Frente Amplio advierte sobre peligrosas similitudes en concesiones a APM Terminals en Costa Rica y Perú
• Se terminará subsidiando un monopolio privado que desplazará a JAPDEVA
El diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, advirtió que existen “peligrosas similitudes” entre las concesiones de las terminales de contenedores en los puertos de Moín, Limón, y El Callao, el principal puerto del Perú, ambas adjudicadas de manera apresurada al mismo oferente, la compañía holandesa APM Terminals.
Además, el parlamentario hizo ver que, luego de las recientes elecciones generales en el Perú, se está considerando anular o revisar la concesión, atendiendo a las denuncias y argumentos en contra de lo actuado por el Gobierno del Presidente Alan García, presentadas por especialistas, gremios empresariales, autoridades políticas, militares en retiro, sociedad civil y hasta por la propia Marina de Guerra del Perú.
En el caso peruano, el 18 de marzo pasado la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (FENTENAPU) presentó una demanda de nulidad de la concesión del Terminal Norte del puerto de El Callao, argumentando que liquidará a la Empresa Nacional de Puertos, equivalente a la Junta Desarrolladora de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), en el caso de Moín, Limón.
Además, la FENTENAPU ha advertido que el concesionario de otra terminal de El Callao, la empresa DP World, podría presentar una demanda multimillonaria contra el Estado peruano, debido a que el contrato pactado con su competidora, APM Terminals, “le otorga más de $100 millones en subvenciones directas, con lo cual rompe las reglas de juego de la competencia igualitaria”.
Al final, se estaría propiciando un monopolio controlado por la transnacional holandesa en el puerto más importante del Pacífico sudamericano.
“En Costa Rica se corre el mismo riesgo, porque el contrato de la Concesión establece que, en su Fase 2, todo el tráfico que esté manejando JAPDEVA pasará a ser administrado por APM Terminals”, explicó el diputado Villalta. “Esto prácticamente decretará la muerte de JAPDEVA”, agregó.
Además, mediante una suerte de adendo al contrato de la Concesión, plasmado en el Acuerdo No. 018-MOPT-H, del 1 de marzo de 2011, por la Presidenta de la República, el MOPT y el Ministerio de Hacienda, se aceptaron 15 condiciones adicionales a APM Terminals, por las cuales se le permite a esta empresa usufructuar de infraestructura pública y otras ventajas, a cambio de una rebaja de $23 en la oferta de la tarifa del servicio de contenedores, la cual de todos modos había sido criticada por el sector empresarial costarricense por ser excesivamente alta y estar calculada sobre la base de proyecciones irreales del tráfico de exportaciones piñeras y bananeras.
Entre las ventajas adicionales concedidas a APM Terminals se encuentran que esta empresa no tenga que utilizar sus propios recursos para el dragado del muelle de Moín, pues esta tarea la realizará RECOPE; además, tendrá acceso a los equipos, servicios y demás recursos de JAPDEVA; el Estado se compromete a “lograr un ágil proceso de aprobación” de los permisos que sean necesarios con las distintas instituciones públicas; el Estado otorgará un área de trabajo de 10 hectáreas al Concesionario y asumirá, para ello, “la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarios”.
Adicionalmente, se aceptó permitir anticipadamente a APM Terminals la puesta en servicio provisional del primer puesto de atraque, con lo cual la afectación a JAPDEVA también se anticipará.
La Adiministración también se comprometió con APM Terminals a permitir y facilitar el cambio de lugar donde se construirá la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), según se reconoce en el propio Acuerdo No. 018-MOPT-H, porque “en la actualidad no existen estudios de suelo que certifiquen que la localización conceptual de la TCM es la más óptima de conformidad con las realidades geográficas del área de concesión.”
“Esto es una barbaridad –enfatizó el diputado Villalta-. Ya vimos las consecuencias de permitir que el Concesionario de la carretera San José-Caldera trabajara sin estudios actualizados. Y, ahora, se reconoce sin tapujos que se adjudicó una concesión millonaria en Moín, cuando ni siquiera existen estudios básicos del suelo marino. No quiero imaginar las consecuencias que esto puede tener para el país. Y sí puedo imaginarme al Concesionario pidiendo un reequilibrio financiero del contrato, cuando nos digan que el cambio de ubicación de la Terminal resultó costoso”, advirtió Villalta.
El parlamentario del Frente Amplio también comparó la diligencia y la premura con la que se terminó adjudicando la concesión a APM Terminals en Perú y en Costa Rica. “En el primer caso, el gobierno de Alan García corrió a otorgarla antes de las pasadas elecciones y, en Costa Rica, el cartel de licitación se fue modificando a la medida de AMP Terminals, que terminó siendo el único oferente interesado, luego de que ocho empresas se presentaran inicialmente”, denunció.
