Minera en silencio, mientras comisión en el Congreso cuestiona reinicio de operaciones
Más de 50 organizaciones ambientales, profesionales de todas las ramas y representaciones políticas y sociales, afinan la oposición a la reapertura de la Mina Bellavista.
Además de cuestionar lo ocurrido en el sitio de explotación, en Miramar de Puntarenas en octubre de 2007, los opositores tienen como meta hacer públicos los nexos políticos que permitieron que los daños ambientales pasaran inadvertidos.
Como primer paso, el 28 de abril comparecería ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, el director de Geología y Minas, y no se descarta llamar a representantes de otras instancias que deberían haber exigido más a la empresa responsable.
Al igual que en pasadas oportunidades, se intentó conocer la posición de la minera Metales Procesados, pero indicó que el único autorizado para referirse se encontraba fuera del país.
“Nos parece irresponsable que sin ninguna rendición de cuentas sobre la catástrofe ocurrida en el pasado, se solicite un nuevo permiso para explotar. Tanto Geología y Minas como el Tribunal Ambiental para comenzar debieron tener un papel más activo en el proceso de exigir cuentas a la empresa, por eso los vamos a cuestionar”, sostuvo José María Villalta, diputado del Frente Amplio, quien forma parte de la coalición ambientalista.
A la coalición opositora, en la que destacan los frentes “Ni una sola mina” y “Llamado urgente por Costa Rica”, se suman grupos sociales que ya han sido activados.
Las baterías de la oposición al proyecto minero apuntan específicamente al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al propio Tribunal Ambiental Administrativo, al que se le achacan responsabilidades por no haber sido exhaustivo en una investigación que valorara los daños ocasionados al ambiente.
“Es extraño que el Tribunal Ambiental no haya actuado como en otras oportunidades, pues la ley lo faculta a exigir explicaciones ante cosas como esa. Bien se recuerdan casos como el de los cobros que se establecieron contra la
Cooperativa Dos Pinos, cuando contaminó el río Siquiares”, infirió Freddy Pacheco, experto en impacto ambiental.
A la iniciativa ambiental, se suma la posición de las autoridades del Cantón de Montes de Oro, que ya han externado su oposición a que el proyecto minero se reactive, bajo el mismo esquema que se utilizó en 2007.
“Lo que más nos interesa es que cualquier proyecto que plantee desarrollo en el cantón, garantice las condiciones de seguridad ambiental y de operación. Bajo el esquema viejo, mientras yo sea alcalde no va a extenderse un permiso más a esa minera”, sostuvo Alvaro Jiménez, alcalde de Montes de Oro.
Sobre los señalamientos que hacen los sectores ambientalistas, al propio Tribunal Ambiental, se intentó conversar con los jueces, pero al cierre de esta edición no fue posible que se refirieran.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net
Fuente: La República, 5 de abril de 2011
