Luis Carlos Araya Monge tiene relaciones con empresas de aviación a las que tendría que fiscalizar
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó sendas denuncias, ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética, contra Luis Carlos Araya Monge, actual Vice Ministro de Transporte Aéreo y Marítimo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por incumplir la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Además, el diputado solicitó a la Presidenta Laura Chinchilla destituir de ese cargo al funcionario.
Araya Monge es el jerarca responsable de todo el transporte aéreo nacional desde el 23 de agosto de 2010, pues la Presidenta de la República y el Ministro de Obras Públicas y Transportes modificaron la integración del Consejo Técnico de Aviación Civil, designando al señor Araya Monge como representante del Ministro y designándolo Presidente de ese Consejo. Sin embargo, Araya Monge tiene vínculos con varias empresas relacionadas con la aviación nacional, lo cual está prohibido por la Ley General de Aviación Civil.
El artículo 6, de la Ley General de Aviación Civil, expresamente señala que “los miembros del Consejo no podrán ser socios, gerentes, o directores o representantes comerciales de ninguna empresa mercantil de aviación”, sin embargo Araya Monge aparece como fiscal en Aerovías Noventa y Cinco SA, y tesorero en Helicosta SA y Aerocombustibles de Costa Rica SA
El diputado del Partido Frente Amplio señaló que “la conducta del señor Araya Monge parece atentar contra el deber de probidad, el cual se encuentra regulado en el Artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”.
“No es posible que jerarcas de la administración pública sean nombrados en cargos para los cuales o no cuentan con los atestados necesarios o tienen incompatibilidades por las cuales no pueden ocupar esos cargos. Esto impide la buena y sana gestión pública. El señor Vice Ministro debe renunciar a su cargo de forma inmediata,” dijo el Diputado Villalta.
Edición: Lic. Marcos Chinchilla Montes
Tomado de: Rupturas
martes, 30 de noviembre de 2010
Fiscalía seguirá causa contra Oscar Arias Sánchez
Fuente: Sandra Cordero G. en diarioextra.com
El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, confirma que investigan la denuncia en contra del ex presidente Óscar Arias y Roberto Dobles, ex ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, por los permisos concedidos a la concesionaria de la mina Crucitas, que presentará un recurso de casación el 18 de enero de 2011.
Chavarría indicó que la investigación del Tribunal Contencioso
Administrativo puede aportar al Ministerio Público información, documentos y testimonios que de momento se desconocen.
“Se investiga para acusar, no se acusa para investigar”, esta frase utilizó Chavarría para indicar que de momento el Ministerio Público no tiene pensado llamar a Dobles ni a Arias a declarar, por el momento se investigará y después se llamará a declarar a los implicados.
Cabe recordar que el delito de prevaricato se puede penar hasta con 6 años
de cárcel.
Al cierre de edición de DIARIO EXTRA, el ex presidente Arias no se había
referido al tema.
RODRIGO POR FACEBOOK
Rodrigo Arias, ex ministro de la Presidencia y hermano de Óscar Arias, se
refirió al fallo del Tribunal Contencioso Administrativo por medio de su
página en Facebook, en el cual afirma que como ciudadano respetuoso del
Estado de derecho cree en el papel del Poder Judicial como garante de la
legalidad y en el valor y significado del fallo de los jueces, por lo cual
se mostrará igual de respetuoso como cuando se dio el fallo de los
magistrados de la Sala Constitucional, en abril de 2010.
Arias manifestó que “ahora lo prudente es esperar el texto completo de la
sentencia anunciada, así como las eventuales instancias de revisión ante los
órganos superiores, que podrían llevar el conocimiento del caso a la Sala
Primera de la Corte Suprema de Justicia, la que definiría en definitiva la
divergencia de criterios entre los fallos emitidos por la Sala Constitucional y un tribunal ordinario”.
INFINITO NO DESPEDIRÁ A NADIE
A pesar del fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, la junta de la
empresa Industrias Infinito S.A. se reunió el miércoles y aprobó un
presupuesto extraordinario para los próximos tres años para el pago de sus
empleados, por lo que no se despedirá a nadie, a pesar del fallo.
Además le dio un voto de apoyo al grupo de abogados que hasta el momento ha
llevado el caso y seguirá representando a Industrias Infinito.
Ante el fallo DIARIO EXTRA conversó con Juan Carlos Obando, gerente de
Relaciones Corporativas y Comunicación de Industrias Infinito, quien indicó que se mantiene la posición de demandar por injurias, calumnias y difamación a las personas que hicieron aseveraciones falsas acerca de la empresa.
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El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, confirma que investigan la denuncia en contra del ex presidente Óscar Arias y Roberto Dobles, ex ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, por los permisos concedidos a la concesionaria de la mina Crucitas, que presentará un recurso de casación el 18 de enero de 2011.
Chavarría indicó que la investigación del Tribunal Contencioso
Administrativo puede aportar al Ministerio Público información, documentos y testimonios que de momento se desconocen.
“Se investiga para acusar, no se acusa para investigar”, esta frase utilizó Chavarría para indicar que de momento el Ministerio Público no tiene pensado llamar a Dobles ni a Arias a declarar, por el momento se investigará y después se llamará a declarar a los implicados.
Cabe recordar que el delito de prevaricato se puede penar hasta con 6 años
de cárcel.
Al cierre de edición de DIARIO EXTRA, el ex presidente Arias no se había
referido al tema.
RODRIGO POR FACEBOOK
Rodrigo Arias, ex ministro de la Presidencia y hermano de Óscar Arias, se
refirió al fallo del Tribunal Contencioso Administrativo por medio de su
página en Facebook, en el cual afirma que como ciudadano respetuoso del
Estado de derecho cree en el papel del Poder Judicial como garante de la
legalidad y en el valor y significado del fallo de los jueces, por lo cual
se mostrará igual de respetuoso como cuando se dio el fallo de los
magistrados de la Sala Constitucional, en abril de 2010.
Arias manifestó que “ahora lo prudente es esperar el texto completo de la
sentencia anunciada, así como las eventuales instancias de revisión ante los
órganos superiores, que podrían llevar el conocimiento del caso a la Sala
Primera de la Corte Suprema de Justicia, la que definiría en definitiva la
divergencia de criterios entre los fallos emitidos por la Sala Constitucional y un tribunal ordinario”.
INFINITO NO DESPEDIRÁ A NADIE
A pesar del fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, la junta de la
empresa Industrias Infinito S.A. se reunió el miércoles y aprobó un
presupuesto extraordinario para los próximos tres años para el pago de sus
empleados, por lo que no se despedirá a nadie, a pesar del fallo.
Además le dio un voto de apoyo al grupo de abogados que hasta el momento ha
llevado el caso y seguirá representando a Industrias Infinito.
Ante el fallo DIARIO EXTRA conversó con Juan Carlos Obando, gerente de
Relaciones Corporativas y Comunicación de Industrias Infinito, quien indicó que se mantiene la posición de demandar por injurias, calumnias y difamación a las personas que hicieron aseveraciones falsas acerca de la empresa.
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UN MENSAJE A LA CONCIENCIA "VIVIR DE PRESTADO"
27 nov 10
*VIVIR DE PRESTADO* por el Hermano Pablo
Durante dos años y medio se dio la gran vida. Compró ropa fina en la tienda
Harrod's de Londres, una de las más caras del mundo. Cuando voló en avión,
lo hizo siempre en primera clase. Visitó todos los lugares turísticos de
Europa. Se alojó sólo en hoteles de cinco estrellas y pagó fiestas suntuosas
para todos sus amigos.
Sin embargo, a los dos años se le acabó de golpe esa gran vida. Mark Aklon,
de dieciocho años de edad, tuvo que rendir cuentas a la justicia por haber
hurtado la tarjeta de crédito de su padre, un millonario inglés. Debía a la
tarjeta nada menos que setecientos cincuenta mil dólares. Locamente había
«vivido de prestado».
Desgraciadamente, el caso de este joven inglés no es único. Tuvo la suerte,
o la desgracia, de ser hijo de un padre muy rico y de llevar su mismo
nombre. Durante más de dos años vivió a lo rico con amigos y amigas,
paseando por casi toda Europa. Hasta que un día todo se le acabó. La tarjeta
fue cancelada.
«Vivir de prestado» significa vivir usando algo a lo cual no tenemos
derecho. Significa vivir con lo que no nos hemos ganado con nuestro propio
esfuerzo o por nuestros propios méritos. Un hombre al cual se le hizo un
trasplante de corazón, y vivió ocho años más, dijo: «Estoy viviendo de
prestado», y tenía razón. Esos ocho años extras de su vida fueron un
préstamo.
La humanidad entera está viviendo de prestado. Vive a crédito. La vida que
todos recibimos al nacer no es realmente una vida propia. No somos nosotros
mismos autores de ella. Es una vida prestada, que Dios nos presta a cada
uno, dándonos con ella voluntad propia. Podemos usarla obedeciendo las leyes
divinas u obedeciendo antojos egoístas.
La salud, la inteligencia, la capacidad de trabajo, los días de nuestra
vida, todo eso no es realmente nuestro. Es algo que nuestro Creador nos ha
prestado, como quien invierte capital en una empresa y espera recibir
créditos de la inversión.
Esa es la vida nuestra. Llegará el día cuando nuestro tiempo se acabará y
Dios reclamará lo que es suyo. En ese día tendremos que devolver el aliento
que Él nos dio. Por eso es importantísimo que ahora, en vida, nos
preguntemos: ¿Qué le presentaré entonces a Dios? ¿Una vida pecaminosa,
destrozada, contaminada e inútil, o una vida recta, decente, honesta y
limpia?
En humilde contrición, digámosle a Cristo que aceptamos su muerte en el
Calvario en sustitución por nuestros pecados. Él entonces nos presentará
ante su Padre en calidad de personas regeneradas por su sangre preciosa. Esa
es la vida que Dios aceptará.
www.conciencia.net
*VIVIR DE PRESTADO* por el Hermano Pablo
Durante dos años y medio se dio la gran vida. Compró ropa fina en la tienda
Harrod's de Londres, una de las más caras del mundo. Cuando voló en avión,
lo hizo siempre en primera clase. Visitó todos los lugares turísticos de
Europa. Se alojó sólo en hoteles de cinco estrellas y pagó fiestas suntuosas
para todos sus amigos.
Sin embargo, a los dos años se le acabó de golpe esa gran vida. Mark Aklon,
de dieciocho años de edad, tuvo que rendir cuentas a la justicia por haber
hurtado la tarjeta de crédito de su padre, un millonario inglés. Debía a la
tarjeta nada menos que setecientos cincuenta mil dólares. Locamente había
«vivido de prestado».
Desgraciadamente, el caso de este joven inglés no es único. Tuvo la suerte,
o la desgracia, de ser hijo de un padre muy rico y de llevar su mismo
nombre. Durante más de dos años vivió a lo rico con amigos y amigas,
paseando por casi toda Europa. Hasta que un día todo se le acabó. La tarjeta
fue cancelada.
