FAMILIAS CAMPESINAS DESALOJADAS

COMUNICADO DE PRENSA


26 de marzo de 2011

Por finca para Escuela de Policía en Guápiles:

FAMILIAS CAMPESINAS DESALOJADAS

PRESENTARON DEMANDA PENAL CONTRA

EL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y OTROS.


Una demanda penal presentaron las 35 familias campesinas de Balastre de la Rita de Guápiles, que fueron desalojadas violentamente el pasado 10 de enero de 2011 de la finca donde precisamente el Gobierno ha dicho, que se construirá la nueva Escuela Nacional de Policía. La demanda se tramita en la Fiscalía de Guápiles bajo el Expediente Nº 11-000795-485 y en la misma se acusan los delitos de usurpación, daños graves, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato, principalmente contra el Ministerio de Seguridad. La demanda es extensiva contra Registro Nacional, la Procuraduría General de la República, una jueza civil y el supuesto propietario de la finca en litigio.

Desde hacía 10 años estas familias tenían constituido un asentamiento agrario y social en dicha finca. Eran parceleros debidamente asentados y legítimos poseedores que ya tenían en trámite judicial su titulación como propietarios. Sus parcelas estaban por completo dedicadas a la producción agraria y cría de animales y allí mismo ya tenían construidas sus respectivas casas de habitación ( no simples ranchos ), con espacios comunales, iglesia y hasta contratos empresariales para desarrollar proyectos productivos.

Aun así, el 10 de enero pasado, sin previo aviso ni notificación alguna, violentando los más elementales requisitos del debido proceso para los desalojos, un contigente de la Fuerza Pública procedió a desalojarlos sin miramientos y luego, a destruir con maquinaria pesada todos sus patrimonios, incluidas las casas de habitación. Las familias no tuvieron oportunidad de salvar sus pertenencias y la Fuerza Pública incluso abrió una zanja con la misma maquinaria pesada en la calle pública que atraviesa la finca.

Independientemente de la sospechosa legalidad de la donación que hizo el supuesto propietario de la finca al Ministerio de Seguridad, es lo cierto que el delito de usurpación en nuestro ordenamiento jurídico protege no sólo la legítima posesión sino incluso la simple tenencia de un inmueble. En el caso de las familias de Balastre su posesión data de 10 años atrás y se venía ejerciendo en forma pública, pacífica, e ininterrumpida conforme lo manda la ley.

La demanda penal pretende que se lleve a juicio a los responsables, se restituya a las familias en sus respectivas parcelas y se paguen los daños morales y materiales irreparables que ya se han producido.




Héctor Monestel.

Abogado defensor familias de Balastre.

Tel. 50688266114.

 
 
Fuente: Comité Patriótico Nacional