Finalmente, el diputado hizo ver que, con estas acciones, se favorece a la transnacional APM Terminals frente a las pocas otras que aspiran a controlar el mercado portuario mesoamericano.
Según un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, en México, Centroamérica y el Caribe, únicamente cuatro “operadores globales” controlan el 50% del tráfico portuario de la región. Ellos son las transnacionales HPH, SSA, APM Terminals y Evergreen, que tienen presencia en los 16 puertos más importantes de Mesoamérica.
miércoles, 6 de julio de 2011
Comunicado de Prensa Fracción PAC: Accionistas de Autopistas del Sol si compraron bonos del PLN
Fracción Legislativa
Partido Acción Ciudadana
Martes 5 de julio de 2011
Concesionarios financiaron campaña de Laura Chinchilla
Accionistas de Autopistas del Sol si compraron bonos del PLN
Manrique Oviedo Guzmán, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), demostró con estudios registrales que la empresa FCC Construcción Costa Rica S.A., tenedora de bonos del Partido Liberación Nacional (PLN), pertenece al grupo económico que representa en el país al consorcio español FCC Construcción.
FCC Construcción es el accionista mayoritario de la concesionaria Autopistas del Sol S.A., responsable de desarrollar las obras y administrar la ruta San José-Caldera.
Durante la campaña electoral 2009-2010, el PLN colocó “bonos de deuda política” para disfrazar donaciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones. FCC Construcción Costa Rica S.A. compró once millones de colones (¢11.000.000,00) en bonos clase B.
FCC Construcción Costa Rica S.A., tenedora de los bonos de la campaña de la presidenta Laura Chinchilla Miranda, junto con FCC Construcción S.A. y FCC Construcción Centroamérica S.A., accionistas de la empresa Autopistas del Sol S.A., integran en Costa Rica el grupo económico que opera la concesión de la ruta San José-Caldera.
FCC Construcción también posee acciones de Autopistas del Sol S.A. por medio de las sociedades MyS Di MyS Desarrollos Internacionales S.A. y PI Promotora de Infraestructuras S.A.
Aunque la empresa concesionaria niega la relación de capitales y asegura que no financia campañas electorales, lo cierto es que FCC Construcción Costa Rica S.A. “compró” los certificados de deuda del PLN. Desde el 2006, las juntas directivas de todas las sociedades comparten miembros, como el caso de Julio Casla García.
Casla García es el presidente de la sociedad que “compró” los bonos de la campaña presidencial de Chinchilla Miranda. También figura, junto con Alvaro Muelas, como presidentes de las asambleas de accionistas de Autopistas del Sol S.A. celebradas entre el 2006 y el 2011.
El representante del PAC puso a disposición los documentos registrales que demuestran los vínculos entre todas las sociedades, así como los poderes que entregó FCC Construcción de España, a Casla García para abrir una empresa sucursal en Costa Rica.
“No hay manera de confundir a la opinión pública. Tenemos más de ocho meses estudiando el capital accionario de la empresa concesionaria de la ruta San José-Caldera y la evidencia es clara y contundente. La población tiene acceso a toda la información registral”, concluyó el diputado Oviedo Guzmán, jefe de fracción.
Contacto: Diputado Manrique Oviedo Guzmán (Cel. 8864-8554)
Partido Acción Ciudadana
Martes 5 de julio de 2011
Concesionarios financiaron campaña de Laura Chinchilla
Accionistas de Autopistas del Sol si compraron bonos del PLN
Manrique Oviedo Guzmán, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), demostró con estudios registrales que la empresa FCC Construcción Costa Rica S.A., tenedora de bonos del Partido Liberación Nacional (PLN), pertenece al grupo económico que representa en el país al consorcio español FCC Construcción.
FCC Construcción es el accionista mayoritario de la concesionaria Autopistas del Sol S.A., responsable de desarrollar las obras y administrar la ruta San José-Caldera.
Durante la campaña electoral 2009-2010, el PLN colocó “bonos de deuda política” para disfrazar donaciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones. FCC Construcción Costa Rica S.A. compró once millones de colones (¢11.000.000,00) en bonos clase B.
FCC Construcción Costa Rica S.A., tenedora de los bonos de la campaña de la presidenta Laura Chinchilla Miranda, junto con FCC Construcción S.A. y FCC Construcción Centroamérica S.A., accionistas de la empresa Autopistas del Sol S.A., integran en Costa Rica el grupo económico que opera la concesión de la ruta San José-Caldera.