«Vivir de prestado» significa vivir usando algo a lo cual no tenemos
derecho. Significa vivir con lo que no nos hemos ganado con nuestro propio
esfuerzo o por nuestros propios méritos. Un hombre al cual se le hizo un
trasplante de corazón, y vivió ocho años más, dijo: «Estoy viviendo de
prestado», y tenía razón. Esos ocho años extras de su vida fueron un
préstamo.
La humanidad entera está viviendo de prestado. Vive a crédito. La vida que
todos recibimos al nacer no es realmente una vida propia. No somos nosotros
mismos autores de ella. Es una vida prestada, que Dios nos presta a cada
uno, dándonos con ella voluntad propia. Podemos usarla obedeciendo las leyes
divinas u obedeciendo antojos egoístas.
La salud, la inteligencia, la capacidad de trabajo, los días de nuestra
vida, todo eso no es realmente nuestro. Es algo que nuestro Creador nos ha
prestado, como quien invierte capital en una empresa y espera recibir
créditos de la inversión.
Esa es la vida nuestra. Llegará el día cuando nuestro tiempo se acabará y
Dios reclamará lo que es suyo. En ese día tendremos que devolver el aliento
que Él nos dio. Por eso es importantísimo que ahora, en vida, nos
preguntemos: ¿Qué le presentaré entonces a Dios? ¿Una vida pecaminosa,
destrozada, contaminada e inútil, o una vida recta, decente, honesta y
limpia?
En humilde contrición, digámosle a Cristo que aceptamos su muerte en el
Calvario en sustitución por nuestros pecados. Él entonces nos presentará
ante su Padre en calidad de personas regeneradas por su sangre preciosa. Esa
es la vida que Dios aceptará.
www.conciencia.net
UNA NEVA VERGONSOZA TRAICION DE LA ONU POR PETER HALLWARD
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Casi todos han llegado a aceptar que las Naciones Unidas llevaron el cólera
a Haití el mes pasado. La evidencia es abrumadora y numerosos expertos
(incluido el jefe del departamento de microbiología de la Universidad
Harvard, el especialista en el cólera John Mekalanos) se decidieron al
respecto hace varias semanas.
La pobreza y la falta de una infraestructura rudimentaria lleva a gran parte de la población de Haití a beber agua no tratada, pero no ha habido cólera en el país durante decenios. Los haitianos no tienen experiencia con la enfermedad –y por lo tanto poca resistencia a ella. Todas las muestras bacterianas tomadas de pacientes haitianos son idénticas y corresponden a una variedad endémica en Asia meridional. El cólera estalló en Nepal durante el verano, y a mediados de octubre un nuevo destacamento de tropas nepalesas de la ONU llegó a la base haitiana de Mirebalais, cerca del rio Artibonite.
Pocos días después, los haitianos que viven río abajo de la base comenzaron
a enfermarse y la enfermedad se propagó rápidamente por toda la región. El
27 de octubre, unos periodistas visitaron Mirebalais y encontraron evidencia de que los residuos sin depurar de las letrinas de la ONU se vertían directamente a un subafluente del Artibonite.
A principios de noviembre, Mekalanos no pudo “evitar de ninguna manera la
conclusión de que ocurrió una infortunada y presumible introducción
accidental del organismo” causada por las tropas de la ONU. Mekalanos y
otros también refutan las afirmaciones de la ONU de que la identificación de la fuente debería constituir una baja prioridad de la salud pública.
Es probable que como resultado de la negligencia de la ONU ya hayan muerto
más de 1.200 personas y 20.000 estén infectadas, y la cantidad seguramente
aumentará rápidamente en las próximas semanas. Lo mismo sucederá con la
cantidad y la intensidad de las protestas populares contra la última de una
serie de crímenes y desventuras de la ONU en Haití en los últimos años, que
incluyen numerosas muertes y cientos de presuntas violaciones.
Sin embargo, en lugar de examinar su papel en la epidemia, la misión de la
ONU ha optado por la negativa y la ofuscación. Los funcionarios de la ONU se han negado a examinar a los soldados nepaleses en relación con la enfermedad o a realizar una investigación pública de los orígenes del estallido. En lugar de encarar las preocupaciones de una población indignada, la agencia ha preferido calificar la nueva ola de protestas de un intento “políticamente motivado” de desestabilizar el país en el período previo a las elecciones presidenciales del 28 de noviembre. Han reprimido a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas; hasta ahora han muerto por lo menos tres.
En realidad esto es normal. La verdad es que toda la misión de la ONU en
Haití se basa en una mentira violenta y descarada. Dice que está en Haití
para apoyar la democracia y el Estado de derecho, pero su único logro ha
sido ayudar a transferir el poder de un pueblo soberano a un ejército que no rinde cuentas a nadie.
Para comprenderlo se requiere algo de conocimiento histórico. El problema
político de base en Haití, desde los tiempos coloniales, pasando por los
poscoloniales y los neocoloniales, ha sido muy parecido: ¿cómo puede una
pequeñísima y precaria clase gobernante asegurar su propiedad y sus
privilegios frente a la miseria y el resentimiento masivos? Las elites
haitianas deben sus privilegios a la exclusión, la explotación y la
violencia, y sólo el control casi monopolista del poder violento les permite retenerlos. Este monopolio fue ampliamente garantizado por las dictaduras de Duvalier respaldadas por EE.UU. hasta mediados de los años ochenta, y luego de un modo algo menos amplio por las dictaduras militares que las sucedieron (1986-1990). Pero la movilización de Lavalas por la democracia, que comenzó en los años ochenta, amenazó ese monopolio y con él esos privilegios. Ante una situación semejante, sólo se puede confiar en un ejército para garantizar la seguridad del *statu quo*.
Las fuerzas armadas incompetentes y crueles de Haití, establecidas como
delegadas del poder de EE.UU., dominaron el país durante la mayor parte del
Siglo XX. Después de sobrevivir a un brutal golpe militar en 1991, el
primer gobierno democráticamente elegido de Haití –dirigido por el
presidente Jean-Bertrand Aristide– terminó por desmovilizar ese odiado
ejército en 1995; la gran mayoría de sus compatriotas celebraron la ocasión.
El abogado Brian Concannon lo recuerda como “el avance más importante de los derechos humanos desde que se Haití se emancipó de Francia”. En el año 2000, Aristide fue reelegido y su partido Fanmi Lavalas obtuvo una victoria
abrumadora. Esa reelección ofreció la perspectiva, por primera vez en la
historia haitiana moderna, de un genuino cambio político en una situación en la que no existía un mecanismo extrapolítico obvio –sin ejército– para
impedirlo.
La ínfima elite haitiana y sus aliados de EE.UU., Francia y Canadá se vieron amenazados por la perspectiva del empoderamiento popular, y tomaron medidas cuidadosamente planificadas para debilitar el gobierno de Lavalas.
En febrero de 2004, el segundo gobierno de Aristide fue derrocado por otro
desastroso golpe perpetrado por EE.UU. y sus aliados con apoyo de ex
soldados haitianos y dirigentes derechistas de la comunidad empresarial
haitiana. Se impuso un gobierno títere de EE.UU. para reemplazar a Aristide, en medio de salvajes represalias contra partidarios de Lavalas. Ya que no existía un ejército interior para garantizar la “seguridad”, se envió una “fuerza de estabilización” de la ONU a pedido de EE.UU. y Francia.
Desde entonces la ONU ha suministrado ese sustituto del ejército. A pedido
de EE.UU. y sus aliados llegó a Haití en junio de 2004. Compuesto por tropas y policías procedentes de países de todo el mundo gasta casi el doble del presupuesto de Aristide previo al golpe. Su misión principal, en efecto, ha sido pacificar al pueblo haitiano y obligarle a aceptar el golpe y el final de su intento de establecer un auténtico gobierno democrático. Es probable que pocos haitianos olviden lo que la ONU ha hecho para lograrlo. Entre 2004 y 2006 participó en una campaña de represión que mató a más de mil partidarios de Lavalas. Sitió el vecindario pobre de Cité Soleil favorable a Aristide en 2005 y 2006, y después limitó o dispersó protestas populares por temas que iban desde la persecución política y la privatización a los salarios y precios de los alimentos. En los últimos meses la ONU también ha reprimido la creciente protesta en la capital, a favor de la mejora de las intolerables condiciones en las que todavía viven cerca de 1,3 millones de
personas que se quedaron en la calle tras el terremoto de enero.
Actualmente, con o sin cólera, la prioridad de la ONU es garantizar que las
elecciones de la próxima semana tengan lugar tal como se han planificado.
Para la elite de Haití y sus aliados internacionales, estas elecciones
ofrecen una oportunidad sin precedentes para enterrar el proyecto de Lavalas de una vez por todas.
El programa político asociado con Lavalas y Aristide sigue siendo abrumadoramente popular. Después de seis años de represión y luchas
intestinas, sin embargo, la dirigencia política de este movimiento popular
está más dividida y desorganizada que nunca. El propio Fanmi Lavalas ha sido simplemente excluido de la participación en la elección (sin que haya habido un murmullo de protesta internacional), y desde su exilio involuntario en Sudáfrica, Aristide ha condenado la votación como ilegítima. Muchos, si no todos, los partidarios del partido apoyarán probablemente su enérgico llamado al boicot de esta última mascarada, como hicieron en la primavera de 2009 cuando la participación en las elecciones al Senado fue de menos de un 10%. Esta vez, sin embargo, media docena de políticos asociados con Lavalas han preferido participar como candidatos en su propio nombre. Probablemente dividirán la votación. El pueblo de Haití será privado de lo que ha sido durante mucho tiempo su arma política más poderosa –su capacidad de ganar elecciones auténticas.
Ya que es casi seguro que no tendrá un impacto político significativo y es
probable que esta elección logre el resultado que se espera: reforzar la
“seguridad” (y la desigualdad) del *statu quo*, junto con las numerosas
oportunidades lucrativas que un Haití adecuadamente asegurado después del
desastre sigue ofreciendo a inversionistas internacionales y su elite
empresarial. “Será una elección para nada”, dice el veterano activista
Patrick Elie. Adecuadamente manejada, incluso podría suministrar una
oportunidad para que candidatos derechistas como Charles Baker impulsen el
objetivo que ha estado desde hace tiempo muy arriba en su programa: la
restauración, con la acostumbrada “supervisión internacional”, de la rama
haitiana del ejército imperial.
Y si llega a suceder, cuando la ONU llegue a abandonar Haití, su partida
sólo representará la transición de una fuerza ocupante a otra, otro salto
atrás después de decenios de sacrificio popular y esfuerzo político.
Mientras tanto, sin embargo, parece que las Naciones Unidas tendrán pronto
más oportunidades que nunca de cumplir su misión en Haití.
