Salud, un negocio más

Emilia González

Fuente: elpais.cr

13/04/2011



Nuestro sistema de seguridad social se parece demasiado a los pobres pacientes que siglos atrás, caían en manos de los galenos expertos en sangrías; no conformes con aplicar cuchilla en brazos y piernas, repartían generosa cantidad de sanguijuelas por todo el cuerpo so pretexto de apurar la curación; el enfermo moría desangrado, huelga decirlo.

Pues así está muriendo la Caja Costarricense de Seguridad Social. ¿Haremos algo para evitarlo o nos limitaremos a vestir luto para el entierro, en medio de inútiles sollozos? Decisión de cada uno. La libertad tiene sus propios afanes.

El derecho a la salud integral y el derecho a la seguridad social son reconocidos por nuestra Constitución Política (artículos 21, 46, 50 y 73 entre otros); ese reconocimiento fue producto de heroicas luchas. Durante el Siglo XX, los sucesivos gobiernos permitieron que el sistema respondiera a la complejidad y servicios demandados, con recursos, capacidad e ingenio propios[i]. "Es función esencial del Estado velar por la salud de la población." dice la Ley General de Salud (art.2). Esos gobiernos se tomaron en serio el cumplimiento de la ley. Los que siguieron no; aunque no hay ninguna ley que lo diga, el enriquecimiento de unos pocos pareciera que ha pasado a ser la "función esencial del Estado"

En el Siglo XXI, con las nuevas tecnologías en su apogeo y mejor preparados profesionales, lejos de avanzar hacia nuevas etapas de desarrollo y mantener el progreso sostenido, el sistema de salud y seguridad social, acumula anomalía tras anomalía, desborda disfuncionalidades y violenta cotidianamente el derecho tutelado por nuestra Constitución y el aporte solidario de empleados y patrones.

Hoy, nuestra CCSS se desangra por cinco cortaduras bien abiertas, ejecutadas con precisión quirúrgica: compra de servicios médicos; compra de medicamentos y equipos; enseñanza privada e investigación médica; gestión de construcción hospitalaria y gestión del sistema de pensiones. Si se quieren cifras, montos y datos que demuestren el asalto inmisericorde a los dineros generados por la contribución solidaria de patrones y trabajadores, abundan en los informes institucionales buenos para nada que de tanto en tanto sopapean un poco la amodorrada opinión pública. Los detallaré en una próxima entrega.

Aunque se señalen y demuestren sistemáticamente serias irregularidades en cada uno de esos ámbitos, en la gran mayoría de casos, la institucionalidad nacional no concreta ni individualiza responsabilidades políticas, civiles, penales y administrativas. La falta de una voluntad real de enmienda en las principales fuerzas políticas, poderes mediáticos y órganos de fiscalización es espeluznante. No son tontos o ignorantes o incapaces. Nada de eso, en absoluto. Es peor. Se atienen a que la ciudadanía aguanta y aguanta en este continuado ejercicio del Síndrome de Estocolmo que nos tiene atenazados.

¿Pero por qué sucede esto? La verdad cruda , mal que nos pese, es la existencia y permanencia inconmovible de una red de relaciones inadecuadas entre la CCSS y el sector salud con el sector privado farmacéutico, médico, académico y asegurador; esta red va mucho más allá del principio de subsidiaridad, e incluye los decisores políticos al más alto nivel, tanto en el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. La urdimbre es tan fuerte que impide los correctivos necesarios para reformar y adaptar el modelo a las nuevas demandas.

Mientras los servicios de la CCSS se deterioran, el equipo y la infraestructura no se renuevan, la formación de nuevas disciplinas y especialidades ni se planifica ni se prioriza, modernos y costosos hospitales privados, clínicas de lujo, consultorios y laboratorios cinco estrellas proliferan en los alrededores de los hospitales y clínicas públicos. Nada de esto es casual.

Esa operación demoledora, avanza a galope desbocado montada en los dos mandatos de la "popular" Ministra de Salud, epidemióloga experta en cierres, a quien parece darle igual cerrar churrerías y chinamos en Zapote que los quirófanos del Hospital San Juan de Dios, siempre que se garantice su aparición en los medios y las encuestas.

Necesitamos propuestas serias para los cambios que se requieren de verdad; esas propuestas sólo vendrán de grupos ajenos a esa red de salud/negociados/farándula/encuestas. Un grupo de ciudadanos encabezado por el Dr. Guido Miranda, ya está trabajando en el tema. Mas no será suficiente. Los usuarios de la CCSS debemos intervenir, denunciar, reclamar, exigir, proponer, colaborar, dejar de hacer la vista gorda, solicitar servicios solo cuando se necesiten, vigilar, cuidar las instalaciones, emprender todas las acciones necesarias para promover nuestra salud y prevenir enfermedades.

Dejemos de actuar como espectadores. La CCSS es un paciente grave, nuestra vida y nuestra salud dependen de su mejoría. ¡No más silencios! ¡No más biombos! ¡No más sangrías!





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[i] En 1941, se creó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con la finalidad de brindarles a los trabajadores asalariados con salarios menores de 400 colones mensuales (equivalente a 60 dólares) el régimen de protección de Enfermedad y Maternidad, cinco años después en 1947 se amplía la tutela con la creación del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte con lo que se concreta la protección del derecho a la salud y la seguridad social, como una responsabilidad pública en Costa Rica. El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte voluntario en principio, se hace obligatorio a partir de 1970. En 1954, se incorpora a los dependientes de los trabajadores al Régimen de Enfermedad y Maternidad como asegurados indirectos incluyendo a la esposa (o) o compañera (o), los hijos menores de 12 años y los padres del trabajador (a) asegurado (a). En 1961, se modifica la Constitución Pública para crear la obligación de la cobertura universal de la población con los regímenes que estuvieran a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social. En la reglamentación del caso, aquella población que estaba económicamente limitada para aportar sus contribuciones sería cubierta por el Estado. En 1970 el país empieza el proceso de universalización, que se concluye 8 años después, con lo cual se alcanza la cobertura casi completa (91%) de todos los habitantes del país, la formación de un sistema nacional de salud, con 5 regiones sanitarias dentro del cual un sistema hospitalario constituido por 29 hospitales, clínicas mayores y centros de salud escalonados en cinco niveles de complejidad, dieron atención de internamiento y ambulatoria, en todo el ámbito nacional.