FCC Construcción también posee acciones de Autopistas del Sol S.A. por medio de las sociedades MyS Di MyS Desarrollos Internacionales S.A. y PI Promotora de Infraestructuras S.A.
Aunque la empresa concesionaria niega la relación de capitales y asegura que no financia campañas electorales, lo cierto es que FCC Construcción Costa Rica S.A. “compró” los certificados de deuda del PLN. Desde el 2006, las juntas directivas de todas las sociedades comparten miembros, como el caso de Julio Casla García.
Casla García es el presidente de la sociedad que “compró” los bonos de la campaña presidencial de Chinchilla Miranda. También figura, junto con Alvaro Muelas, como presidentes de las asambleas de accionistas de Autopistas del Sol S.A. celebradas entre el 2006 y el 2011.
El representante del PAC puso a disposición los documentos registrales que demuestran los vínculos entre todas las sociedades, así como los poderes que entregó FCC Construcción de España, a Casla García para abrir una empresa sucursal en Costa Rica.
“No hay manera de confundir a la opinión pública. Tenemos más de ocho meses estudiando el capital accionario de la empresa concesionaria de la ruta San José-Caldera y la evidencia es clara y contundente. La población tiene acceso a toda la información registral”, concluyó el diputado Oviedo Guzmán, jefe de fracción.
Contacto: Diputado Manrique Oviedo Guzmán (Cel. 8864-8554)
Comunicado de Prensa Fracción PAC: PAC propone declarar Héroe Nacional y Benemérito de la Patria a Pablo Presbere
Fracción Legislativa
Partido Acción Ciudadana
Martes 5 de julio de 2011
Defensor de la libertad de los pueblos autóctonos
PAC propone declarar Héroe Nacional y Benemérito de la Patria a Pablo Presbere
Una iniciativa de ley presentada por la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Muñoz Quesada, propone declarar al defensor de la libertad de los pueblos autóctonos, Pablo Presbere, Héreo Nacional y Benemérito de la Patria.
Presbere, cuyo nombre original es Pabrú, que significa jefe de las lapas, se levantó junto a su pueblo contra los conquistadores españoles en 1709. El cacique indígena originario de Talamanca lideró la lucha por la dignidad, la tierra, la justicia y la libertad.
El proyecto de ley que contiene un artículo único y se tramitará bajo el expediente No. 18179 reconoce a Pablo Presbere como símbolo de libertad para los costarricenses y los pueblos de América.
“Como legítimo hijo de esta tierra fue el primero en luchar por la independencia, no solo de los pueblos indígenas sino de Costa Rica entera […] Es hora de reconocer en él ese liderazgo, lucha y amor por esta tierra. Es momento de reconocer a los Pueblos Indígenas como parte real e integral de Costa Rica”, señala la exposición de motivos.
Presbere, quien luchó por la libertad del pueblo costarricense cuando los españoles habían robado, violado y asesinado a millones de seres humanos en todo el continente americano, fue asesinado en la ciudad de Cartago el 4 de julio de 1710, hace 301 años.
La diputada Muñoz Quesada se sumó este martes –5 de julio– a la conmemoración del día nacional de la lucha libertaria del cacique Pablo Presbere, en la Asamblea Legislativa.
“Han pasado más de trescientos años desde el asesinato de Pablo Presbere. Queremos hacer justicia a su nombre, símbolo de la libertad nacional, declarándolo héroe nacional y benemérito de la patria”, señaló la diputada Muñoz Quesada.
Contacto: Diputada Carmen Muñoz Quesada (Cel. 8352-6849)
Fotos disponibles (Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa):
https://picasaweb.google.com/100777132781403871437/Pablo?authkey=Gv1sRgCIzVycCdjLGrWw&feat=email
Fotos disponibles (Comunicaciones PAC):
http://www.flickr.com/photos/partidoaccionciudadana
Partido Acción Ciudadana
Martes 5 de julio de 2011
Defensor de la libertad de los pueblos autóctonos
PAC propone declarar Héroe Nacional y Benemérito de la Patria a Pablo Presbere
Una iniciativa de ley presentada por la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Muñoz Quesada, propone declarar al defensor de la libertad de los pueblos autóctonos, Pablo Presbere, Héreo Nacional y Benemérito de la Patria.
Presbere, cuyo nombre original es Pabrú, que significa jefe de las lapas, se levantó junto a su pueblo contra los conquistadores españoles en 1709. El cacique indígena originario de Talamanca lideró la lucha por la dignidad, la tierra, la justicia y la libertad.