(Publicado en *The Guardian*, 23 de noviembre de 2010
*Fuente: **http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22108*
--
“El problema no es la desobediencia civil, sino la obediencia civil”.
Howard Zinn
Casi todos han llegado a aceptar que las Naciones Unidas llevaron el cólera
a Haití el mes pasado. La evidencia es abrumadora y numerosos expertos
(incluido el jefe del departamento de microbiología de la Universidad
Harvard, el especialista en el cólera John Mekalanos) se decidieron al
respecto hace varias semanas.
La pobreza y la falta de una infraestructura rudimentaria lleva a gran parte de la población de Haití a beber agua no tratada, pero no ha habido cólera en el país durante decenios. Los haitianos no tienen experiencia con la enfermedad –y por lo tanto poca resistencia a ella. Todas las muestras bacterianas tomadas de pacientes haitianos son idénticas y corresponden a una variedad endémica en Asia meridional. El cólera estalló en Nepal durante el verano, y a mediados de octubre un nuevo destacamento de tropas nepalesas de la ONU llegó a la base haitiana de Mirebalais, cerca del rio Artibonite.
Pocos días después, los haitianos que viven río abajo de la base comenzaron
a enfermarse y la enfermedad se propagó rápidamente por toda la región. El
27 de octubre, unos periodistas visitaron Mirebalais y encontraron evidencia de que los residuos sin depurar de las letrinas de la ONU se vertían directamente a un subafluente del Artibonite.
A principios de noviembre, Mekalanos no pudo “evitar de ninguna manera la
conclusión de que ocurrió una infortunada y presumible introducción
accidental del organismo” causada por las tropas de la ONU. Mekalanos y
otros también refutan las afirmaciones de la ONU de que la identificación de la fuente debería constituir una baja prioridad de la salud pública.
Es probable que como resultado de la negligencia de la ONU ya hayan muerto
más de 1.200 personas y 20.000 estén infectadas, y la cantidad seguramente
aumentará rápidamente en las próximas semanas. Lo mismo sucederá con la
cantidad y la intensidad de las protestas populares contra la última de una
serie de crímenes y desventuras de la ONU en Haití en los últimos años, que
incluyen numerosas muertes y cientos de presuntas violaciones.
Sin embargo, en lugar de examinar su papel en la epidemia, la misión de la
ONU ha optado por la negativa y la ofuscación. Los funcionarios de la ONU se han negado a examinar a los soldados nepaleses en relación con la enfermedad o a realizar una investigación pública de los orígenes del estallido. En lugar de encarar las preocupaciones de una población indignada, la agencia ha preferido calificar la nueva ola de protestas de un intento “políticamente motivado” de desestabilizar el país en el período previo a las elecciones presidenciales del 28 de noviembre. Han reprimido a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas; hasta ahora han muerto por lo menos tres.
En realidad esto es normal. La verdad es que toda la misión de la ONU en
Haití se basa en una mentira violenta y descarada. Dice que está en Haití
para apoyar la democracia y el Estado de derecho, pero su único logro ha
sido ayudar a transferir el poder de un pueblo soberano a un ejército que no rinde cuentas a nadie.
Para comprenderlo se requiere algo de conocimiento histórico. El problema
político de base en Haití, desde los tiempos coloniales, pasando por los
poscoloniales y los neocoloniales, ha sido muy parecido: ¿cómo puede una
pequeñísima y precaria clase gobernante asegurar su propiedad y sus
privilegios frente a la miseria y el resentimiento masivos? Las elites
haitianas deben sus privilegios a la exclusión, la explotación y la
violencia, y sólo el control casi monopolista del poder violento les permite retenerlos. Este monopolio fue ampliamente garantizado por las dictaduras de Duvalier respaldadas por EE.UU. hasta mediados de los años ochenta, y luego de un modo algo menos amplio por las dictaduras militares que las sucedieron (1986-1990). Pero la movilización de Lavalas por la democracia, que comenzó en los años ochenta, amenazó ese monopolio y con él esos privilegios. Ante una situación semejante, sólo se puede confiar en un ejército para garantizar la seguridad del *statu quo*.
Las fuerzas armadas incompetentes y crueles de Haití, establecidas como
delegadas del poder de EE.UU., dominaron el país durante la mayor parte del
Siglo XX. Después de sobrevivir a un brutal golpe militar en 1991, el
primer gobierno democráticamente elegido de Haití –dirigido por el
presidente Jean-Bertrand Aristide– terminó por desmovilizar ese odiado
ejército en 1995; la gran mayoría de sus compatriotas celebraron la ocasión.
El abogado Brian Concannon lo recuerda como “el avance más importante de los derechos humanos desde que se Haití se emancipó de Francia”. En el año 2000, Aristide fue reelegido y su partido Fanmi Lavalas obtuvo una victoria
abrumadora. Esa reelección ofreció la perspectiva, por primera vez en la
historia haitiana moderna, de un genuino cambio político en una situación en la que no existía un mecanismo extrapolítico obvio –sin ejército– para
impedirlo.
La ínfima elite haitiana y sus aliados de EE.UU., Francia y Canadá se vieron amenazados por la perspectiva del empoderamiento popular, y tomaron medidas cuidadosamente planificadas para debilitar el gobierno de Lavalas.
En febrero de 2004, el segundo gobierno de Aristide fue derrocado por otro
desastroso golpe perpetrado por EE.UU. y sus aliados con apoyo de ex
soldados haitianos y dirigentes derechistas de la comunidad empresarial
haitiana. Se impuso un gobierno títere de EE.UU. para reemplazar a Aristide, en medio de salvajes represalias contra partidarios de Lavalas. Ya que no existía un ejército interior para garantizar la “seguridad”, se envió una “fuerza de estabilización” de la ONU a pedido de EE.UU. y Francia.
Desde entonces la ONU ha suministrado ese sustituto del ejército. A pedido
de EE.UU. y sus aliados llegó a Haití en junio de 2004. Compuesto por tropas y policías procedentes de países de todo el mundo gasta casi el doble del presupuesto de Aristide previo al golpe. Su misión principal, en efecto, ha sido pacificar al pueblo haitiano y obligarle a aceptar el golpe y el final de su intento de establecer un auténtico gobierno democrático. Es probable que pocos haitianos olviden lo que la ONU ha hecho para lograrlo. Entre 2004 y 2006 participó en una campaña de represión que mató a más de mil partidarios de Lavalas. Sitió el vecindario pobre de Cité Soleil favorable a Aristide en 2005 y 2006, y después limitó o dispersó protestas populares por temas que iban desde la persecución política y la privatización a los salarios y precios de los alimentos. En los últimos meses la ONU también ha reprimido la creciente protesta en la capital, a favor de la mejora de las intolerables condiciones en las que todavía viven cerca de 1,3 millones de
personas que se quedaron en la calle tras el terremoto de enero.
Actualmente, con o sin cólera, la prioridad de la ONU es garantizar que las
elecciones de la próxima semana tengan lugar tal como se han planificado.
Para la elite de Haití y sus aliados internacionales, estas elecciones
ofrecen una oportunidad sin precedentes para enterrar el proyecto de Lavalas de una vez por todas.
El programa político asociado con Lavalas y Aristide sigue siendo abrumadoramente popular. Después de seis años de represión y luchas
intestinas, sin embargo, la dirigencia política de este movimiento popular
está más dividida y desorganizada que nunca. El propio Fanmi Lavalas ha sido simplemente excluido de la participación en la elección (sin que haya habido un murmullo de protesta internacional), y desde su exilio involuntario en Sudáfrica, Aristide ha condenado la votación como ilegítima. Muchos, si no todos, los partidarios del partido apoyarán probablemente su enérgico llamado al boicot de esta última mascarada, como hicieron en la primavera de 2009 cuando la participación en las elecciones al Senado fue de menos de un 10%. Esta vez, sin embargo, media docena de políticos asociados con Lavalas han preferido participar como candidatos en su propio nombre. Probablemente dividirán la votación. El pueblo de Haití será privado de lo que ha sido durante mucho tiempo su arma política más poderosa –su capacidad de ganar elecciones auténticas.
Ya que es casi seguro que no tendrá un impacto político significativo y es
probable que esta elección logre el resultado que se espera: reforzar la
“seguridad” (y la desigualdad) del *statu quo*, junto con las numerosas
oportunidades lucrativas que un Haití adecuadamente asegurado después del
desastre sigue ofreciendo a inversionistas internacionales y su elite
empresarial. “Será una elección para nada”, dice el veterano activista
Patrick Elie. Adecuadamente manejada, incluso podría suministrar una
oportunidad para que candidatos derechistas como Charles Baker impulsen el
objetivo que ha estado desde hace tiempo muy arriba en su programa: la
restauración, con la acostumbrada “supervisión internacional”, de la rama
haitiana del ejército imperial.
Y si llega a suceder, cuando la ONU llegue a abandonar Haití, su partida
sólo representará la transición de una fuerza ocupante a otra, otro salto
atrás después de decenios de sacrificio popular y esfuerzo político.
Mientras tanto, sin embargo, parece que las Naciones Unidas tendrán pronto
más oportunidades que nunca de cumplir su misión en Haití.
(Publicado en *The Guardian*, 23 de noviembre de 2010
*Fuente: **http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22108*
--
“El problema no es la desobediencia civil, sino la obediencia civil”.
Howard Zinn
Comunicado sobre Conflicto Tico-Nica - Favor Divulgar
*MANIFIESTO*
El *Comité Patriótico Nacional*, consternado por un nuevo conflicto
pre-fabricado entre Costa Rica y Nicaragua, manifiesta a la comunidad
nacional y al pueblo hermano de Nicaragua, lo siguiente:
1. El conflicto se ha presentado a la opinión pública costarricense y
nicaragüense de manera tendenciosa y sesgada. En el caso de los
costarricenses solamente como un problema de invasión de una franja de
territorio costarricense por el ejército nicaragüense, relacionado con el
dragado del Río San Juan. En el caso de los nicaragüenses, como una “nueva”
pretensión de Costa Rica por apropiarse del Río San Juan. Consideramos que
detrás de esa distorsión de los hechos hay un trasfondo complejo donde se
mueven múltiples intereses político económicos oscuros para la opinión
pública. Lo anterior atribuible, entre otras razones, a un manejo
irresponsable y parcializado de varios medios de comunicación ocupados en la
manipulación de la opinión de los ciudadanos y ciudadanas de ambas naciones.
2. El manejo de la noticia ha exacerbado la xenofobia que existe en
ambos países ha llevado a manifestaciones vergonzosas de desprecio, rechazo
y odio hacia los habitantes e inmigrantes de ambas naciones que contribuyen
al desarrollo de ambos países. Denunciamos el silencio de unos y la
complicidad de otros medios de comunicación hacia las manifestaciones
xenofóbicas. Rechazamos las falsas manifestaciones de patriotismo que se
estimulan ante este conflicto y que resultan muy peligrosas para la
convivencia pacífica y la hermandad de los ciudadanos comunes, ajenos a los
problemas que dirigentes irresponsables, cómplices de los intereses
económicos mezquinos y del capital transnacional, cargan sobre sus hombros.
