Columna "Pensamiento Crítico"*
Costa Rica se desarmó unilateralmente en 1949 al abolir el ejército y
decidir que le convenía más invertir en bienestar y desarrollo social para
afianzar su soberanía y garantizar el orden público, que hacerlo en
seguridad militar y represión. Al mismo tiempo confió tanto su defensa como
el manejo de cualquier conflicto internacional a organismos jurídicos
internacionales en el marco de las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y
de Estados Americanos (OEA), incluidas sus frecuentes disputas y tensiones
fronterizas con Nicaragua.
A su vez, el país colocó la seguridad interior en manos de "fuerzas
policiales", según lo dispuesto en el artículo 12 de la Constitución
Política. Y no concentró esas fuerzas en un solo cuerpo policial, sino que
las dispersó en un abanico de distintas y descoordinadas entidades. Descartó
así cualquier modelo centralizado y especializado de seguridad nacional
basado en la continuidad y profesionalización de los cuadros policiales.
Esto lo hizo y lo fomentó la clase política para evitar que esas fuerzas
amenazaran con golpear el orden constitucional, o que configuraran un
contra-poder retador frente al formado por los partidos políticos. En esa
red policial los nombramientos siguen siendo, hasta hoy, parte del llamado
"botín electoral" con que cada administración premia a sus activistas y
"pega-banderas" electorales; lo que evidentemente ha impedido estabilizar
sobre todo los altos y medios cuadros, los cuales siguen sujetos a
nombramientos de confianza o de libre remoción por los jefes políticos
superiores, según lo permite el artículo 140 de la Constitución.
Pero quizás la apuesta más fuerte en materia de seguridad nacional, interior
y exterior, la hizo el país inspirado por el figuerismo y la
socialdemocracia liberacionista. Fue impulsar un modelo de sociedad y Estado
de Bienestar Social centrado en la equidad, la promoción de la igualdad de
oportunidades, y apuntalado por un amplio y complejo sistema de avanzados
servicios públicos e infraestructuras en salud, educación, vivienda, etc.
Este modelo solidario operó exitosamente hasta mediados de los años de 1980,
junto a otros mecanismos de redistribución del ingreso nacional a favor de
la inclusión social y la lucha contra la pobreza extrema. Se instituyó de
esa forma un modelo de seguridad social como base de la seguridad del Estado
y la sociedad civil, que le ha valido a Costa Rica un merecido
reconocimiento en el concierto de las naciones civilizadas. Por varias
décadas le procuró un buen marco de estabilidad general, donde a ninguna
fuerza y dirigencia política se le antojaba que se necesitara convertir la
fuerza pública policial en un ejército o en una fuerza represiva
militarizada, máxime cuando la clase política se dio cuenta de las ventajas
que para ella tenía el pacifismo tico. Prefirió entonces reforzar el Poder
Judicial y renunciar al uso de la violencia para dirimir las disputas
internas, al tiempo que planteó la neutralidad y apeló al derecho
internacional para enfrentar los peligros y conflictos externos.
Fue una manera de actuar inteligente, donde se manejaba el tema de la
seguridad nacional atacando las causas económico-sociales de la
inestabilidad y manejando otras situaciones de peligro emergentes de una
manera preventiva y eficaz; lo cual por supuesto incluía el control de la
delincuencia común, cuyo perfil se mantuvo con bajos niveles de incidencia
si se le comparaba con indicadores del resto de Centroamérica y otros
países. Todavía para el año 2.000 Costa Rica mostraba una tasa de homicidios
por 100.000 habitantes de 5,6. Mientras tanto El Salvador y Guatemala
compartían una altísima tasa de 150; EEUU y Ecuador duplicaban la tasa tica
con tasas respectivas de 10,1 y 10,3; y por debajo se hallaban Uruguay con
una tasa de 4,0 y Canadá con la más baja de solo un 2,2. Sin embargo, ya
para el 2008 la tasa costarricense se había elevado a 11,2 superando el
umbral de un dígito, con lo cual la violencia interna se convirtió en un
problema de "salud pública" según los estándares internacionales. Esto nos
coloca muy por debajo de Europa que posee una tasa de 1,4 y de otros países
latinoamericanos como Chile, Uruguay y Argentina, cuyas cifras oscilan
alrededor de 5.
Bajo un entorno como el que prevaleció entre 1950 y 1980, era obvio que
había pocos espacios para la erupción del desorden, la anarquía o la anomia
(carencia de regulación social) y donde pudieran prosperar la violencia, la
agresividad y una alta conflictividad social; tampoco podían hacerlo en
demasía la delincuencia y el crimen organizado. Pero las cosas cambiaron,
tanto que a la vuelta del siglo XXI vemos un Estado Social de Derecho
vulnerado y postrados sus esquemas de seguridad interior y exterior en medio
de una gran crisis económico-financiera y un ascenso sin precedentes de la
criminalidad y la inseguridad interna y externa.
En efecto, asistimos en menos de veinte años, al derrumbe del modelo de
seguridad nacional, al colapso de lo que fue una exitosa apuesta por la paz
social con democracia y prosperidad para las grandes mayorías sociales, que
disfrutaron de tal ordenamiento institucional y entorno social desde 1948
hasta mediados de años 1980. O sea, hasta 1986 coincidiendo con el ascenso
al poder de los hermanos Arias y con la creación ilegal de un
"gobierno-paralelo" denunciado por su principal asesor John Biehl en junio
de 1988 (Ver sus declaraciones a la revista chilena "APSI" y el diario "La
Nación" del 16 de ese mes). Fue cuando se instauró el bipartidismo del PLUSC
junto a un vasto sistema de corrupción planificada y la política económica
dio un giro hacia la derecha y el neoliberalismo, hacia la competitividad y
la agresividad mercado-céntricas. Tuvo así inicio la demolición de la
Segunda República y de la pacífica "Suiza Centroamericana" en un proceso que
avanza hasta el presente y, lo más preocupante, que amenaza con
radicalizarse y profundizarse si no es detenido por una amplia y fuerte
coalición de fuerzas democrático-liberales y de centro-izquierda.
Ahora surge la gran necesidad de preguntarse acerca de la relación que
existe entre esa verdadera debacle institucional generada por el arismo
neoliberal y el surgimiento de gravísimos problemas en materia de seguridad
interior y exterior, y que ponen aún en mayor peligro a todo el desarrollo
democrático y social de Costa Rica. A eso, trataremos de dar respuesta
próximamente.
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“El problema no es la desobediencia civil, sino la obediencia civil”.
Howard Zinn
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