El proyecto de ley que contiene un artículo único y se tramitará bajo el expediente No. 18179 reconoce a Pablo Presbere como símbolo de libertad para los costarricenses y los pueblos de América.
“Como legítimo hijo de esta tierra fue el primero en luchar por la independencia, no solo de los pueblos indígenas sino de Costa Rica entera […] Es hora de reconocer en él ese liderazgo, lucha y amor por esta tierra. Es momento de reconocer a los Pueblos Indígenas como parte real e integral de Costa Rica”, señala la exposición de motivos.
Presbere, quien luchó por la libertad del pueblo costarricense cuando los españoles habían robado, violado y asesinado a millones de seres humanos en todo el continente americano, fue asesinado en la ciudad de Cartago el 4 de julio de 1710, hace 301 años.
La diputada Muñoz Quesada se sumó este martes –5 de julio– a la conmemoración del día nacional de la lucha libertaria del cacique Pablo Presbere, en la Asamblea Legislativa.
“Han pasado más de trescientos años desde el asesinato de Pablo Presbere. Queremos hacer justicia a su nombre, símbolo de la libertad nacional, declarándolo héroe nacional y benemérito de la patria”, señaló la diputada Muñoz Quesada.
Contacto: Diputada Carmen Muñoz Quesada (Cel. 8352-6849)
Fotos disponibles (Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa):
https://picasaweb.google.com/100777132781403871437/Pablo?authkey=Gv1sRgCIzVycCdjLGrWw&feat=email
Fotos disponibles (Comunicaciones PAC):
http://www.flickr.com/photos/partidoaccionciudadana
Recordatorio: Rendición de Cuentas del PAC
Invitación a los medios de comunicación:
Rendición de cuentas Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana.
Día: miércoles 6 de julio.
Hora:6pm
Lugar: Salón de Ex presidentes, Asamblea Legislativa.
martes, 5 de julio de 2011
Comunicado de Prensa Fracción PAC: PAC promueve comisión mixta para fortalecer la CCSS
Fracción Legislativa
Partido Acción Ciudadana
Lunes 4 de julio de 2011
Con diputados y representantes de la sociedad civil
PAC promueve comisión mixta para fortalecer la CCSS
El Partido Acción Ciudadana (PAC), por medio del despacho de la diputada Carmen Granados Fernández, promueve la creación de una comisión especial mixta, es decir, donde participe la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer el sistema nacional de salud y la seguridad social, cuyo pilar es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El Plenario Legislativo conocerá este jueves, tal y como lo acordaron los coordinadores de fracción durante su última reunión de trabajo, una moción de posposición para entrar a conocer la propuesta de la diputada Carmen Granados Fernández y sus compañeros.
La propuesta consiste en crear un órgano legislativo, con la participación de la sociedad civil, que proponga alternativas y soluciones viables a los problemas que enfrente el sistema nacional de salud, tomando en cuenta los diagnósticos y evaluaciones existentes.
De aprobarse su creación, la comisión –integrada por siete diputados y cuatro representantes de la sociedad civil– deberá promover audiencias públicas y foros de discusión, garantizando la mayor participación posible de los diversos sectores de la población.
“El país requiere con urgencia un análisis del funcionamiento de las instituciones del sistema, sus servicios y estructuras administrativas. Para conocer la moción se requiere primero alterar el orden del día y esperamos contar con el apoyo de las demás fracciones legislativas”, señaló la diputada Granados Fernández.
Contacto: Diputada Carmen Granados Fernández (Cel. 8703-6819)
Partido Acción Ciudadana
Lunes 4 de julio de 2011
Con diputados y representantes de la sociedad civil
PAC promueve comisión mixta para fortalecer la CCSS
El Partido Acción Ciudadana (PAC), por medio del despacho de la diputada Carmen Granados Fernández, promueve la creación de una comisión especial mixta, es decir, donde participe la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer el sistema nacional de salud y la seguridad social, cuyo pilar es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El Plenario Legislativo conocerá este jueves, tal y como lo acordaron los coordinadores de fracción durante su última reunión de trabajo, una moción de posposición para entrar a conocer la propuesta de la diputada Carmen Granados Fernández y sus compañeros.
La propuesta consiste en crear un órgano legislativo, con la participación de la sociedad civil, que proponga alternativas y soluciones viables a los problemas que enfrente el sistema nacional de salud, tomando en cuenta los diagnósticos y evaluaciones existentes.