3. Demandamos de las clases gobernantes y de sus seguidores
inescrupulosos, respeto para las poblaciones costarricense y nicaragüense.
4. Demandamos respeto por la biodiversidad que está en juego en el área
del conflicto y por la existencia pacífica de los pueblos fronterizos
quienes, con o sin conflicto, continúan en total abandono de los gobiernos
de ambos países.
5. Exigimos una solución diplomática pronta entre los gobiernos de
Costa Rica y Nicaragua, sin injerencia de fuerzas extrañas o cómplices de
los intereses mercantiles o político-electoreros que puedan estar detrás de
este conflicto.
6. Rechazamos vehementemente, la continuación de cualquier
manifestación xenofóbica que lastime la dignidad de la población de nuestros
países.
7. Que el Gobierno de Costa Rica no utilice esta situación fronteriza
como una cortina de humo para que el pueblo de Costa Rica olvide o deje de
lado problemáticas como Crucitas, Caldera, las Pensiones de la CCSS
(aguinaldo) y hasta haga aumentos injustos.
8. ¿dónde esta la posición del principal socio comercial de la clase
político-empresarial de este país, en el conflicto de marras? [...leáse
usa...] ¿por qué su manifiesta invisibilidad?
Dado en San José a los 30 días del mes de noviembre del 2010
--
... Comité Patriótico Nacional...
...... lema en construccion !!!
El *Comité Patriótico Nacional*, consternado por un nuevo conflicto
pre-fabricado entre Costa Rica y Nicaragua, manifiesta a la comunidad
nacional y al pueblo hermano de Nicaragua, lo siguiente:
1. El conflicto se ha presentado a la opinión pública costarricense y
nicaragüense de manera tendenciosa y sesgada. En el caso de los
costarricenses solamente como un problema de invasión de una franja de
territorio costarricense por el ejército nicaragüense, relacionado con el
dragado del Río San Juan. En el caso de los nicaragüenses, como una “nueva”
pretensión de Costa Rica por apropiarse del Río San Juan. Consideramos que
detrás de esa distorsión de los hechos hay un trasfondo complejo donde se
mueven múltiples intereses político económicos oscuros para la opinión
pública. Lo anterior atribuible, entre otras razones, a un manejo
irresponsable y parcializado de varios medios de comunicación ocupados en la
manipulación de la opinión de los ciudadanos y ciudadanas de ambas naciones.
2. El manejo de la noticia ha exacerbado la xenofobia que existe en
ambos países ha llevado a manifestaciones vergonzosas de desprecio, rechazo
y odio hacia los habitantes e inmigrantes de ambas naciones que contribuyen
al desarrollo de ambos países. Denunciamos el silencio de unos y la
complicidad de otros medios de comunicación hacia las manifestaciones
xenofóbicas. Rechazamos las falsas manifestaciones de patriotismo que se
estimulan ante este conflicto y que resultan muy peligrosas para la
convivencia pacífica y la hermandad de los ciudadanos comunes, ajenos a los
problemas que dirigentes irresponsables, cómplices de los intereses
económicos mezquinos y del capital transnacional, cargan sobre sus hombros.
3. Demandamos de las clases gobernantes y de sus seguidores
inescrupulosos, respeto para las poblaciones costarricense y nicaragüense.
4. Demandamos respeto por la biodiversidad que está en juego en el área
del conflicto y por la existencia pacífica de los pueblos fronterizos
quienes, con o sin conflicto, continúan en total abandono de los gobiernos
de ambos países.
5. Exigimos una solución diplomática pronta entre los gobiernos de
Costa Rica y Nicaragua, sin injerencia de fuerzas extrañas o cómplices de
los intereses mercantiles o político-electoreros que puedan estar detrás de
este conflicto.
6. Rechazamos vehementemente, la continuación de cualquier
manifestación xenofóbica que lastime la dignidad de la población de nuestros
países.
7. Que el Gobierno de Costa Rica no utilice esta situación fronteriza
como una cortina de humo para que el pueblo de Costa Rica olvide o deje de
lado problemáticas como Crucitas, Caldera, las Pensiones de la CCSS
(aguinaldo) y hasta haga aumentos injustos.
8. ¿dónde esta la posición del principal socio comercial de la clase
político-empresarial de este país, en el conflicto de marras? [...leáse
usa...] ¿por qué su manifiesta invisibilidad?
Dado en San José a los 30 días del mes de noviembre del 2010
--
... Comité Patriótico Nacional...
...... lema en construccion !!!
viernes, 26 de noviembre de 2010
Crucitas y el Humedal Caribe Noreste
Comunicado a la comunidad nacional y a la prensa
Crucitas y el Humedal Caribe Noreste
La decisión de anular la concesión minera
es un punto importante en la discusión sobre
el conflicto en la frontera norte
El Tribunal Contencioso Administrativo tomó ayer la decisión de anular la concesión minera de Crucitas, en respuesta a la denuncia realizada por grupos ambientalistas y después de un juicio que tomó más de un mes de argumentaciones y testimonios.
Esta importante noticia se hace de conocimiento público en momentos en que el sector ambientalista y diferentes actores del país se unen en la denuncia del daño potencialmente irreparable provocado por el “dragado” que lleva a cabo el gobierno de Daniel Ortega en la frontera norte de Costa Rica.
El impacto que una actividad humana puede tener sobre los recursos naturales, debe comprenderse partiendo de las características de la zona, los servicios ambientales que presta y sus implicaciones sociales, económicas y culturales.
En el caso del Proyecto Crucitas, las 300 hectáreas que el proyecto pretendía convertir en tajos, lagunas de relave y otras instalaciones producen hoy día en servicios ambientales aproximadamente un total de entre $450.170,00 y $1.488.980,00 por año, según estimaciones de Fundación Neotrópica. Si la operación se proyectaba para 9 años, el costo aumenta a una suma entre $4.051.530 y $13.400.820,00, costo que refleja exclusivamente las pérdidas por el cambio del uso de la tierra.
El conflicto en la frontera norte está relacionado con los servicios ambientales que brinda el Humedal Caribe Noreste, y con una amenaza a la integridad del Refugio de Vida Silvestre Fronterizo y del ecosistema del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado. Estos puntos están en riesgo por el trabajo de apertura de un canal que según el gobierno de Nicaragua existió alguna vez allí. Sin embargo, según el Laudo Alexander de 1897 y 1898 que presentó la cancillería costarricense ante la OEA, esta pretensión del gobierno nicaragüense se muestra no válida.
“El manglar históricamente ha tenido que luchar con la ignorancia de aquellos que lo llaman ‘pantano’, ‘estero’ u otras denominaciones que lo califican como sucio o dispensable. Estos humedales proveen condiciones indispensables para la pesca de la cual dependen nuestros pequeños pescadores, proveen materiales en madera caída, hierbas medicinales, espacios de recreación, investigación y educación”, comentó Bernardo Aguilar, Director Ejecutivo de Fundación Neotrópica.
En varias zonas del país, especies tan importantes como la lapa utilizan los manglares para pernoctar. Asimismo, son excelentes fijadores de carbono, fijando más o menos las emisiones de carbono de entre 3 y 8 vehículos automotores. Ayudan también con el cambio climático mediante la reducción de otros gases.
Estudios científicos estiman que por cada especie de manglar que se destruye se pierden anualmente 767 kilogramos de especies marítimas de importancia comercial. Asimismo, se estima que en algunas zonas de nuestro país estos ecosistemas producen entre $12,000 y $102,000 en servicios ambientales por hectárea por año.
Sin embargo el problema no se detiene allí. Se trata de un gran ecosistema binacional que sufrirá las consecuencias de esta acción con perjuicios tangibles para los servicios ambientales en ambos países. Asimismo, se trata de un recurso declarado de importancia mundial en tanto es un sitio protegido por la Convención Internacional para la Protección de los Humedales (RAMSAR).
El gobierno nicaragüense ha recurrido a todo tipo de argumentos para tratar de rebatir la gravedad de sus actos. Parte de los argumentos que se han esbozado para deslegitimar la defensa de los derechos ambientales costarricenses, ha sido la posición que el gobierno de Costa Rica (en dos consecutivas administraciones) ha tenido frente a la concesión de Crucitas. De allí que el fallo de primera instancia que la anula fortalece no sólo la lucha por el rescate del ecosistema fronterizo sino la imagen ambiental del país a nivel internacional. Asimismo, responde adecuadamente a todas las irregularidades de proceso que se han tenido por probadas en el otorgamiento de la concesión y a las potenciales consecuencias para los sistemas socio-ecológicos de la región.
“Desde la Fundación Neotrópica nos manifestamos en contra de la acción destructiva en Isla Calero y nos unimos a los llamados que otras ONGs ambientalistas están haciendo para condenar esta acción”, indicó Aguilar; “llamamos a la unión alrededor de las demandas del gobierno de Costa Rica para que se detengan estas acciones inmediatamente. Asimismo, apoyamos las gestiones que realizan el Ministerio del Ambiente y el SINAC ante las diversas instancias ambientales internacionales para que se detenga este ecocidio y llamamos a las organizaciones ambientalistas nicaragüenses a que se manifiesten en condena a esta destrucción”.
Este es un momento de festejo para las organizaciones ambientalistas nacionales que han encabezado el movimiento frente a Crucitas y una motivación para continuar con los esfuerzos que dan credibilidad al sistema democrático institucional costarricense.
TOMADO DE: FUNDACION NEOTROPICA - RED CENTROAMERICANA DE ACCION DEL AGUA
Crucitas y el Humedal Caribe Noreste
La decisión de anular la concesión minera
es un punto importante en la discusión sobre
el conflicto en la frontera norte
El Tribunal Contencioso Administrativo tomó ayer la decisión de anular la concesión minera de Crucitas, en respuesta a la denuncia realizada por grupos ambientalistas y después de un juicio que tomó más de un mes de argumentaciones y testimonios.
Esta importante noticia se hace de conocimiento público en momentos en que el sector ambientalista y diferentes actores del país se unen en la denuncia del daño potencialmente irreparable provocado por el “dragado” que lleva a cabo el gobierno de Daniel Ortega en la frontera norte de Costa Rica.
El impacto que una actividad humana puede tener sobre los recursos naturales, debe comprenderse partiendo de las características de la zona, los servicios ambientales que presta y sus implicaciones sociales, económicas y culturales.
En el caso del Proyecto Crucitas, las 300 hectáreas que el proyecto pretendía convertir en tajos, lagunas de relave y otras instalaciones producen hoy día en servicios ambientales aproximadamente un total de entre $450.170,00 y $1.488.980,00 por año, según estimaciones de Fundación Neotrópica. Si la operación se proyectaba para 9 años, el costo aumenta a una suma entre $4.051.530 y $13.400.820,00, costo que refleja exclusivamente las pérdidas por el cambio del uso de la tierra.
