viernes, 4 de febrero de 2011

Destrucción en Zapotillal


Santa Cruz, Guanacaste

PAC exhorta a Fiscalía Agraria Ambiental a extender medidas cautelares en Zapotillal y Nombre de Jesús

Red política del PLN burla legalidad e institucionalidad para lucrar con el ambiente

El diputado Claudio Monge Pereira, gerente de temas ambientales de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) exhortó, respetuosamente pero con carácter de urgencia, a la Fiscalía Agraria Ambiental para que mantenga las medidas cautelares interpuestas contra un megaproyecto turístico en Santa Cruz, Guanacaste.

La Fiscalía Agraria Ambiental tramita una denuncia por prevaricato contra varios funcionarios de los gobiernos central y local involucrados en el otorgamiento irregular e ilegal de permisos, tal y como ocurrió con el proyecto minero Crucitas. Se trata del megaproyecto denominado Mar Serena, en playas Zapotillal –conocida como playa Minas– y Nombre de Jesús, que comprende un área de casi 300 hectáreas, 22 de ellas sobre la zona marítimo terrestre.

En la zona desova la tortuga verde, hay un importante acuífero costero, manglares y bosques secos primarios y secundarios. Lamentablemente, los desarrolladores arrasaron con parte del bosque y afectaron el acuífero costero, amparados en una declaratoria de “conveniencia nacional” otorgada irregularmente por el Área de Conservación Tempisque.

“Aquí vemos como un grupo de empresarios y políticos utilizan el dinero, sus influencias y la plataforma del Estado para hacer negocios y obtener beneficios personales, en detrimento del ambiente y la institucionalidad”, afirmó el diputado Monge Pereira.

El representante del PAC informó que el exministro de competitividad de la administración Arias Sánchez (2006-2010), Jorge Woodbridge, y la directora de Secretaría Técnica Ambiental, Sonia Espinoza, presionaron a sus subalternos para agilizar los trámites y otorgar los permisos, a pesar de que no se contaba con los estudios técnicos correspondientes.

Años atrás, la diputada liberacionista Viviana Martin y su hermano, Álvaro Martin, fueron quienes obtuvieron las once concesiones –utilizando once sociedades mercantiles distintas– otorgadas por la Municipalidad de Santa Cruz para desarrollar los proyectos turísticos.

La hoja de zonificación del plan regulador fue elaborada por Héctor Chavarría Carrillo, hermano del alcalde de Santa Cruz, quien finalmente firmó las concesiones. Chavarría fue contratado por Martin, en calidad de presidente y apoderado generalísimo de las once sociedades mercantiles.

“Para algunos, esta es la forma de hacer negocios multimillonarios en Guanacaste. Existe una red de políticos en Liberación Nacional que burlan la legalidad y lucran con el ambiente. Solo una combinación de dinero y poder hacen posible que las instituciones del Estado resuelvan en días las gestiones que tardan meses”, concluyó el diputado Monge Pereira.





No hay comentarios:

Publicar un comentario