De aprobarse su creación, la comisión –integrada por siete diputados y cuatro representantes de la sociedad civil– deberá promover audiencias públicas y foros de discusión, garantizando la mayor participación posible de los diversos sectores de la población.
“El país requiere con urgencia un análisis del funcionamiento de las instituciones del sistema, sus servicios y estructuras administrativas. Para conocer la moción se requiere primero alterar el orden del día y esperamos contar con el apoyo de las demás fracciones legislativas”, señaló la diputada Granados Fernández.
Contacto: Diputada Carmen Granados Fernández (Cel. 8703-6819)
Artículo en El Financiero: Inflación de primer semestre fue de 2,78%
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/julio/10/finanzas2833191.html
Inflación de primer semestre fue de 2,78%
04/07/2011 11:55 AM
Gabriela Mayorga López
La variación acumulada de los seis primeros meses del año (enero a junio 2011) del Índice General de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,78%, menor que la variación de este mismo período del año anterior .
Los datos revelados hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC ) revelan que el índice a junio se registró en 147,065, lo que representa una variación de 0,56% en relación con el índice del mes anterior (146,247).
Visto de forma interanual (julio 2010 a junio 2011) la variación es de 5,18% , también menor en 1,13 puntos porcentuales que la variación interanual de este mismo período del año anterior (6,31%). El comportamiento sugiere que la meta de inflación establecida por el Banco Central para el 2011 es viable.
El ente emisor en su Programa Macroeconómico 2011-2012, había establecido un rango meta de inflación de 4% a 6% para el presente año.
En los primeros seis meses del año, el mayor incremento en los precios se ha registrado en el rubro de transporte el cual de enero a junio a creció un 8,65% , seguido por el de educación que lo hizo en un 7,53% .
Inflación de primer semestre fue de 2,78%
04/07/2011 11:55 AM
Gabriela Mayorga López
La variación acumulada de los seis primeros meses del año (enero a junio 2011) del Índice General de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,78%, menor que la variación de este mismo período del año anterior .
Los datos revelados hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC ) revelan que el índice a junio se registró en 147,065, lo que representa una variación de 0,56% en relación con el índice del mes anterior (146,247).
Visto de forma interanual (julio 2010 a junio 2011) la variación es de 5,18% , también menor en 1,13 puntos porcentuales que la variación interanual de este mismo período del año anterior (6,31%). El comportamiento sugiere que la meta de inflación establecida por el Banco Central para el 2011 es viable.
El ente emisor en su Programa Macroeconómico 2011-2012, había establecido un rango meta de inflación de 4% a 6% para el presente año.
En los primeros seis meses del año, el mayor incremento en los precios se ha registrado en el rubro de transporte el cual de enero a junio a creció un 8,65% , seguido por el de educación que lo hizo en un 7,53% .
Llamado Urgente por el País comenta sobre las torres de telefonía celular
http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com/2011/07/torres-de-telefonia-celular-yerros.html
TORRES DE TELEFONIA CELULAR: YERROS SOBRE YERROS
Un claro ejemplo de improvisación que puede tener muy serias consecuencias para todos
El tema de la torres de telefonía celular, al igual que otros muchos en nuestro país, es un buen ejemplo de cómo no se deberían hacer las cosas. Son un buen ejemplo de improvisación y de cómo se intentan resolver las cosas “sobre la marcha”, donde los problemas de fondo, quedan subordinados por la inmediatez y la urgencia.
Es útil, repasar su historia, a ver si aprendemos, y corregimos, de una vez por todas, esta forma de actuar.
La historia comienza en el 2009, en medio de la recién aprobada apertura telefónica, cuando el ICE le consulta a la SETENA, cual debería ser el trámite de evaluación de impacto ambiental que deberían cumplir las torres de telefonía celular. La SETENA, en vez de convocar la Comisión Mixta y llamar a diversos sectores de la misma para que le recomendaran el procedimiento técnico a seguir, decidió definir, por si sola, el procedimiento.
De esta manera, en vez de mantener como requisito el formulario D1, le fijó como requisito el instrumento de EIA más sencillo, el denominado D2, que es el mismo que se solicita para proyectos de bajo impacto ambiental, como casas de habitación grandes. En este punto, es importante señalar que en dicho procedimiento, la SETENA no da una justificación legal y técnica para solicitar este instrumento, pese a que el mismo parece contradecir lo que señala el mismo Reglamento General de EIA. Tampoco realiza alguna consulta sobre el efecto que pueda tener en la salud humana la colocación de estas torres en zonas de alta densidad poblacional o cerca de escuelas o colegios. Una decisión tomada sin ningún sustento técnico que obedece a la premura, sin más.