El conflicto en la frontera norte está relacionado con los servicios ambientales que brinda el Humedal Caribe Noreste, y con una amenaza a la integridad del Refugio de Vida Silvestre Fronterizo y del ecosistema del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado. Estos puntos están en riesgo por el trabajo de apertura de un canal que según el gobierno de Nicaragua existió alguna vez allí. Sin embargo, según el Laudo Alexander de 1897 y 1898 que presentó la cancillería costarricense ante la OEA, esta pretensión del gobierno nicaragüense se muestra no válida.
“El manglar históricamente ha tenido que luchar con la ignorancia de aquellos que lo llaman ‘pantano’, ‘estero’ u otras denominaciones que lo califican como sucio o dispensable. Estos humedales proveen condiciones indispensables para la pesca de la cual dependen nuestros pequeños pescadores, proveen materiales en madera caída, hierbas medicinales, espacios de recreación, investigación y educación”, comentó Bernardo Aguilar, Director Ejecutivo de Fundación Neotrópica.
En varias zonas del país, especies tan importantes como la lapa utilizan los manglares para pernoctar. Asimismo, son excelentes fijadores de carbono, fijando más o menos las emisiones de carbono de entre 3 y 8 vehículos automotores. Ayudan también con el cambio climático mediante la reducción de otros gases.
Estudios científicos estiman que por cada especie de manglar que se destruye se pierden anualmente 767 kilogramos de especies marítimas de importancia comercial. Asimismo, se estima que en algunas zonas de nuestro país estos ecosistemas producen entre $12,000 y $102,000 en servicios ambientales por hectárea por año.
Sin embargo el problema no se detiene allí. Se trata de un gran ecosistema binacional que sufrirá las consecuencias de esta acción con perjuicios tangibles para los servicios ambientales en ambos países. Asimismo, se trata de un recurso declarado de importancia mundial en tanto es un sitio protegido por la Convención Internacional para la Protección de los Humedales (RAMSAR).
El gobierno nicaragüense ha recurrido a todo tipo de argumentos para tratar de rebatir la gravedad de sus actos. Parte de los argumentos que se han esbozado para deslegitimar la defensa de los derechos ambientales costarricenses, ha sido la posición que el gobierno de Costa Rica (en dos consecutivas administraciones) ha tenido frente a la concesión de Crucitas. De allí que el fallo de primera instancia que la anula fortalece no sólo la lucha por el rescate del ecosistema fronterizo sino la imagen ambiental del país a nivel internacional. Asimismo, responde adecuadamente a todas las irregularidades de proceso que se han tenido por probadas en el otorgamiento de la concesión y a las potenciales consecuencias para los sistemas socio-ecológicos de la región.
“Desde la Fundación Neotrópica nos manifestamos en contra de la acción destructiva en Isla Calero y nos unimos a los llamados que otras ONGs ambientalistas están haciendo para condenar esta acción”, indicó Aguilar; “llamamos a la unión alrededor de las demandas del gobierno de Costa Rica para que se detengan estas acciones inmediatamente. Asimismo, apoyamos las gestiones que realizan el Ministerio del Ambiente y el SINAC ante las diversas instancias ambientales internacionales para que se detenga este ecocidio y llamamos a las organizaciones ambientalistas nicaragüenses a que se manifiesten en condena a esta destrucción”.
Este es un momento de festejo para las organizaciones ambientalistas nacionales que han encabezado el movimiento frente a Crucitas y una motivación para continuar con los esfuerzos que dan credibilidad al sistema democrático institucional costarricense.
TOMADO DE: FUNDACION NEOTROPICA - RED CENTROAMERICANA DE ACCION DEL AGUA
FORO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Minería, Cambio Climático y Buen Vivir
Museo de la Nación, Lima, 18 al 20 de noviembre de 2010
Declaración de Lima
Los pueblos indígenas, comunidades y organizaciones sociales del Abya
Yala, hermanos de África y Europa, hijos de la Madre tierra, Reunidos
en el Foro Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, en la ciudad de
Lima, después de tres días de deliberaciones declaramos:
Considerando que:
Los pueblos indígenas y comunidades somos portadores de la sabiduría
ancestral que ha logrado mantener el planeta a salvo durante miles de
años; nuestros conocimientos y prácticas ancestrales de reciprocidad y
complementariedad con la Madre Tierra han constituido los valores que
han permitido una vida en armonía a la que hoy llamamos Buen Vivir –
Vivir Bien. Desde el tiempo de nuestros abuelos, en nuestros
territorios se conserva la biodiversidad.
Nuestra vida en armonía fue quebrada cuando hombres occidentales con
ambición de riqueza ocuparon nuestros territorios e iniciaron el saqueo
de la naturaleza, dejando muerte, contaminación y enfermedades. Hoy la
ambición y el saqueo continúan por nuevos conquistadores
transnacionales con la bendición de los gobiernos de nuestros países
que bajo el mito del crecimiento económico promueven políticas
irracionales de extracción de los recursos de nuestros territorios,
dejando pobreza y contaminación.
Nuestros territorios llenos de vida y armonía se han convertido en
territorios de contaminación y de intoxicación de la salud humana, en
territorios de militarización y criminalización de las luchas, en
territorios de saqueo y pobreza a consecuencia de las políticas
extractivistas guiadas por los gobiernos. Por otro lado, también se han
convertido en territorios de resistencia, de lucha, de propuestas y
ejercicio de nuestros derechos, como son las consultas comunitarias
realizadas por nuestras autoridades ancestrales en diversos países del
continente.
El saqueo de los bienes naturales se ha intensificado en nuestros
tiempos por la ofensiva neoliberal a través de los tratados de libre
comercio entre estados, cuyos términos vulneran nuestros derechos
indígenas y colectivos amparados en tratados internacionales, como la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo.
El exponencial consumismo occidental, el saqueo de nuestros bienes
naturales y la industrialización de los países desarrollados han
generado una crisis climática global a la que se suma la crisis
alimentaria. Los efectos del calentamiento global han aumentado los
riesgos de vulnerabilidad de nuestros derechos y están modificando
nuestro modo de vida que milenariamente ha dependido de la Madre
Tierra. Los pueblos indígenas somos los que menos contribuimos al
calentamiento global, somos los que sufrimos sus peores consecuencias y
somos excluidos de los procesos de negociación internacional y
definición de políticas nacionales.
Los estados vienen implementando una sistemática política de
criminalización, dentro de la cual se han creado nuevos delitos con la
única finalidad de debilitar nuestras luchas. En consecuencia, miles de
líderes indígenas se encuentran perseguidos y procesados judicialmente
por defender la Madre Tierra y nuestros derechos.
Por tanto, resolvemos:
· Llamar a la unidad continental y mundial de los pueblos indígenas y
movimientos sociales y movilizarse en defensa de la Madre Tierra, por
la construcción de estados plurinacionales y la implementación del buen
vivir a nivel global, como alternativas para superar las crisis
climática, alimentaria y económica. Volver al equilibrio con la Madre
Tierra para salvar la vida en el planeta es nuestro camino.
· Demandamos a los estados el reconocimiento y cumplimiento pleno de
nuestros derechos reconocidos por el sistema internacional, en especial
la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Respeto a la libre determinación, a
nuestros territorios y su soberanía, a la consulta y consentimiento
previos, libres e informados con carácter vinculante, a decidir nuestra
propia forma de vida.
· Denunciar las políticas de criminalización que los estados están
implementando contra los defensores de la Madre Tierra,
persiguiéndonos, enjuiciándonos, encarcelándonos y asesinándonos. Y
convocamos al establecimiento de alianzas entre pueblos indígenas y
redes sociales con el fin de implementar acciones colectivas a nivel
internacional y nacional para frenar estas políticas.
· Exigimos políticas agrarias que garanticen la seguridad y soberanía
territorial de los pueblos indígenas y campesinos, y una distribución
racional y equitativa del agua.
Con relación al Cambio climático:
· Demandamos el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en los
procesos de negociación internacional sobre cambio climático y la
implementación de políticas nacionales por los estados; en especial el
derecho a la libre determinación y el derecho al consentimiento libre,
previo e informado.
§ Demandamos el respeto a los Derechos de la Madre Tierra y de todos
los seres vivos.
· Exigimos que los países responsables históricamente del cambio
climático paguen la deuda climática. Nos comprometemos a
instrumentalizar el Tribunal Internacional de Justicia Climática.
· Exigimos la construcción de una agenda nacional y regional de
justicia climática, con amplio proceso de consulta previa, libre e
informada a los pueblos y comunidades.
· Demandamos que en los acuerdos para la adaptación y mitigación de los
efectos del cambio climático se tomen en consideración nuestros
conocimientos y prácticas de reciprocidad y complementariedad con la
Madre Tierra.
· Reafirmamos el Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba (abril 2010).
· Exigimos que los gobiernos apoyen la adopción en Naciones Unidas de
la Declaración de Derechos de la Madre Tierra.
· Exigimos a los estados que asuman su responsabilidad y lleguen a
acuerdos concretos y vinculantes respecto a la reducción de los niveles
de emisión de gases de efecto invernadero para revertir el proceso de
calentamiento global. La adaptación de las comunidades vulnerables solo
será viable si los países ricos reducen las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI).
· La deuda ecológica generada por los países del Norte con sus
emisiones de GEI debe ser pagada y los fondos destinados a atender a
las poblaciones vulnerables y afectadas por la crisis climática en el
Sur.
· Rechazamos las falsas soluciones del mercado de carbono, así como
todas aquellas que pretenden mercantilizar a la Pachamama. Rechazamos
la mercantilización del mecanismo REDD a través de los mercados de
carbono. Rechazamos los agrocombustibles que cambian el uso de la
tierra y amenazan la soberanía y la seguridad alimentaria. Declaramos
que LA VIDA NO SE NEGOCIA.
· Exigimos que todo proyecto o programa contra la deforestación respete
los derechos de las comunidades al territorio, autonomía, a la consulta
y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
Debe asegurarse la participación y los beneficios de las poblaciones de
las áreas que ellas milenariamente han defendido. Que los gobiernos
cambien las políticas que favorecen la deforestación y apoyen el manejo
forestal comunitario de los pueblos indígenas.
· Convocamos a sumarse al Foro Indígena del Abya Yala sobre Cambio
Climático.
· Nos comprometemos a participar en el Referéndum Mundial Climático
acordado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio
Climático y Derechos de la Madre Tierra realizada en Cochabamba.
Con relación a la Minería:
· Decimos enfáticamente: no a la minería, sí a la vida. Rechazamos la
minería transnacional, no a la minería en los territorios de los
pueblos indígenas. Exigimos la inmediata derogatoria de los títulos y
concesiones mineros inconsultos.
· Declaramos los pueblos indígenas somos los dueños legítimos desde los
tiempos ancestrales del suelo, subsuelo y recursos naturales que
albergan nuestros territorios. Exigimos a los organismos de Naciones
Unidas que los bienes naturales sean declarados patrimonio de los
pueblos indígenas que los albergan.
