viernes, 11 de febrero de 2011

20 preguntas y respuestas sobre el "plan fiscal" (I Parte)

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20 preguntas y respuestas sobre el "plan fiscal" (I Parte)
Henry Mora Jiménez
09/02/2011

Columna Por el Bien Común

El propósito de este artículo es ayudar al lector a formarse una valoración general del llamado plan fiscal que el actual gobierno ha propuesto para su discusión a la Asamblea Legislativa (actualmente se encuentra en Comisión de Asuntos Hacendarios), por lo que no es nuestra intención puntualizar en tecnicismos legales y económicos que abundan en la legislación tributaria y en la propuesta misma. Aun así, y según la experiencia con grupos de estudio en las últimas semanas, creemos que las preguntas seleccionadas ayudarán a formarse una valoración crítica e informada de la propuesta.

1- ¿Qué se entiende por "propuesta de reforma fiscal"?

La "propuesta de reforma fiscal" del gobierno (que muchos llaman "paquete de impuestos"), incluye los siguientes textos, dos de los cuales requieren aprobación legislativa.
a) Una "Política Nacional de Sostenibilidad Fiscal", presentada en el Consejo de Gobierno días atrás.
b) El Proyecto de "Ley de Solidaridad Tributaria, Expediente No. 17959" (Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y Reforma a la Ley de Impuesto General sobre las Ventas).
c) Las reformas anunciadas, pero aun no conocidas, al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
d) Un "Plan Urgente para el Combate de la Evasión".
e) Un incremento en el impuesto selectivo de consumo a los vehículos, y un incremento en la tasa para el traspaso de bienes inmuebles.

2- ¿Cómo justifica el Gobierno la propuesta?

El Gobierno aduce que como resultado de la disminución en la recaudación tributaria entre 2008 (15,4% del PIB) y 2010 (13,3% del PIB), producto de la crisis económica que afectó sensiblemente las importaciones de bienes de inversión y de bienes de consumo; así como por el aumento en el gasto público que se hizo necesario para paliar los efectos de la crisis en los sectores de menores ingresos (sic), el déficit fiscal se disparó, desde casi un 0% del PIB en 2008 hasta un 5,3% del 2010, y con una proyección del 5,4% para el 2011, si no se obtienen nuevos tributos.

Al respecto algunos comentarios: a) de los dos puntos de carga tributaria que se perdieron durante la crisis, al menos la mitad se podrá recuperar en este y el próximo año, como lo sugiere la reactivación reciente de las importaciones de bienes de consumo y bienes de inversión, b) el mayor gasto no se dirigió sólo a contrarrestar la crisis con políticas anticíclicas, sino que conllevó un fuerte aumento en gasto recurrente (permanente), c) al ser 2009 un año pre-electoral, el mayor gasto público se asignó, sin duda, con un claro criterio electoral (¿hasta cuándo?)

3- ¿Qué se propone en materia de gasto público?

El llamado plan de responsabilidad fiscal no es tal plan, pues lo único conocido es una simple tabla de quince puntos (la mayoría sin claridad sobre los resultados esperados) que se ha hecho pública, y que incluye, entre otros: a) reducción de un 20% del presupuesto 2011, excluidas las partidas de remuneraciones, pensiones, servicio de la deuda y transferencias, b) no creación de plazas ni utilización de plazas vacantes (excepciones en seguridad y educación), c) emisión de deuda en mercados internacionales, d) condonación de deuda de instituciones públicas, e) movilidad laboral horizontal voluntaria, etc. En total, se espera una reducción en el gasto presupuestado para el 2011 cercana a los 80 000 millones de colones (0,4% del PIB).

Como era de esperar, estas medidas ya tuvieron su primera victima en los/as trabajadores/as del sector público, quienes tendrán este año un ajuste salarial totalmente apegado a la inflación, rompiendo además la política de favorecer con un pequeño incremento adicional a los asalariados de menores ingresos, y desde luego, como es la costumbre, imponiendo el ajuste vía decreto y sin reconocer el poder adquisitivo perdido en años anteriores.

4- En materia de gasto, ¿qué deja por fuera la propuesta del Gobierno?

La política de responsabilidad fiscal es meramente decorativa, no porque no incluya disminuciones draconianas en el gasto, como pretenden liberales, neoliberales y conservadores; sino porque no se compromete en serio con este importante tema de la responsabilidad fiscal y la calidad del gasto público, dilatando, presuntamente, las principales acciones a tomar, para que las mismas sean discutidas en un "dialogo nacional" que se promoverá en los próximos meses (que desde luego no sería el primero ni el último con nulos resultados prácticos).

Mientras tanto, la política de combate a la pobreza seguirá teniendo como resultado el mantener a duras penas la pobreza en los niveles históricos, en un círculo vicioso que manipula conciencias de personas necesitadas y genera réditos electorales al partido de gobierno.

Mientras tanto, las casi 190 clases de exoneraciones impositivas a los distintos sectores productivos seguirán a la deriva (comenzando por las Zonas Francas), sin conocerse su registro de beneficiarios, sin saber el monto exacto que representan para el Estado, y sin tener idea alguna del supuesto impacto que estos beneficios fiscales al sector empresarial han tenido para el país (recordemos los tristemente célebres CAT).

5- ¿En que consiste el Plan de Lucha contra la Evasión?

De nuevo, no se trata de un "plan", sino de un listado de ocho puntos que incluyen, entre otros: a) un incremento de 20% en el control extensivo e intensivo, b) un fortalecimiento de las vías administrativas de la resolución de casos de presunta evasión, c) estímulo al uso de tarjetas en las transacciones, etc.

Además, el "plan" se compromete a disminuir la evasión en un 1% del PIB en un período de cuatro años, lo que parece una meta muy mediocre, a sabiendas de que la evasión en renta y ventas ronda el 5.5% del PIB, según datos de la Contraloría. Y aunque no es de esperar reducirla a cero, disminuirla a la mitad resultaría en un verdadero compromiso para mitigar significativamente este delito fiscal.

6- ¿Es lo anterior suficiente para disminuir significativamente la evasión y el fraude fiscal?

Sabemos que la evasión no se puede disminuir drásticamente solo con medidas legales y mayores castigos. La misma arquitectura de los impuestos debe favorecer el pago voluntario y la dificultad de eludir, evadir y defraudar al fisco. Un IVA bien estructurado, por ejemplo, podría ayudar en este sentido, lo mismo que un sistema de renta global que el gobierno ni siquiera se atreve a proponer.

La erosión en la base imponible en el impuesto sobre la renta gracias a la globalización, internacionalización y deslocalización de capitales es otro tema ineludible, que tampoco se confronta en la propuesta del gobierno.
Y otro elemento de gran importancia es el incluido en proyecto 17.677, denominado Ley de Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal, que le permitiría a la Dirección de Tributación abrir cuentas bancarias de sus administrados sin que medie la orden de un juez (secreto bancario).

El proyecto nació en abril del 2008, luego de que la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) incluyera al país en una lista de naciones cuya legislación no cumple los "estándares fiscales internacionalmente aceptados"; es decir, Costa Rica ha sido catalogada como un "paraíso fiscal". No es secreto para nadie que el secreto bancario es un arma poderosa de los evasores, defraudadores y lavadores de dinero "sucio" (narcotráfico, venta de armas, contrabando, fraudes financieros, etc.), por lo que su modificación sería de gran ayuda para la lucha contra la evasión. Pero como era de esperar, Cámaras empresariales y banqueros se oponen rotundamente. Veremos el pulso en la Asamblea Legislativa en los próximos meses.

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