Como parte del procedimiento, la SETENA, le pide a las empresas que justifiquen el sitio seleccionado para colocar la torre, pero no le pone ningún requisito técnico o ambiental al mismo. Se pierde así la oportunidad de resolver la situación, bien y desde el principio; pues los sitios de las torres quedan definidos por las empresas “torreras” a su conveniencia y no bajo un criterio técnico y ambiental!Además, le establece algunos anexos técnicos que no se le solicitan al D2, pero traslada el proceso de información a la comunidad cercana al sitio de la torre, para antes del inicio de la construcción, y no como parte del proceso de la toma de decisión de la viabilidad ambiental, tal y como la Ley Orgánica del Ambiente contempla. Otro requisito legal no cumplido! Eso, se hace en violación al derecho de información y participación ciudadana previo al otorgamiento del permiso ambiental, con lo cual se violentan principios de derecho ambiental básicos previstos incluso en varias declaraciones internacionales.
Debido a que el procedimiento que aplica la SETENA, es el D2, esta entidad no necesariamente tiene que hacer la inspección del sitio donde se propone la torre y tramita la viabilidad en un plazo de 10 días, con el agravante que dicha viabilidad no surge como una Resolución de la Comisión Plenaria, si no como un oficio firmado por el Secretario General de la SETENA. Nuevo yerro en el proceso!
En aproximadamente dos años, la SETENA, con ese particular procedimiento, otorga cerca de 2000 viabilidades ambientales a sendas torres de telefonía celular! Cuando, en un período anterior (2005-2008), solo se habían otorgado permisos para menos de 500 torres de telefonía celular. Cabe señalar que este Grupo y el Colegio de Biólogos advirtieron a los costarricenses sobre esta situación en julio del 2010 .
Mientras tanto, una federación de municipalidades, elabora, con apoyo de las empresas y de sectores interesados, un reglamento “machote” para facilitar el trabajo a las municipalidades para otorgar el uso del suelo conforme y el permiso de construcción de torres con un mínimo de 30 metros de altura.
Se establece, nuevamente sin que se fije un debido fundamento técnico, el área mínima en que se instala la torre (6 x 6 m) y un área de amortiguamiento de 3 metros para torres de esa altura. Con este lineamiento y otros que establece ese reglamento, acogido por algunas municipalidades, parece dejarse de lado lo que establece el plan regulador, cuando existe, o bien lo que establece el reglamento de construcciones sobre obras de altura y sobre la calificación de las torres como una actividad industrial; con lo cual se acumula un nuevo yerro en el proceso.
Además de eso, a principios del 2011, el Ministerio de Salud, algo a destiempo, y más bien por la reacciones de oposición que muestran algunas comunidades promueve un reglamento, adoptado de una norma internacional aceptada por no todos los países, para regular la exposición a campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, emitidos por sistemas inalámbricos con frecuencias de hasta 300 GHZ, que tiene el inconveniente que norma el tema, cuando los sitios de las torres han sido establecidos y ya tienen viabilidad ambiental. Con este proceder, el Ministerio de Salud parece ignorar los retiros que por ley se han adoptado, a modo preventivo, en varios países como Suiza, Chile, Alemania, Canadá, Australia, y que van hasta 400 metros a la redonda.
Además de esto el Ministerio deja ver la posibilidad de que hay dudas en el tema y deja abierto que en caso de que se den nuevos estudios, “el Ministerio de Salud actualizará los límites para campo electromagnético, establecidos en este reglamento, cuando la Organización Mundial de la Salud o la UIT demuestren que estos límites deben variar, para proteger la salud pública”. ¿Será que el Ministerio de Salud procederá a desplazar estas torres de su lugar cuando los estudios de la OMS demuestren con mayor certeza que existen posibles daños a la salud humana?
Por su parte, la SUTEL ha estado generando lineamientos sobre las torres, así como el mismo MINAET. Elementos que nuevamente tienen la característica de que se dan a “destiempo”, como reglas de juego algo tardías, cuando ya hay miles de viabilidades ambientales otorgadas, e incluso muchas torres ya construidas. A esto se suma el hecho de que se han planteado serias dudas sobre la potencia real de emisión de las antenas, que incluso no parece que estén cumplimiento el reglamento del Ministerio de Salud y los retiros mínimos. Una duda seria, que requiere ser aclarada.
Finalmente, como para ponerle la “cereza al pastel”, a este mar de regulaciones, normas, y lineamientos a “destiempo”, el Poder Ejecutivo crea una “supercomisión” liderada para el Vice – Ministro de Energía del MINAET, para que visite municipio por municipio y les explique que no hay que tener temor y que se debe agilizar el otorgamiento de permisos de construcción y de operación a las torres.