· Apostamos a cambiar el modelo extractivista para el buen vivir de los
pueblos del mundo. En este sentido nuestras luchas deben conducir a la
aprobación de leyes para determinar las zonas prohibidas para la
minería en nuestros territorios, como lo han logrado con su lucha los
pueblos de Costa Rica.
· Demandamos a los estados el reconocimiento y aplicación del derecho
al consentimiento que nos asiste como pueblos indígenas de acuerdo al
derecho internacional. Llamamos a los pueblos indígenas y comunidades a
no permitir el desarrollo de proyectos mineros sin consentimiento. En
particular hacemos un llamado a la aprobación de la Ley de Consulta en
el Perú y su inmediata promulgación.
· Emprender campañas continentales y globales contra las políticas de
organismos internacionales (Banco Mundial y otros) que contribuyen a la
emisión de gases de efecto invernadero, a la contaminación y al
desconocimiento de nuestros derechos, agravando la crisis climática.
· Emprender campañas continentales y globales contra las empresas
mineras, denunciando sus violaciones a los derechos internacionales y
sus impactos ambientales, sociales y culturales.
· Emprender campañas continentales y globales contra las políticas
extractivistas de los Estados y denunciar ante el sistema internacional
de protección de los derechos humanos los casos de violación de los
derechos humanos, los derechos indígenas y campesinos por estas
políticas, como el desplazamiento forzoso de comunidades enteras.
· Nos comprometemos a defender y fortalecer nuestras formas de
organización comunal y nuestra propia economía comunitaria como
alternativa al extractivismo.
· Fortalecer y articular las luchas de las comunidades y los
movimientos sociales frente a la minería, a través del intercambio y la
construcción de una plataforma continental.
Convocamos:
· A constituir una plataforma continental de lucha frente a las
políticas extractivas y convocar a la realización de un próximo foro en
el marco de la V Cumbre de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya
Ayala, a realizarse en Bolivia en el año 2011.
· A realizar una Movilización Continental el 21 de junio del 2011 en
defensa de la vida, por la reconstitución del Buen Vivir, por el
ejercicio pleno de nuestros derechos frente a los impactos de la
minería, la crisis climática y las empresas transnacionales.
Lima, noviembre 20 del 2010.
Coordinadora Andina de Organizaciones Andinas, CAOI / Coordinadora de
las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA / Consejo
Indígena de Centro América, CICA / Alianza Social Continental /
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería
– CONACAMI Perú / Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu,
CONAMAQ / Confederación De Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del
Ecuador, ECUARUNARI / Organización Nacional Indígena de Colombia,
ONIC / Organización de Pueblos y Naciones Indígenas en Argentina,
ONPIA / Identidad Territorial Lafkenche / Foro Ciudadano de
Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, FOCO
(Argentina) / FUNDAMAYA, Guatemala / Coordinadora de Organizaciones
Maya Kaqchikel para el Desarrollo Equitativo y Sostenible, COMKADES
(Guatemala) / World Learning – Study of International Training, Study
Abroad – Programa Perú: Pueblos Indígenas y Globalización / Maderas del
Pueblo del Sureste, AC, Chiapas (México) / Movimiento de Mujeres
Indígenas Tz’ununija’ (Guatemala) / Asamblea Buenos Aires no a la Mina
(Argentina) / Confederación Indígena Neuquina de Argentina / Consejo
Mapuche Zona Centro de Neuquén (Argentina) / Colectivo Coca Soberanía
(Bolivia) / Puente entre Culturas –Cross Cultural Bridges / Salva la
Selva / Coordinadora Nacional de Fondos Regionales y Organizaciones
Indígenas y Campesinas, CONAFROIC (México) / Fronteras Comunes – Common
Frontiers (Canadá) / Diálogo de los Pueblos / Colectivo Coordinación de
Acciones Socio Ambientales, CASA / Instituto de Cultura Indígena
(Jujuy, Argentina) / Televisora Indígena Indiocanal Omaguaca (Jujuy,
Argentina) / Horizon Perú ONGD – Red Ambiental La Libertad / Red
Mexicana de Afectados por la Minería, REMA / Consejo Regional Indígena
del CAUCA, CRIC (Colombia)/ Movimiento Ciudadano frente al Cambio
Climático, MOCCIC / CooperAcción / Asociación AKUAIPA WAIMAKAT -
Asociación para la Divulgación, Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos e Indígenas / Marcha Mundial de Mujeres / Servicios Jurídicos y
Sociales – SERJUS / Comarca Ngäbe-Bugle pueblo indígena de Panamá /
Coordinadora de Organizaciones Maya Kaqchikel de Desarrollo Equitativo
y Sostenible, Comkades / Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC /
Instituto de Investigación, Desarrollo y Derechos Humanos DEVENIR /
Movimiento para la Salud de los Pueblos / Programa de Estudios
Antropológicos de El Colegio de San Luis / La tierra respira / Consejo
de Amautas Indígenas del Tawantinsuyu / Organización Wiwa Yugumaiun
Bunkuanarrua Tayro, Sierra Nevada De Santa Marta - Colombia /
Asociación Movimiento Indígena Tawantinsuyo MIT Perú / Cabildo Mayor –
Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo U’WA / Organización
Wayuumunsurat-Mujeres Tejiendo Paz / Gvbam Longko Pikun Wijimapu / Red
Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, RECLAME / Consejo de
Aymaras, Kechuas Tupiguaranies para Ayllus y Comunidades, AKTUPAC /
EARTHWORKS / K’loj Qchman K’al B’e o Consejo Maya Mam de
Quetzaltenango / Comité de Defensa de Tierras y Bosques de Villa Rica –
Oxapampa / Corporación de Promoción y Estudios Americanos, CORPEA /
Asociación de Mujeres Ngobe – ASMUNG / Municipalidad Indígena de Santo
Tomas Chichicastenango / Comisión Justice et Paix Belgique francophone,
CJP / Coordinadora Proyecto Extractivas y Pobreza America Latina /
ALTER-ECHOS / Comité en Defensa del Páramo el Almorzadero / Proceso de
Comunidades Negras de Colombia. Concejo Comunitario La Toma – PCN /
Cabildo de Cerro Tijeras / Organización de Pueblos Indígenas Yanesha
Ashaninka Teno`mar – OPIYAT / Fundación Equilibrio / World Agroforestry
Centre / Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC / Frente de
Defensa de los Intereses y el Desarrollo de Huanuco / Organización
Payipie Ichadie Totobiegosode – OPIT / Universidad Politecnica
Javeriana - Corporacion Cultural Oso Loma / Coordinadora de
Organizaciones del Pueblo Kichua Saraguro – CORPUKIS / Concejo
Municipal Cajamarca Tolima – Colombia / Organización 350 / Fondo
Verde / Énfasis, revista de Reflexión y Debate / Grupo Impulsor contra
el Racismo y otras formas de Discriminación. GIM PERU / Organización
Internacional de Mujeres Indígenas del Tawantinsuyu / Sindicato
Regional De Trabajadores Independientes De Occidente, SIRTCO / Red
Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos – LATINDADD / Forum
Solidaridad Perú / Alcaldías Indígenas de la Región IXIL – FUNDAMAYA /
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA / EXPLORPERU.
Informativo Digital / Club Cultural Cuzco de New York / Comunidad
Campesina de Muni / Convergencia y Coordinadora Nacional Maya Waqib’
Kej / Sindicato Único De Difusores Culturales del Sur (Perú) -
SUDIC-SUR / Programa “Pueblos Indígenas y Globalización”. School for
International Training.
TOMADO DE: Stella Chinchilla Nov 25 12:55PM -0800 ^
Museo de la Nación, Lima, 18 al 20 de noviembre de 2010
Declaración de Lima
Los pueblos indígenas, comunidades y organizaciones sociales del Abya
Yala, hermanos de África y Europa, hijos de la Madre tierra, Reunidos
en el Foro Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, en la ciudad de
Lima, después de tres días de deliberaciones declaramos:
Considerando que:
Los pueblos indígenas y comunidades somos portadores de la sabiduría
ancestral que ha logrado mantener el planeta a salvo durante miles de
años; nuestros conocimientos y prácticas ancestrales de reciprocidad y
complementariedad con la Madre Tierra han constituido los valores que
han permitido una vida en armonía a la que hoy llamamos Buen Vivir –
Vivir Bien. Desde el tiempo de nuestros abuelos, en nuestros
territorios se conserva la biodiversidad.
Nuestra vida en armonía fue quebrada cuando hombres occidentales con
ambición de riqueza ocuparon nuestros territorios e iniciaron el saqueo
de la naturaleza, dejando muerte, contaminación y enfermedades. Hoy la
ambición y el saqueo continúan por nuevos conquistadores
transnacionales con la bendición de los gobiernos de nuestros países
que bajo el mito del crecimiento económico promueven políticas
irracionales de extracción de los recursos de nuestros territorios,
dejando pobreza y contaminación.
Nuestros territorios llenos de vida y armonía se han convertido en
territorios de contaminación y de intoxicación de la salud humana, en
territorios de militarización y criminalización de las luchas, en
territorios de saqueo y pobreza a consecuencia de las políticas
extractivistas guiadas por los gobiernos. Por otro lado, también se han
convertido en territorios de resistencia, de lucha, de propuestas y
ejercicio de nuestros derechos, como son las consultas comunitarias
realizadas por nuestras autoridades ancestrales en diversos países del
continente.
El saqueo de los bienes naturales se ha intensificado en nuestros
tiempos por la ofensiva neoliberal a través de los tratados de libre
comercio entre estados, cuyos términos vulneran nuestros derechos
indígenas y colectivos amparados en tratados internacionales, como la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo.
El exponencial consumismo occidental, el saqueo de nuestros bienes
naturales y la industrialización de los países desarrollados han
generado una crisis climática global a la que se suma la crisis
alimentaria. Los efectos del calentamiento global han aumentado los
riesgos de vulnerabilidad de nuestros derechos y están modificando
nuestro modo de vida que milenariamente ha dependido de la Madre
Tierra. Los pueblos indígenas somos los que menos contribuimos al
calentamiento global, somos los que sufrimos sus peores consecuencias y
somos excluidos de los procesos de negociación internacional y
definición de políticas nacionales.
Los estados vienen implementando una sistemática política de
criminalización, dentro de la cual se han creado nuevos delitos con la
única finalidad de debilitar nuestras luchas. En consecuencia, miles de
líderes indígenas se encuentran perseguidos y procesados judicialmente
por defender la Madre Tierra y nuestros derechos.
Por tanto, resolvemos:
· Llamar a la unidad continental y mundial de los pueblos indígenas y
movimientos sociales y movilizarse en defensa de la Madre Tierra, por
la construcción de estados plurinacionales y la implementación del buen
vivir a nivel global, como alternativas para superar las crisis
climática, alimentaria y económica. Volver al equilibrio con la Madre
Tierra para salvar la vida en el planeta es nuestro camino.
