al ex ministro Arias, dijo que "aquí cabe pensar en que la
Procuradora General (Ana Lorena Brenes) no tuvo acceso a toda la
documentación que hemos presentado a la Fiscalía, porque sino, no se puede
explicar que ella haya tomado las decisiones que en su momento tomó. Si
fuera de otra manera, aseveró, tendría que renunciar a su cargo por faltar a
su responsabilidad".
*Avances en Comisión*
Los diputados de oposición han señalado que los documentos aportados por el
BCIE permiten formular nuevos requerimientos a la Fiscalía para que se
revise otra vez toda prueba recabada sobre el manejo discrecional por parte
del ex ministro Arias de los fondos donados al estado costarricense.
Y advirtieron ayer que "dados los cuestionamientos públicos que pesan sobre
el Fiscal General (Jorge Chavarría), la oposición dará especial seguimiento
a esta nueva denuncia para velar que el caso sea debidamente analizado,
lejos de posibles interferencias políticas que afecten la valoración
objetiva de las pruebas".
Por otra parte, los juristas Jorge Romero Pérez y Rubén Hernández Valle
serán llamados para que den sus criterios sobre las diferencias entre fondos
públicos y fondos públicos internacionales, tema que ha ocupado las últimas
sesiones de la comisión especial que estudia el uso de los recursos
provenientes del BCIE y la participación de funcionarios y ex funcionarios
públicos y autoridades del Poder Judicial en la investigación judicial que
se desarrolla contra el señor Rodrigo Arias Sánchez por posibles delitos
contra la Hacienda Pública (expediente 17981).
En las sesiones anteriores la Procuradora y la Contralora generales de la
República, hicieron referencia a que los recursos donados por el Banco no
pueden catalogarse como fondos públicos y por lo tanto no están sujetos a
reglamentación nacional, por ello los legisladores decidieron escuchar a
"juristas reconocidos en calidad de amicus curiae con el fin de tener una
opinión jurídica externa e independiente de los órganos públicos sobre el
tema".
De igual manera se aprobó una segunda moción, por unanimidad, para que se
convoque en audiencia a Juan Rafael Lizano. Aunque Alfredo Ortuño era el
representante de Costa Rica ante el BCIE durante la etapa en que se ejecutó
el uso de los recursos, Lizano era quien ocupaba el puesto cuando se
procedió a la firma del convenio que permitió el ingreso del dinero.
FUENTE:
http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&edicion=20110317&ref=16-03-110011
¿Amicus curiae o discusión filosófica? Ya sabemos que dirá Rubén Hernández Valle. Lo curioso puede ser saber el cómo lo diga. Del Dr. Romero se espera una cátedra. Pero... ahora resulta que se discute el carácter en apariencia dual, de algo que para mi no lo es. Los funcionarios del más alto rango lo son a tiempo completo, en toda localización geográfica. No se pueden despojar del cargo. Reciben una donación porque lo son, por tanto es pública y se le aplica el derecho público.
ResponderEliminarO... ¿en carácter de que condición se ha de suponer que lo recibieron?.
No se tiene que ser jurista para usar la lógica. Pero, por si existe alguna duda: Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422Capítulo II. Régimen Preventivo Artículo 20.- Régimen de donaciones y obsequios.