Como puede verse, el hecho de que desde el principio, cuando la SETENA fijó lineamientos, se hubiera dado una discusión técnica abierta y detallada, se hubieran fijado las reglas del juego, claras para todos; las cosas no hubieran evolucionado hasta la situación actual. Una situación verdaderamente imperdonable, debido a que ya existe mucha información y experiencia en el mundo sobre este tema. Pese a esto, muchos lotes han sido adquiridos, muchos contratos firmados, muchos gastos realizados, muchas dudas todavía persisten y ahora hay fechas y plazos que rigen, con multas incluidas. En síntesis, un desorden que nadie sabe cómo resolver, salvo señalar que “todo se ha hecho bien” que “no hay de qué preocuparse”.
Debido a que el problema ha crecido de tamaño, en vez de resolverse, su solución ya no parece que sea integral, con reglamentos o sin ellos; pues serán las comunidades y los vecinos quienes, en definitiva, en medio de todo ese caos de normas improvisadas y de incumplimientos legales, técnicos y ambientales, los que deberán cuestionar y tomar las acciones legales y técnicas del caso, para resolver, una a una, la situación de las torres que les quieran colocar en su vecindad.
En definitiva, otro claro ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas.
Parece que para nuestras autoridades, esto se está haciendo costumbre!
TORRES DE TELEFONIA CELULAR: YERROS SOBRE YERROS
Un claro ejemplo de improvisación que puede tener muy serias consecuencias para todos
El tema de la torres de telefonía celular, al igual que otros muchos en nuestro país, es un buen ejemplo de cómo no se deberían hacer las cosas. Son un buen ejemplo de improvisación y de cómo se intentan resolver las cosas “sobre la marcha”, donde los problemas de fondo, quedan subordinados por la inmediatez y la urgencia.
Es útil, repasar su historia, a ver si aprendemos, y corregimos, de una vez por todas, esta forma de actuar.
La historia comienza en el 2009, en medio de la recién aprobada apertura telefónica, cuando el ICE le consulta a la SETENA, cual debería ser el trámite de evaluación de impacto ambiental que deberían cumplir las torres de telefonía celular. La SETENA, en vez de convocar la Comisión Mixta y llamar a diversos sectores de la misma para que le recomendaran el procedimiento técnico a seguir, decidió definir, por si sola, el procedimiento.
De esta manera, en vez de mantener como requisito el formulario D1, le fijó como requisito el instrumento de EIA más sencillo, el denominado D2, que es el mismo que se solicita para proyectos de bajo impacto ambiental, como casas de habitación grandes. En este punto, es importante señalar que en dicho procedimiento, la SETENA no da una justificación legal y técnica para solicitar este instrumento, pese a que el mismo parece contradecir lo que señala el mismo Reglamento General de EIA. Tampoco realiza alguna consulta sobre el efecto que pueda tener en la salud humana la colocación de estas torres en zonas de alta densidad poblacional o cerca de escuelas o colegios. Una decisión tomada sin ningún sustento técnico que obedece a la premura, sin más.
Como parte del procedimiento, la SETENA, le pide a las empresas que justifiquen el sitio seleccionado para colocar la torre, pero no le pone ningún requisito técnico o ambiental al mismo. Se pierde así la oportunidad de resolver la situación, bien y desde el principio; pues los sitios de las torres quedan definidos por las empresas “torreras” a su conveniencia y no bajo un criterio técnico y ambiental!Además, le establece algunos anexos técnicos que no se le solicitan al D2, pero traslada el proceso de información a la comunidad cercana al sitio de la torre, para antes del inicio de la construcción, y no como parte del proceso de la toma de decisión de la viabilidad ambiental, tal y como la Ley Orgánica del Ambiente contempla. Otro requisito legal no cumplido! Eso, se hace en violación al derecho de información y participación ciudadana previo al otorgamiento del permiso ambiental, con lo cual se violentan principios de derecho ambiental básicos previstos incluso en varias declaraciones internacionales.
Debido a que el procedimiento que aplica la SETENA, es el D2, esta entidad no necesariamente tiene que hacer la inspección del sitio donde se propone la torre y tramita la viabilidad en un plazo de 10 días, con el agravante que dicha viabilidad no surge como una Resolución de la Comisión Plenaria, si no como un oficio firmado por el Secretario General de la SETENA. Nuevo yerro en el proceso!