· Demandamos a los estados el reconocimiento y cumplimiento pleno de
nuestros derechos reconocidos por el sistema internacional, en especial
la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Respeto a la libre determinación, a
nuestros territorios y su soberanía, a la consulta y consentimiento
previos, libres e informados con carácter vinculante, a decidir nuestra
propia forma de vida.
· Denunciar las políticas de criminalización que los estados están
implementando contra los defensores de la Madre Tierra,
persiguiéndonos, enjuiciándonos, encarcelándonos y asesinándonos. Y
convocamos al establecimiento de alianzas entre pueblos indígenas y
redes sociales con el fin de implementar acciones colectivas a nivel
internacional y nacional para frenar estas políticas.
· Exigimos políticas agrarias que garanticen la seguridad y soberanía
territorial de los pueblos indígenas y campesinos, y una distribución
racional y equitativa del agua.
Con relación al Cambio climático:
· Demandamos el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en los
procesos de negociación internacional sobre cambio climático y la
implementación de políticas nacionales por los estados; en especial el
derecho a la libre determinación y el derecho al consentimiento libre,
previo e informado.
§ Demandamos el respeto a los Derechos de la Madre Tierra y de todos
los seres vivos.
· Exigimos que los países responsables históricamente del cambio
climático paguen la deuda climática. Nos comprometemos a
instrumentalizar el Tribunal Internacional de Justicia Climática.
· Exigimos la construcción de una agenda nacional y regional de
justicia climática, con amplio proceso de consulta previa, libre e
informada a los pueblos y comunidades.
· Demandamos que en los acuerdos para la adaptación y mitigación de los
efectos del cambio climático se tomen en consideración nuestros
conocimientos y prácticas de reciprocidad y complementariedad con la
Madre Tierra.
· Reafirmamos el Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba (abril 2010).
· Exigimos que los gobiernos apoyen la adopción en Naciones Unidas de
la Declaración de Derechos de la Madre Tierra.
· Exigimos a los estados que asuman su responsabilidad y lleguen a
acuerdos concretos y vinculantes respecto a la reducción de los niveles
de emisión de gases de efecto invernadero para revertir el proceso de
calentamiento global. La adaptación de las comunidades vulnerables solo
será viable si los países ricos reducen las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI).
· La deuda ecológica generada por los países del Norte con sus
emisiones de GEI debe ser pagada y los fondos destinados a atender a
las poblaciones vulnerables y afectadas por la crisis climática en el
Sur.
· Rechazamos las falsas soluciones del mercado de carbono, así como
todas aquellas que pretenden mercantilizar a la Pachamama. Rechazamos
la mercantilización del mecanismo REDD a través de los mercados de
carbono. Rechazamos los agrocombustibles que cambian el uso de la
tierra y amenazan la soberanía y la seguridad alimentaria. Declaramos
que LA VIDA NO SE NEGOCIA.
· Exigimos que todo proyecto o programa contra la deforestación respete
los derechos de las comunidades al territorio, autonomía, a la consulta
y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
Debe asegurarse la participación y los beneficios de las poblaciones de
las áreas que ellas milenariamente han defendido. Que los gobiernos
cambien las políticas que favorecen la deforestación y apoyen el manejo
forestal comunitario de los pueblos indígenas.
· Convocamos a sumarse al Foro Indígena del Abya Yala sobre Cambio
Climático.
· Nos comprometemos a participar en el Referéndum Mundial Climático
acordado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio
Climático y Derechos de la Madre Tierra realizada en Cochabamba.
Con relación a la Minería:
· Decimos enfáticamente: no a la minería, sí a la vida. Rechazamos la
minería transnacional, no a la minería en los territorios de los
pueblos indígenas. Exigimos la inmediata derogatoria de los títulos y
concesiones mineros inconsultos.
· Declaramos los pueblos indígenas somos los dueños legítimos desde los
tiempos ancestrales del suelo, subsuelo y recursos naturales que
albergan nuestros territorios. Exigimos a los organismos de Naciones
Unidas que los bienes naturales sean declarados patrimonio de los
pueblos indígenas que los albergan.
· Apostamos a cambiar el modelo extractivista para el buen vivir de los
pueblos del mundo. En este sentido nuestras luchas deben conducir a la
aprobación de leyes para determinar las zonas prohibidas para la
minería en nuestros territorios, como lo han logrado con su lucha los
pueblos de Costa Rica.
· Demandamos a los estados el reconocimiento y aplicación del derecho
al consentimiento que nos asiste como pueblos indígenas de acuerdo al
derecho internacional. Llamamos a los pueblos indígenas y comunidades a
no permitir el desarrollo de proyectos mineros sin consentimiento. En
particular hacemos un llamado a la aprobación de la Ley de Consulta en
el Perú y su inmediata promulgación.
· Emprender campañas continentales y globales contra las políticas de
organismos internacionales (Banco Mundial y otros) que contribuyen a la
emisión de gases de efecto invernadero, a la contaminación y al
desconocimiento de nuestros derechos, agravando la crisis climática.
· Emprender campañas continentales y globales contra las empresas
mineras, denunciando sus violaciones a los derechos internacionales y
sus impactos ambientales, sociales y culturales.
· Emprender campañas continentales y globales contra las políticas
extractivistas de los Estados y denunciar ante el sistema internacional
de protección de los derechos humanos los casos de violación de los
derechos humanos, los derechos indígenas y campesinos por estas
políticas, como el desplazamiento forzoso de comunidades enteras.
· Nos comprometemos a defender y fortalecer nuestras formas de
organización comunal y nuestra propia economía comunitaria como
alternativa al extractivismo.
· Fortalecer y articular las luchas de las comunidades y los
movimientos sociales frente a la minería, a través del intercambio y la
construcción de una plataforma continental.
Convocamos:
· A constituir una plataforma continental de lucha frente a las
políticas extractivas y convocar a la realización de un próximo foro en
el marco de la V Cumbre de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya
Ayala, a realizarse en Bolivia en el año 2011.
· A realizar una Movilización Continental el 21 de junio del 2011 en
defensa de la vida, por la reconstitución del Buen Vivir, por el
ejercicio pleno de nuestros derechos frente a los impactos de la
minería, la crisis climática y las empresas transnacionales.
Lima, noviembre 20 del 2010.
Coordinadora Andina de Organizaciones Andinas, CAOI / Coordinadora de
las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA / Consejo
Indígena de Centro América, CICA / Alianza Social Continental /
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería
– CONACAMI Perú / Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu,
CONAMAQ / Confederación De Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del
Ecuador, ECUARUNARI / Organización Nacional Indígena de Colombia,
ONIC / Organización de Pueblos y Naciones Indígenas en Argentina,
ONPIA / Identidad Territorial Lafkenche / Foro Ciudadano de
Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, FOCO
(Argentina) / FUNDAMAYA, Guatemala / Coordinadora de Organizaciones
Maya Kaqchikel para el Desarrollo Equitativo y Sostenible, COMKADES
(Guatemala) / World Learning – Study of International Training, Study
Abroad – Programa Perú: Pueblos Indígenas y Globalización / Maderas del
Pueblo del Sureste, AC, Chiapas (México) / Movimiento de Mujeres
Indígenas Tz’ununija’ (Guatemala) / Asamblea Buenos Aires no a la Mina
(Argentina) / Confederación Indígena Neuquina de Argentina / Consejo
Mapuche Zona Centro de Neuquén (Argentina) / Colectivo Coca Soberanía
(Bolivia) / Puente entre Culturas –Cross Cultural Bridges / Salva la
Selva / Coordinadora Nacional de Fondos Regionales y Organizaciones
Indígenas y Campesinas, CONAFROIC (México) / Fronteras Comunes – Common
Frontiers (Canadá) / Diálogo de los Pueblos / Colectivo Coordinación de
Acciones Socio Ambientales, CASA / Instituto de Cultura Indígena
(Jujuy, Argentina) / Televisora Indígena Indiocanal Omaguaca (Jujuy,
Argentina) / Horizon Perú ONGD – Red Ambiental La Libertad / Red
Mexicana de Afectados por la Minería, REMA / Consejo Regional Indígena
del CAUCA, CRIC (Colombia)/ Movimiento Ciudadano frente al Cambio
Climático, MOCCIC / CooperAcción / Asociación AKUAIPA WAIMAKAT -
Asociación para la Divulgación, Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos e Indígenas / Marcha Mundial de Mujeres / Servicios Jurídicos y
Sociales – SERJUS / Comarca Ngäbe-Bugle pueblo indígena de Panamá /
Coordinadora de Organizaciones Maya Kaqchikel de Desarrollo Equitativo
y Sostenible, Comkades / Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC /
Instituto de Investigación, Desarrollo y Derechos Humanos DEVENIR /
Movimiento para la Salud de los Pueblos / Programa de Estudios
Antropológicos de El Colegio de San Luis / La tierra respira / Consejo
de Amautas Indígenas del Tawantinsuyu / Organización Wiwa Yugumaiun
Bunkuanarrua Tayro, Sierra Nevada De Santa Marta - Colombia /
Asociación Movimiento Indígena Tawantinsuyo MIT Perú / Cabildo Mayor –
Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo U’WA / Organización
Wayuumunsurat-Mujeres Tejiendo Paz / Gvbam Longko Pikun Wijimapu / Red
Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, RECLAME / Consejo de
Aymaras, Kechuas Tupiguaranies para Ayllus y Comunidades, AKTUPAC /
EARTHWORKS / K’loj Qchman K’al B’e o Consejo Maya Mam de
Quetzaltenango / Comité de Defensa de Tierras y Bosques de Villa Rica –
Oxapampa / Corporación de Promoción y Estudios Americanos, CORPEA /
Asociación de Mujeres Ngobe – ASMUNG / Municipalidad Indígena de Santo
Tomas Chichicastenango / Comisión Justice et Paix Belgique francophone,
CJP / Coordinadora Proyecto Extractivas y Pobreza America Latina /
ALTER-ECHOS / Comité en Defensa del Páramo el Almorzadero / Proceso de
Comunidades Negras de Colombia. Concejo Comunitario La Toma – PCN /
Cabildo de Cerro Tijeras / Organización de Pueblos Indígenas Yanesha
Ashaninka Teno`mar – OPIYAT / Fundación Equilibrio / World Agroforestry
Centre / Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC / Frente de
Defensa de los Intereses y el Desarrollo de Huanuco / Organización
Payipie Ichadie Totobiegosode – OPIT / Universidad Politecnica
Javeriana - Corporacion Cultural Oso Loma / Coordinadora de
Organizaciones del Pueblo Kichua Saraguro – CORPUKIS / Concejo
Municipal Cajamarca Tolima – Colombia / Organización 350 / Fondo
Verde / Énfasis, revista de Reflexión y Debate / Grupo Impulsor contra
el Racismo y otras formas de Discriminación. GIM PERU / Organización
Internacional de Mujeres Indígenas del Tawantinsuyu / Sindicato
Regional De Trabajadores Independientes De Occidente, SIRTCO / Red
Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos – LATINDADD / Forum
Solidaridad Perú / Alcaldías Indígenas de la Región IXIL – FUNDAMAYA /
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA / EXPLORPERU.
