martes, 29 de marzo de 2011

CRUCITAS Y LAS LECCIONES APRENDIDAS SOBRE EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fuente: Diario Extra 29 de marzo de 2011




Allan Astorga Gättgens *


El histórico juicio contra el proyecto minero, ubicado en Las Crucitas ante
el Tribunal Contencioso Administrativo que se resolvió el pasado mes de
diciembre, a favor de la legalidad y el ambiente y en contra de Industrias
Infinito S.A. dejó muchas lecciones importantes que requieren ser repasadas
y aclaradas. En particular, dado el hecho que, unos sectores, inmediatamente
conocida la sentencia del TCA, salieron a advertir de una supuesta
“inseguridad jurídica” a los inversionistas, cuando el verdadero mensaje de
esta decisión se inclina por el respeto a la institucionalidad de un país y
desnuda los intentos de unos por burlarla. *

*Lecciones aprendidas: El caso Crucitas, si se revisa con detalle, es
similar a un curso intensivo de cómo no se deben tramitar los permisos ante
las autoridades de un proyecto de inversión. A modo ilustrativo, ofrecemos
10 lecciones de cómo no se debe proceder:


1. No se deben promover proyectos que destruyan el bosque, cuando existe
prohibición de cambio de uso del suelo en zona de bosque. En el caso de
Crucitas, desde el año 1996, cuando se aprobó la Ley Forestal, ya existía
esa prohibición y esto fue antes de que la minera solicitara la explotación
del yacimiento de oro, bajo un bosque. *

*2. No se debe creer que se puede explotar el oro, si todavía no se tiene la
viabilidad ambiental. Crucitas obtuvo en 2001 la concesión para la
explotación minera por parte del Poder Ejecutivo, pero condicionado a que
obtuviera la viabilidad ambiental. Así resulta manifiesto que el tema del
cambio de uso en el bosque, el de los impactos ambientales a generar y el de
las medidas a aplicar, deben convencer a la autoridad y a la sociedad para
obtener la viabilidad ambiental. *

*3. Se debe presentar un estudio de impacto ambiental completo, que permita
realizar un balance integral sobre el costo beneficio ambiental. El primer
estudio de Crucitas fue rechazado por la Setena en el año 2002. No obstante,
la empresa insistió y logró que se le solicitara un Anexo, que finalmente
fue aprobado en diciembre de 2005. La viabilidad se dio para un diseño de
proyecto diferente al que obtuvo concesión en el año 2001 (a mediados de
diciembre) y se le dio un plazo de 2 años para iniciar la extracción.
Además, el Estudio presentado no cumplía el requisito legal de contar con el
refrendo previo del Colegio de Químicos e Ingenieros Químicos. *

*4. No se debe tramitar la viabilidad ambiental del proyecto mientras esté
vigente la moratoria a la actividad minera. Pese a que estaba vigente la
moratoria a la minería a cielo abierto promulgada en 2002, la empresa minera
insistió con el trámite de evaluación de impacto ambiental. Así, una vez
obtenida la viabilidad en diciembre de 2005, no se inició el proceso de
extracción, pese al plazo otorgado de 2 años, debido a que no se tramitó
ante la Dirección de Geología y Minas la respectiva concesión, la cual, de
acuerdo con la Sala Constitucional debería corresponder con el diseño de
proyecto que se presentó en el Estudio de Impacto Ambiental. *

*5. No se debe hacer un cambio significativo en el diseño del proyecto, sin
realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental. La empresa Infinito
Gold, en diciembre de 2007 (otro diciembre...), se presenta nuevamente a la
Setena con un documento en el que señala que está haciendo un cambio de
diseño (se aumenta la explotación de 6 a 9 años y prácticamente se duplica
el tonelaje a explotar), en el que se indican solo los efectos positivos de
ese cambio, no así los impactos negativos. La Setena en un periodo muy corto
(2 meses), sin solicitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, en
incumplimiento de la Ley del Ambiente y del Código de Minería, le otorga
viabilidad ambiental a ese cambio de diseño. Se inhibió así a la sociedad
costarricense de poder participar en la decisión. *

