Artículo en Página Abierta

Aleluya, ya estamos en el imperio de Carlos Slim y Telefónica
Leonel Fonseca (*)

El pasado 18 de enero el Poder Ejecutivo firmó el decreto para otorgar las frecuencias a las transnacionales Claro de Carlos Slim y Telefónica de España, donde como en una carrera olímpica de relevos se cumplió lo establecido por el gobierno anterior. Hasta la Sala IV intervino junto a la eficiente y célere -cuando el caso lo amerita- Contraloría General de la República (CGR).

La SUTEL tuvo que tramitar y finalizar en pocos días los estudios y procedimientos para proceder a definir el cartel y resolver la licitación para el otorgamiento de tan importantes concesiones, y trasmitir su decisión al MINAET que, siguiendo la carrera burocrática, rápidamente la analizó para luego y según lo dispone la legislación complementaria al TLC, enviar la recomendación al Poder Ejecutivo para la decisión final.

Culmina así la apertura de las telecomunicaciones establecida en el TLC con EE.UU. y en la legislación complementaria, según la Ley General de Telecomunicaciones (No.8642) y Ley de Fortalecimiento (sic) y Modernización de las Entidades del Sector Telecomunicaciones (No. 8660) donde, a pesar de lo apresurado del proceso institucional seguido por las autoridades públicas involucradas, no pudieron cumplir la fecha límite impuesta por el Gobierno (el 5 de mayo, “tres días antes del traspaso”, LR pág 5, 19-1-2010) , lo que hubiera ameritado la colocación de otra placa conmemorativa.

El magro resultado obtenido de sólo $170 millones con la participación reducida a las dos multinacionales mencionadas, contrasta con los $700 millones que se podrían obtener por este proceso, según los expertos en la materia.

Mediante estas concesiones Slim y Telefónica ya pueden hincar sus banderas en nuestro país, y exhibirnos como un galardón más dentro de su extenso imperio de las comunicaciones, tal como en la antigüedad lo hacían el imperio romano, inglés y otros más recientes, y acrecentar sus ya exageradas ganancias producto de descremar el mercado de las comunicaciones, como ellas mismos lo han reconocido.

Dejar constancia. Aunque como dice la sabiduría popular a “golpe dado no hay quite”, y por respeto al ordenamiento legal debemos acatar tanto el TLC aprobado con rango de convenio internacional, como la legislación que con premura y ligereza aprobaron los diputados, y el referendum llevado a cabo en octubre del 2007, debe quedar constancia escrita y pública de los siguientes hechos y situaciones:

A pesar de que el TLC es promovido como un mero instrumento para el desarrollo comercial e industrial de los países firmantes, en Costa Rica se ha usado como un mecanismo espurio para transformar el Estado costarricense, sin que para ello se hayan realizado las obligadas consultas y votaciones de los ciudadanos. Y en el caso de la privatización de las telecomunicaciones –lo mismo que los seguros- es de todos conocido que inicialmente ello no estaba incluido en este Tratado, y que fueron partes interesadas que propusieron su inclusión y propiciaron la venida al país del procónsul Mr. Zoellick para “torcer los brazos” que fuera necesario con dicho propósito.

Se ha llegado al extremo de asegurar que lo que nos rige es una “Constitución económica que establece y propicia la libre competencia” (Magistrado E.Jinesta, EF del 2/8/2009),cuando ningún costarricense ha votado para derogar la Constitución Política de 1949 que con sus reformas nos garantiza los derechos políticos, sociales y económicos.

Las reformas legales hechas apresuradamente mediante la legislación complementaria al TLC y sobre todo mediante la eufemísticamente llamada de “fortalecimiento y modernización de las entidades del sector de telecomunicaciones”, introdujeron casuísticas y nocivas modificaciones a la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que no sólo debilitaron al ente regulador, sino que propiciaron indebidas ventajas para los miembros de su Junta Directiva (excesivo pago por dietas y posibilidad de su remuneración como funcionarios regulares). A tal grado de premura se llegó, que desde la emisión de esta Ley NO hay funcionario público expresamente designado para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, incumpliéndose el principio constitucional de legalidad.

A pesar de lo dispuesto claramente en el TLC, no se le otorgó la indispensable independencia y autoridad para su funcionamiento al ente regulador de las telecomunicaciones: la SUTEL. Las consecuencias de este error son de conocimiento general, por ello se llegó hasta el público enfrentamiento entre los jerarcas de la ARESEP y de la SUTEL.

