Sala IV suspende viabilidad ambiental a Mar Serena en Santa Cruz de Guanacaste

Sala IV suspende viabilidad ambiental a Mar Serena en Santa Cruz de Guanacaste

Proyecto es cuestionado en instancias judiciales por destrucción de bosque

Fuente: Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr) | 05/03/2011

San José (elpais.cr) - La Sala Constitucional ordenó suspender los permisos de viabilidad ambiental al proyecto Condominio Turístico Residencial Mar Serena, en Cabo Velas, Santa Cruz de Guanacaste.

De acuerdo con el voto 1888-11, el dirigente de la organización ambientalista Bosques Nuestros, Juan Figuerola, alegó que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto, localizado en las inmediaciones de Playa Jesús y Playa Zapotillal en Cabo Velas, ignorando estudios de otras instituciones.

De acuerdo con Figuerola, la SETENA no conoció la información hidrológica de la zona del proyecto realizados por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), perjudicando con ello la dinámica del acuífero y equilibrio ambiental.

Por ello, la Sala IV ordenó a la SETENA suspender los permisos de viabilidad ambiental y el proceso de la ejecución del proyecto Condominio Turístico Residencial Mar Serena.

Asimismo, ordenó que "de inmediato coordinen lo correspondiente para solicitarle al representante de la empresa Playa Pelícano Holdings SRL, propietaria del Proyecto Condominio Turístico Residencial Mar Serena, realizar en el plazo de tres meses lo indicado en el informe DIGH 672-2010 del 5 de octubre del 2010 del SENARA para cumplir con las observaciones hechas por dicha entidad, en el Oficio ASUB-381-08, del 8 de septiembre del 2008".

Además, ordenó al SENARA y a la SETENA fiscalizar y monitorear periódicamente todo el proceso de realización y ejecución del proyecto mencionado.

"Una vez presentada la información requerida, el SENARA procederá a su valoración y a resolver lo correspondiente en cuanto a la ratificación o no del estudio final hidrogeológico que forma parte del Estudio de Impacto Ambiental", sentenció la Sala Constitucional.

Para Juan Figuerola, la resolución 1888-2011 de la Sala Constitucional viene a confirmar la larga cadena de irregularidades que ha caracterizado a un proyecto que pretende destruir el bosque costero de playas Nombre de Jesús y Zapotillal y el ecosistema que conforma (incluido el acuífero), para construir campos de golf, hoteles cinco estrellas, condominios, residencias de lujo y centros comerciales.

Ya en el 2007 la Sala Constitucional había declarado con lugar un recurso de amparo contra este proyecto y había señalado que las autoridades recurridas "fueron omisas en el cumplimiento de sus obligaciones en tutela del derecho al medio ambiente y que queda la percepción de que ha sido la actuación de "una administración de papel", que agota su actividad en meros trámites burocráticos, simplemente limitándose a realizar inspecciones y girar recomendaciones, sin que se tome medida alguna para corroborar si realmente existe un problema ambiental".

"Ylo que es peor, sin que se evidencien de su parte acciones eficaces, verdaderamente encaminadas a resolver en definitiva la problemática ambiental expuesta, como corresponde para cumplir el fin público que se le ha encomendado, lo que redunda en detrimento del medio ambiente...", afirma la resolución Nº 2007-15850 de la Sala.

Figuerola sostiene que la nueva resolución de la Sala Constitucional reviste gran importancia, pues viene a defender un recurso cada vez más escaso y amenazado en Guanacaste: el agua.

"Con esta resolución la Sala Constitucional le devuelve a los costarricenses la confianza en las autoridades judiciales encargadas de velar por el ambiente", concluyó Figuerola.

Denuncia

El proyecto Mar Serena comenzó a gestarse a inicios de la década 1990. Sus respectivos planes reguladores costeros los realiza el arquitecto Héctor Chavarría Carrillo, funcionario del Departamento de Desarrollo Urbano del INVU y hermano del reelecto alcalde de Santa Cruz, el liberacionista Jorge Enrique Chavarría Carrillo, quien años antes de ser alcalde participó en calidad de vecino (al igual que otras cinco personas vinculadas al proyecto) en la audiencia "pública" en la cual la Municipalidad aprobó el plan regulador, escribió este viernes el diputado del Partido Acción Ciudadana, Claudio Monge, en un medio de prensa.

Recordó que la ex viceministra de Transportes, ex ministra de Justicia y Gracia y hoy diputada y jefa de fracción de Liberación Nacional, Viviana Martín Salazar, también aparece vinculada al inicio del proyecto.

El legislador recordó que el 13 de marzo de 2008, Ramón Ramírez Cañas, funcionario de DEHC Ingenieros Consultores, empresa responsable del estudio de impacto ambiental del Proyecto Mar Serena, remite un mensaje vía internet a Woodbridge (con copia a Álvaro Martín Salazar y otros), pidiéndole que acelere la aprobación de la carta de disponibilidad de agua potable en el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente.

En su misiva, Ramírez dice: "'si no logramos esto, volver a reactivar el préstamo le costará al proyecto $ 1 670 000 y, además, existe la posibilidad de que no lo otorguen. Te pido nos ayudés a solucionar el problema en el Departamento de Aguas, conociendo tu voluntad, disposición y la gran ayuda que nos has brindado en muchos proyectos para que salgan adelante. Saludes. Moncho", aseguró Monge en su escrito.

Además, indicó que el 24 de marzo del 2008 el Departamento de Aguas determina que el proyecto Mar Serena "cuenta con la disponibilidad de agua en cantidad y calidad para atender una demanda proyectada".

Agregó que el 24 de abril del 2008 el Semanario Universidad (pág. 9) reporta: "'en documentos de Setena se detallan pedidos de Woodbridge para acelerar el trámite de algunos proyectos como el Condominio Turístico Residencial Playa Pelícano (anterior nombre del proyecto Mar Serena)'".

Monge dio cuenta que el 29 de julio de 2008, Adelaida Acevedo, funcionaria de la Setena, denuncia presiones de la secretaria general Sonia Espinoza (también cuestionada en el caso Crucitas): "La actitud de la Sra. Espinoza en todo el proceso de análisis de este proyecto (Mar Serena) ha sido de acoso laboral y presión por acelerar el proceso de revisión' la única razón que me ha dado la Sra. Espinoza para acelerar la revisión de este anexo (de 300 páginas) es que si esto no está revisado para el jueves, los inversionistas se van'".

Sobre el proyecto, el legislador del PAC aseveró que existe una maraña de intereses que se esconde detrás de proyectos millonarios que se presentan como soluciones cuando en realidad ahondan los problemas económicos, sociales y ambientales que aquejan a Costa Rica