Comunicado político N° 25 CNE

Comisión Nacional de Enlace
Comunicado político N° 25

Que renuncien Tijerino y Chavarría: incondicionales al servicio de Rodrigo Arias

El reportaje periodístico publicado por La Nación el 21 de enero no deja lugar a dudas: pone de manifiesto la injerencia, ya sin maquillaje de ningún tipo, de Oscar Arias y su hermano Rodrigo Arias, en todo el entramado de la institucionalidad costarricense, en este caso particular en el Poder Judicial.

La denuncia de la fuente precitada, en el sentido de que la Fiscalía General frenó la indagatoria por peculado contra Rodrigo Arias, marca uno de los hechos políticos más graves de los últimos años en Costa Rica y lo suma a otros que han sido denunciados por la Comisión Nacional de Enlace, demostrando que la institucionalidad de Costa Rica, hoy secuestrada, está al servicio de los hermanos Arias y su séquito de incondicionales y que realmente Costa Rica está siendo gobernada de facto por la familia Arias Sánchez.

El involucramiento directo del fiscal general Jorge Chavarría y del actual ministro de seguridad José María Tijerino para que se desestimara el caso contra Rodrigo Arias (a pesar de que cuatro fiscales habían llegado a la conclusión de que el ex ministro y otras personas, presuntamente habían distraído fondos públicos por una suma de $598.050), aunque es un hecho político gravísimo e inaceptable y obliga a la renuncia a estos funcionarios, no nos dice nada nuevo.

Ya con mucha anterioridad y en casos muy concretos, la institucionalidad de este país viene siendo sistemáticamente socavada. Recordemos el bazucazo judicial que permitió la reelección presidencial, denunciado en la Cumbre Social, celebrada el 14 de abril de 2005 en el teatro Melico Salazar y el dictamen espurio de la Sala Constitucional que avaló el Tratado de Libre Comercio a pesar de múltiples estudios jurídicos universitarios y otros que advertían en contrario.

La intervención de la presidente Laura Chinchilla argumentando que la gestión del ministro de seguridad José María Tijerino fue a título personal y no un caso de tráfico de influencias en inaceptable. Ella misma, en el momento mismo de enterarse de ese involucramiento debió pedirle la renuncia. No hacerlo la involucra directamente, máxime en momentos en los que está impulsando un plan fiscal para que, según sus palabras, Costa Rica no se precipite en un “abismo oscuro y profundo”.

Consideramos que la situación por la que está atravesando Costa Rica en estos momentos es de gran incertidumbre y es en extremo inestable y peligrosa. La contradicción es evidente, por un lado, un grupo, el de los Arias y su séquito que insiste en manejarse con total impunidad y que hace abierta ostentación de controlar el poder y por otro, un gobierno sin rumbo y tratando de convencer a los costarricenses de que se apruebe un plan fiscal que recaerá sobre las espaldas de la clase trabajadora. Sobre esto, nótese que el cinismo no tiene límites: solo hace tres años en el gobierno espurio de Oscar Arias se afirmaba que Costa Rica entraría por los caminos del progreso, la prosperidad y el pleno empleo si se aprobaba el TLC; hoy aprobado, nos dice la presidente Laura Chinchilla que si el plan fiscal no se aprueba Costa Rica se hundirá en los infiernos.

La situación es delicada, agravada por el discurso militarista de algunos sectores favorable a la reinstalación del ejército en Costa Rica, lo que agravaría más la situación fiscal porque nos preguntamos; ¿de dónde va a provenir ese financiamiento? ¿De trasladar recursos de la educación y la salud? ¿O de los programas sociales de combate a la pobreza? Es evidente, como ya se ha denunciado, que todo lo relacionado con ese asunto de la reinstalación del ejército está apoyado por el Pentágono. Todas las señales indican que Costa Rica, a muy corto plazo, conforme se vaya profundizando la crisis y la contradicción, se convertirá en un Estado policial. Ya hemos tenido experiencias muy claras con la DIS, convertida hoy en una policía política de los gobiernos de turno.

Ya es hora de que detengamos este socavamiento de la institucionalidad provocado por los golpistas hermanos Arias. No sólo es necesario que mantengamos las denuncias y condenas concretas a los distintos hechos de corrupción en los círculos del poder político y económico nacional, sino que, de la mayor importancia es la articulación de una agenda de lucha y de un programa político construido desde la clase trabajadora organizada en alianza con otros actores sociales y políticos, que oriente hacia un profundo cambio de las estructuras políticas y de gobierno en este país.

Comisión Nacional de Enlace

24 enero 2011