En declaraciones del Canciller de la República, René Castro, a Radio Nederland, ayer en Holanda y publicadas por el Periódico La Nación, dice que: “es hora de reconsiderar el pacifismo que caracteriza a Costa Rica”, “Es hora de armar fuerzas de seguridad que no se llamen ejército”, “es hora de armar un cuerpo de seguridad con entrenamiento especializado como el de Panamá, quizá parecido a Los Carabineros de Chile”, “fuerzas externas nos están obligando a considerar posturas históricas nuestras”, “esto incide en la tradición pero también en los bolsillos”, ”un estudio de lo que invierte toda América Latina en actividades similares es de entre el 2% y el 4% del PIB… es lo que nuestro país invierte en Universidades Públicas”, “consideró imitable el modelo de Panamá o de Chile, donde las fuerzas reciben entrenamiento militar”.
El extracto de las declaraciones anteriormente citadas, no dejan ninguna duda del endurecimiento de la política de seguridad del Estado Costarricense, el cual es totalmente coherente con la intensificación de la criminalización de la protesta social, de la política de “mano dura” en seguridad, que se ha expresado en la represión brutal como al del 12 de abril pasado con la invasión del OIJ a la UCR y el 8 de mayo pasado en la toma de posesión de Laura Chinchilla, con la reciente agresión a periodistas, entre otros hechos.
Pero lo que nos debe de llamar la atención de una manera especial, es el costo de esa iniciativa, el equivalente al total del presupuesto de la Educación Superior Pública, y aún así lo consideran viable y a tres años plazo, mientras que el argumento del Poder Ejecutivo frente de la lucha por el presupuesto a las Universidades Públicas, que llevamos adelante durante el año pasado, fue que no existían recursos para el 13% requerido y finalmente se nos asignó únicamente un 5.5% de promedio para el presente quinquenio.
Entonces, sólo hay un 5.5% para la educación pero si existen recursos equivalentes al 100% del presupuesto para toda la Educación Superior Pública, para empezar a crear fuerzas armadas, aunque oficialmente “no se llamen ejército”, repudiadas por todas las generaciones de nuestra población desde 1948. Y para ellos nos anuncian un paquetazo de impuestos contra el pueblo. Al mismo tiempo, que la oligarquía quiere a toda costa privatizar los muelles de JAPDEVA para embarcarse en el negociazo del canal seco alterno al Canal de Panamá, se entiende con más claridad porque hay miles de soldados, aeronaves y buques de guerra norteamericanos ocupando y pisoteando la soberanía del país.
En todo caso para la oligarquía de este país esto no es un problema de plata, de recursos, es un problema de prioridades, de visión de país, con la esencia que nos identifica ante nosotros mismos y ante el mundo. No es creando un ejército a costa del presupuesto de la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y tantas necesidades que tiene nuestro pueblo, que se resuelven los problemas con los gobiernos de nuestros países vecinos.
Al enterarnos de esta aberración nos preguntamos: ¿quién nos gobierna?, ¿a qué intereses sirven y a quiénes representan?, ¿en qué quieren convertir a nuestro país y a qué quieren llevarnos a los costarricenses?, ¿qué tan cierta es la dimensión del conflicto en Isla Calero?, ¿cuál es el verdadero conflicto? y ¿hasta dónde esto es una excusa, un pretexto concertado, en el que Daniel Ortega gana su reelección y Laura Chinchilla la justificación para sentar las bases del ejército en Costa Rica?
Es hora de analizar toda la información y sacar nuestras propias conclusiones.
JUNTA DIRECTIVA CENTRAL DEL SINDEU
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