En aproximadamente dos años, la SETENA, con ese particular procedimiento, otorga cerca de 2000 viabilidades ambientales a sendas torres de telefonía celular! Cuando, en un período anterior (2005-2008), solo se habían otorgado permisos para menos de 500 torres de telefonía celular. Cabe señalar que este Grupo y el Colegio de Biólogos advirtieron a los costarricenses sobre esta situación en julio del 2010 .
Mientras tanto, una federación de municipalidades, elabora, con apoyo de las empresas y de sectores interesados, un reglamento “machote” para facilitar el trabajo a las municipalidades para otorgar el uso del suelo conforme y el permiso de construcción de torres con un mínimo de 30 metros de altura.
Se establece, nuevamente sin que se fije un debido fundamento técnico, el área mínima en que se instala la torre (6 x 6 m) y un área de amortiguamiento de 3 metros para torres de esa altura. Con este lineamiento y otros que establece ese reglamento, acogido por algunas municipalidades, parece dejarse de lado lo que establece el plan regulador, cuando existe, o bien lo que establece el reglamento de construcciones sobre obras de altura y sobre la calificación de las torres como una actividad industrial; con lo cual se acumula un nuevo yerro en el proceso.
Además de eso, a principios del 2011, el Ministerio de Salud, algo a destiempo, y más bien por la reacciones de oposición que muestran algunas comunidades promueve un reglamento, adoptado de una norma internacional aceptada por no todos los países, para regular la exposición a campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, emitidos por sistemas inalámbricos con frecuencias de hasta 300 GHZ, que tiene el inconveniente que norma el tema, cuando los sitios de las torres han sido establecidos y ya tienen viabilidad ambiental. Con este proceder, el Ministerio de Salud parece ignorar los retiros que por ley se han adoptado, a modo preventivo, en varios países como Suiza, Chile, Alemania, Canadá, Australia, y que van hasta 400 metros a la redonda.
Además de esto el Ministerio deja ver la posibilidad de que hay dudas en el tema y deja abierto que en caso de que se den nuevos estudios, “el Ministerio de Salud actualizará los límites para campo electromagnético, establecidos en este reglamento, cuando la Organización Mundial de la Salud o la UIT demuestren que estos límites deben variar, para proteger la salud pública”. ¿Será que el Ministerio de Salud procederá a desplazar estas torres de su lugar cuando los estudios de la OMS demuestren con mayor certeza que existen posibles daños a la salud humana?
Por su parte, la SUTEL ha estado generando lineamientos sobre las torres, así como el mismo MINAET. Elementos que nuevamente tienen la característica de que se dan a “destiempo”, como reglas de juego algo tardías, cuando ya hay miles de viabilidades ambientales otorgadas, e incluso muchas torres ya construidas. A esto se suma el hecho de que se han planteado serias dudas sobre la potencia real de emisión de las antenas, que incluso no parece que estén cumplimiento el reglamento del Ministerio de Salud y los retiros mínimos. Una duda seria, que requiere ser aclarada.
Finalmente, como para ponerle la “cereza al pastel”, a este mar de regulaciones, normas, y lineamientos a “destiempo”, el Poder Ejecutivo crea una “supercomisión” liderada para el Vice – Ministro de Energía del MINAET, para que visite municipio por municipio y les explique que no hay que tener temor y que se debe agilizar el otorgamiento de permisos de construcción y de operación a las torres.
Como puede verse, el hecho de que desde el principio, cuando la SETENA fijó lineamientos, se hubiera dado una discusión técnica abierta y detallada, se hubieran fijado las reglas del juego, claras para todos; las cosas no hubieran evolucionado hasta la situación actual. Una situación verdaderamente imperdonable, debido a que ya existe mucha información y experiencia en el mundo sobre este tema. Pese a esto, muchos lotes han sido adquiridos, muchos contratos firmados, muchos gastos realizados, muchas dudas todavía persisten y ahora hay fechas y plazos que rigen, con multas incluidas. En síntesis, un desorden que nadie sabe cómo resolver, salvo señalar que “todo se ha hecho bien” que “no hay de qué preocuparse”.
Debido a que el problema ha crecido de tamaño, en vez de resolverse, su solución ya no parece que sea integral, con reglamentos o sin ellos; pues serán las comunidades y los vecinos quienes, en definitiva, en medio de todo ese caos de normas improvisadas y de incumplimientos legales, técnicos y ambientales, los que deberán cuestionar y tomar las acciones legales y técnicas del caso, para resolver, una a una, la situación de las torres que les quieran colocar en su vecindad.
En definitiva, otro claro ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas.
Parece que para nuestras autoridades, esto se está haciendo costumbre!
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