*6. No se pueden plantear dos diseños diferentes a sendas autoridades para
un mismo proyecto. La Dirección de Geología y Minas tramitó la concesión
minera para un diseño de proyecto diferente al que la Setena le otorgó la
viabilidad ambiental, que implicaba una explotación para 10 km2 y además, la
afectación del acuífero regional inferior en caso de la Setena, mientras que
en caso de la DGM no se autorizaba que se afectara dicho acuífero. *

*7. No se puede otorgar una concesión de explotación minera estando vigente
todavía la moratoria a la minería. El Poder Ejecutivo de la Administración
Arias, en su apuro por otorgar la concesión de explotación de oro a
Crucitas, otorgó esta en 2008, de forma ilegal, un mes antes de que se
levantara la moratoria minera promulgada en el año 2002. A este respecto es
de señalar que la Setena afirmó delante de los jueces del TCA no saber de la
vigencia de dicha moratoria, algo totalmente inaudito para una entidad de
ese rango. *

* 8. No se puede otorgar una declaratoria de conveniencia nacional y de
interés público si no se cuenta con un estudio de costo beneficio ambiental
integral. La Administración Arias otorgó dicha declaratoria en octubre de
2008, para un proyecto privado, sin que se realizara un estudio integral de
costo beneficio, ni siquiera con un análisis de los costos ambientales de
los efectos del desarrollo del proyecto como debió haberse hecho con la
realización de un Estudio de Impacto Ambiental completo para el cambio de
diseño. *

*9. No se debe plantear el desarrollo de un megaproyecto minero a cielo
abierto sin un análisis de riesgo integral. Con el cambio de diseño del
proyecto, el riesgo inicial se incrementó, no solo en la represa de relaves
que en caso de ruptura impactaría el río San Juan, sino por el uso de
explosivos y mayor uso de cianuro y de sustancias peligrosas; así como el
daño irreversible del acuífero local superior y de impactar de forma directa
el acuífero regional inferior que se comparte con Nicaragua, sin contar con
una valoración sobre sus efectos regionales de tipo transfronterizo. *

*10. No se debe plantear la explotación a cielo abierto durante 9 años,
dejando la fase de recuperación y control ambiental del cierre por un
periodo de 18 meses. Crucitas planteó, en la evaluación ambiental que la
fase de cierre tardaría 18 meses, luego de eso, la represa y la laguna de
relaves, el lago artificial y otras obras del proyecto quedarían al
“garete”, sin que ninguna entidad se hiciera responsable de eventuales daños
ambientales. Para colmo de males, la Setena estableció una garantía
ambiental de $600 mil, un monto insignificante comparado con el eventual
costo de los impactos irreversibles y daños que podría generar el proyecto
minero. *

*A las faltas antes señaladas se suman muchas otras. No obstante, las
indicadas demuestran claramente que el proyecto minero planteado tuvo serias
e importantes fallas que deben servir de lecciones sobre lo que no se
debería permitirle a un proyecto de inversión en Costa Rica. *


* Geólogo y profesor de la Universidad de Costa Rica*
En defensa de nuestras aguas subterráneas Manuel Aguilar Céspedes y otros*

*En relación con dos cuestionables decretos ejecutivos firmados en los
últimos días de la Administración del Dr. Oscar Arias Sánchez, en mayo del
2010, sobre perforación de pozos, y cuestionados por especialistas de la
UCR, y varias publicaciones recientes del Sindicato de Empleados de SENARA,
todas relacionadas al desmantelamiento al que se quiere proceder, de la DIGH
(Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, anteriormente, Dirección de
Aguas Subterráneas del SENARA), las entidades y personas firmantes deseamos
expresar lo siguiente:

-La Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA ha demostrado un
estricto apego a la ética profesional, buscando hacer prevalecer el interés
colectivo sobre el interés privado o de unos pocos, a diferencia de otras
entidades estatales, las cuales en los últimos años defienden intereses
privados en detrimento de los intereses de las comunidades, con base en
estudios técnicos de dudosa procedencia o muy aproximativos (casos como los
de Sardinal, Baulas, Crucitas, Mar Serena, Autopistas del Sol y muchos más):