Por su importancia directa con este asunto y por su gravedad, así como por provenir nada menos del mismo ICE, es indispensable que transcribamos la siguiente cita de la publicación hecha a toda página en los principales medios escritos del país titulada POSICIÓN DEL ICE EN TORNO A UN INSTRUMENTO CLAVE PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA APERTURA EN TELECOMUNICACIONES
... “NO SE PUEDEN FESTINAR LOS BIENES PÚBLICOS A FAVOR DE PRIVADOS.

El modelo de la apertura de las telecomunicaciones de Costa Rica no avaló la privatización.

Los bienes públicos como las redes telefónicas que el ICE administra son parte de la Hacienda Pública y deben ser adecuadamente gestionados.

Las inversiones realizadas durante 47 años de telecomunicaciones han sido cubiertas con tarifas que pagaron los ciudadanos y todos los usuarios finales de las redes
Las empresas privadas no pueden servirse de la red fija sin cubrir los costos y en violación al principio de no discriminación
(...)
Es obligación de todo funcionario público velar por buen uso de los bienes bajo su custodia; contravenir esta obligación es faltar al deber de probidad
El precio de interconexión para la red fija indicado por la Sutel en la resolución del 12 de noviembre y publicada seis días después en su página web está por debajo de los costos del ICE, con lo cual se violenta la Ley General de Telecomunicaciones.

La resolución de la Sutel que fija el precio de interconexión para la red fija no tiene asidero técnico y carece de los elementos necesarios para tener validez jurídica.

EL ICE DEFIENDE EL INTERÉS PÚBLICO Y EL VERDADERO ESPÍRITU DE LA APERTURA
(...)
Las acciones legales tomadas por el ICE a este respecto pretenden que el proceso avance afianzando la seguridad jurídica para todos los actores. El ICE es el principal interesado de que así se haga.”
“Curiosamente”, a pesar de los contundentes razonamientos, las citadas acciones legales tomadas por esa Institución y sus jerarcas fueron retiradas sin mayor explicación el 3 de diciembre del 2010.

Aparte de lo anterior y ante los serios cuestionamientos sobre este proceso de privatización o apertura de las telecomunicaciones a pesar de lo declarado por la Presidenta de la República al anunciar su decisión, se han presentado 3 recursos de amparo y 3 recursos de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional y otros más ante el Tribunal Contencioso Administrativo, alegándose la violación a normas expresas de la Constitución Política y de la legislación vigente aplicables al sector de telecomunicaciones. Recursos que de ser acogidos sin lugar a dudas acarrearían serias y gravosas consecuencias para el Estado y sociedad costarricenses.

Extraña, aunque ya no tanto por lo antes narrado, el por qué no se cumplió con ordenar el espectro radioeléctrico y cobrar el uso que las radioemisoras y canales de televisión comerciales hacen de este bien público escaso y finito, que como es de sobra conocido no pagan, o lo hacen en montos ridículos.

Actuaciones cuestionables. Concluimos que la apertura o privatización de las telecomunicaciones así como el de seguros no estaban incluidas inicialmente en el TLC con los EE.UU., que para su aprobación y vigencia se ha incurrido en una serie de hechos y situaciones tan cuestionables, como las que el ICE denunció públicamente, y que han ameritado la presentación de numerosos recursos ante la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo. Que las supuestas bondades de tal Tratado no han producido los fantasiosos beneficios anunciados en la exagerada propaganda de sus propulsores, mediante promesas como las decenas de miles de empleos, millones de dólares por nuevas exportaciones a los EE.UU., y aquella alegre promesa del presidente Arias en una fábrica de Cartago de esas que ya cerraron, donde dijo que los que iban en bicicleta con el TLC lo podrían hacer en moto BMW, y los que en Hunday irían en Mercedes, llegando hasta amenazar directamente en sus sitios de empleo a los trabajadores de las empresas exportadoras.

Parece que esta triste historia no ha terminado: Rodrigo Arias, entonces ministro de la Presidencia con motivo de la presentación del enajenante proyecto de Ley General de Electricidad ante la Asamblea Legislativa nos anunciaba que este es el “último pilar de la modernidad” que nos falta “para que el sector privado pueda producir todo tipo de electricidad...y exporte ese servicio al resto de Centroamérica” (Extra pág.6, 3/3/).


*Asesor en administración, regulación y tarifas de los servicios públicos.
http://www.diarioextra.com/2011/febrero/01/opinion11.php