- La reciente intercepción del acuífero del Barva por la empresa Autopistas
del Sol (cuyo daño asciende a $34 millones) demuestra la total negligencia
de las entidades a cargo de fiscalizar este tipo de proyectos en el
Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). *

*- En el caso del acueducto Coco-Ocotal en Sardinal, el informe de la UCR de
noviembre del 2009 indica de manera muy detallada la falta de certeza
técnica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA,
abreviado AyA) y del MINAET sobre la capacidad del acuífero, para poder
otorgar los permisos que fueron concedidos en detrimento de los intereses de
la comunidad de Sardinal (ver informe del Consejo Universitario de la UCR de
noviembre del 2009, pp. 15-37). Informes de prensa, por su parte, detallan
la política de persecución contra los expertos de SENARA que contradecían la
posición oficial del AyA y del MINAET en relación con este polémico
proyecto. *

*- En el caso del Parque Marino Las Baulas fue un informe de la DIGH de
SENARA el que, contrario a lo afirmado por el mismo Gerente de SENARA ante
la Sala IV, permitió que esta suspendiera proyectos que afectan el acuífero.
*

*- En mayo del 2010, en relación con otro polémico caso del proyecto minero
ubicado en Las Crucitas, el funcionario de SENARA Miguel Ramírez fue de
igual forma objeto de una decisión para crear en su contra un órgano
director por parte de la Junta Directiva de SENARA, por haber denunciado que
los Magistrados de la Sala IV refirieron a estudios de SENARA inexistentes,
y categóricamente desmentidos por los mismos técnicos de la DIGH días
después. *

*En el Valle Central los estudios del 2007 de la DIGH de SENARA, en relación
con la sobre-explotación del acuífero del Barva, han demostrado el grado de
negligencia de otras entidades del Estado, las cuales no parecen preocupadas
en lo más mínimo por el hecho de que se está extrayendo más agua de la que
naturalmente produce el acuífero, que abastece a más del 70 % de la
población del Valle Central. En este sentido el estudio denominado Recarga
Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, publicado en abril del
2007 por SENARA, llegó a determinar que la recarga potencial calculada para
los acuíferos Barva y Colima fue de 9.720 litros por segundo, y la
extracción calculada por medio de pozos legales e ilegales al 31 de
diciembre del 2006 (registrados en SENARA) fue de 9.870 litros por segundo.
Con los datos anteriores la demanda supera la oferta hídrica subterránea
(recarga del acuífero); por lo tanto, debe tomarse medidas de no permitir
perforaciones hasta que se instalen medidores de caudal en pozos con
caudales mayores a los 10 litros por segundo y se pueda reevaluar la
extracción. *

*Apoyamos sin reserva que las atribuciones de esta DIGH y de SENARA se
mantengan y sean consolidadas, tal como decisiones de la Sala IV y de la
Contraloría General de la República lo establecen, y hacemos desde ya un
vehemente llamado a que otras organizaciones del país se lo hagan saber a
las autoridades. La actual tendencia a concentrar todo lo relativo a la
gestión del recurso hídrico en la Dirección de Aguas del MINAET ha sido
aplaudida por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado (UCCAEP), la Cámara de Perforadores y diversas cámaras
de la construcción, señal inequívoca de que este traslado de competencias de
SENARA al MINAET resguarda primordialmente sus intereses, en detrimento de
los de las comunidades. *

*Recordamos que en el año 2009, en dos ocasiones nuestras organizaciones y
otras debimos denunciar la política de desmantelamiento dentro de SENARA
realizada desde varias instancias ministeriales. *


*Ingeniero agrónomo y Profesor en la Escuela de Ingeniería en Administración
Agropecuaria (ITCR) y Escuela de Ciencias Agrarias (UNA); junto a una lista
de más de 30 personalidades firmantes, entre universitarios de la UCR, UNA,
ITCR, expertos y profesionales de distintas ramas, diputados, escritores y
artistas nacionales, así como más de 35 entidades ecologistas
internacionales, nacionales y locales, y federaciones de asociaciones de
desarrollo.*

http://www.diarioextra.com/2011/marzo/29/opinion04.php

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