Informativo Digital / Club Cultural Cuzco de New York / Comunidad
Campesina de Muni / Convergencia y Coordinadora Nacional Maya Waqib’
Kej / Sindicato Único De Difusores Culturales del Sur (Perú) -
SUDIC-SUR / Programa “Pueblos Indígenas y Globalización”. School for
International Training.
TOMADO DE: Stella Chinchilla
jueves, 25 de noviembre de 2010
Acción Ciudadana celebra fallo histórico en favor del ambiente y la vida
Fracción Legislativa
Partido Acción Ciudadana
Miércoles 24 de noviembre de 2010
Golpe definitivo al Proyecto Minero Crucitas
Acción Ciudadana celebra fallo histórico en favor del ambiente y la vida
La Fracción del Partido Acción Ciudadana celebra la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo a favor del ambiente y la vida, que evidencia una vez más el grave error en que incurrió la administración de Oscar Arias al declarar de interés público el proyecto de minería a cielo abierto de Crucitas.
Este fallo de los tribunales refleja la voz mayoritaria de los costarricenses que se han manifestado en oposición a la minería en Crucitas a través de marchas, caminatas, signos externos y hasta huelgas de hambre. También, esta resolución positiva para el país es resultado de una lucha de más de 15 años de las comunidades organizadas de la zona norte reunidas en el Frente Norte contra la Minería.
“Costa Rica da una señal al mundo de su verdadero compromiso con el medio ambiente. Nuestro país debe abandonar el doble discurso que han manejado los últimos gobiernos en el tema ambiental, y debe comprometerse de una vez por todas con un modelo de desarrollo, ecológicamente sustentable y autóctono”, manifestó el diputado Claudio Monge, gerente de temas ambientales de la Fracción del PAC.
El fallo del Tribunal Contenciosos Administrativo refuerza la tesis sobre las gravísimas implicaciones ambientales ya la salud humana que provoca la operación de la mina a cielo abierto.
“Nuestro país quiere un modelo de desarrollo que respete al medioambiente y la promoción de un estilo de vida ecológicamente sostenible. La juventud y las futuras generaciones agradecerán mucho esta decisión en favor del ambiente y la vida”, enfatizó Juan Carlos Mendoza, jefe de Fracción.
-----------------------------------------
FRENTE AMPLIO CELEBRA FALLO CONTRA PROYECTO MINERO EN CRUCITAS
• Fallo de Contencioso Administrativo y ley contra minería a cielo abierto le cierra la puerta a Industrias Infinito
La Fracción del Partido Frente Amplio se mostró complacida con el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo y felicitó al movimiento ambiental y social del país, que de forma unida se pronunció siempre en contra del desarrollo minero en Crucitas, el cual amenazaba nuestras fuentes de agua, nuestros bosques y nuestra biodiversidad.
El diputado José María Villalta comentó que “al caerse la concesión de la compañía minera en Crucitas en el tribunal contencioso-administrativo, la transnacional minera no podrá obtener una nueva concesión ni revivir la anulada, pues la reforma al Código de Minería, aprobada el pasado 9 de noviembre, le cerró las puertas a todas las concesiones mineras que están en trámite, en la zona Norte y en el resto del país”.
“El fallo confirma las graves faltas cometidas por el gobierno de Arias en relación a este asunto, tal y como lo habíamos denunciado desde el Partido Frente Amplio. Damos las gracias a los abogados que con un excelente trabajo desenmascararon las patrañas de la compañía minera y damos también las gracias a los jueces por actuar apegados a la justicia” señaló el diputado Villalta.
Edición: Lic. Marcos Chinchilla Montes
Partido Acción Ciudadana
Miércoles 24 de noviembre de 2010
Golpe definitivo al Proyecto Minero Crucitas
Acción Ciudadana celebra fallo histórico en favor del ambiente y la vida
La Fracción del Partido Acción Ciudadana celebra la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo a favor del ambiente y la vida, que evidencia una vez más el grave error en que incurrió la administración de Oscar Arias al declarar de interés público el proyecto de minería a cielo abierto de Crucitas.
Este fallo de los tribunales refleja la voz mayoritaria de los costarricenses que se han manifestado en oposición a la minería en Crucitas a través de marchas, caminatas, signos externos y hasta huelgas de hambre. También, esta resolución positiva para el país es resultado de una lucha de más de 15 años de las comunidades organizadas de la zona norte reunidas en el Frente Norte contra la Minería.
“Costa Rica da una señal al mundo de su verdadero compromiso con el medio ambiente. Nuestro país debe abandonar el doble discurso que han manejado los últimos gobiernos en el tema ambiental, y debe comprometerse de una vez por todas con un modelo de desarrollo, ecológicamente sustentable y autóctono”, manifestó el diputado Claudio Monge, gerente de temas ambientales de la Fracción del PAC.
El fallo del Tribunal Contenciosos Administrativo refuerza la tesis sobre las gravísimas implicaciones ambientales ya la salud humana que provoca la operación de la mina a cielo abierto.
“Nuestro país quiere un modelo de desarrollo que respete al medioambiente y la promoción de un estilo de vida ecológicamente sostenible. La juventud y las futuras generaciones agradecerán mucho esta decisión en favor del ambiente y la vida”, enfatizó Juan Carlos Mendoza, jefe de Fracción.
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FRENTE AMPLIO CELEBRA FALLO CONTRA PROYECTO MINERO EN CRUCITAS
• Fallo de Contencioso Administrativo y ley contra minería a cielo abierto le cierra la puerta a Industrias Infinito
La Fracción del Partido Frente Amplio se mostró complacida con el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo y felicitó al movimiento ambiental y social del país, que de forma unida se pronunció siempre en contra del desarrollo minero en Crucitas, el cual amenazaba nuestras fuentes de agua, nuestros bosques y nuestra biodiversidad.
El diputado José María Villalta comentó que “al caerse la concesión de la compañía minera en Crucitas en el tribunal contencioso-administrativo, la transnacional minera no podrá obtener una nueva concesión ni revivir la anulada, pues la reforma al Código de Minería, aprobada el pasado 9 de noviembre, le cerró las puertas a todas las concesiones mineras que están en trámite, en la zona Norte y en el resto del país”.
“El fallo confirma las graves faltas cometidas por el gobierno de Arias en relación a este asunto, tal y como lo habíamos denunciado desde el Partido Frente Amplio. Damos las gracias a los abogados que con un excelente trabajo desenmascararon las patrañas de la compañía minera y damos también las gracias a los jueces por actuar apegados a la justicia” señaló el diputado Villalta.
Edición: Lic. Marcos Chinchilla Montes
Cierre inminente de muelles privados de Puntarenas a flotas extranjeras que aletean tiburones
Cierre inminente de muelles privados de Puntarenas a flotas extranjeras que aletean tiburones
1 de Diciembre, fecha clave
(25 de noviembre, 2010 - San José, Costa Rica)
Por medio de un comunicado oficial del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG (CP-078-2010), la Ministra Gloria Abrahan Peralta anunció haber alcanzado un acuerdo con el sector pesquero costarricense, para cerrar los muelles privados a las flotas extranjeras a partir del 1 de Diciembre, obligándolos a descargar en el muelle público de Barrio El Carmen, tal y como lo establece la ley. Con esta medida, se estaría cumpliendo con los Artículos 211 y 212 del Reglamento Ley General de Aduanas, los cuales exigen el uso de infraestructura pública para la importación de productos.
Desde Enero del 2006, la Sala Constitucional señaló que al haber omitido dichos artículos el Estado estaba poniendo en grave riesgo a los tiburones debido a su explotación irracional (04-001511-0007-CO), y ordenó tanto al MAG como a Incopesca, Aduanas, Mopt, y Minae, a evitar el uso de muelles que no estuvieran dotados de infraestructura pública, única manera de defender el interés público y asegurar el cumplimiento de las leyes que protegen a los tiburones del aleteo. Este llamado fue secundado por la Contraloría General de la República en Febrero del 2007 (DFOE-PGA-86/2006), y por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa (EXPEDIENTE Nº16.890). Hasta la fecha, las recurridas se han negado a hacer cumplir la ley y los mandatos vinculantes, eximiendo a las flotas extranjeras de cumplir con nuestras leyes nacionales. Al dejar desprotegido el interés público, no solo se favorece el aleteo, sino otras actividades ilegales como tráfico de drogas y trata de esclavos, como ha expuesto debidamente la prensa nacional.
"Aún no estamos celebrando", dijo un escéptico Randall Arauz, Presidente de la organización costarricense Pretoma. "Hemos logrado cerrar los muelles privados a las flotas extranjeras en dos ocasiones, una en el 2004 y otra en el 2007, pero lamentablemente, nuestras autoridades se han confabulado para volverlos a abrir, con tal de no afectar este millonario negocio", denunció Arauz.
Para más información
Tel (506) 2241 5227
Fax (506) 2236 6017
email: info@pretoma.org
website: www.pretoma.org
Pretoma es una Asociación Civil costarricense declarada de Utilidad Pública, y es miembro activo de la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Sociedad Mundial Para la Protección Animal (WSPA)
1 de Diciembre, fecha clave
(25 de noviembre, 2010 - San José, Costa Rica)
Por medio de un comunicado oficial del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG (CP-078-2010), la Ministra Gloria Abrahan Peralta anunció haber alcanzado un acuerdo con el sector pesquero costarricense, para cerrar los muelles privados a las flotas extranjeras a partir del 1 de Diciembre, obligándolos a descargar en el muelle público de Barrio El Carmen, tal y como lo establece la ley. Con esta medida, se estaría cumpliendo con los Artículos 211 y 212 del Reglamento Ley General de Aduanas, los cuales exigen el uso de infraestructura pública para la importación de productos.
Desde Enero del 2006, la Sala Constitucional señaló que al haber omitido dichos artículos el Estado estaba poniendo en grave riesgo a los tiburones debido a su explotación irracional (04-001511-0007-CO), y ordenó tanto al MAG como a Incopesca, Aduanas, Mopt, y Minae, a evitar el uso de muelles que no estuvieran dotados de infraestructura pública, única manera de defender el interés público y asegurar el cumplimiento de las leyes que protegen a los tiburones del aleteo. Este llamado fue secundado por la Contraloría General de la República en Febrero del 2007 (DFOE-PGA-86/2006), y por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa (EXPEDIENTE Nº16.890). Hasta la fecha, las recurridas se han negado a hacer cumplir la ley y los mandatos vinculantes, eximiendo a las flotas extranjeras de cumplir con nuestras leyes nacionales. Al dejar desprotegido el interés público, no solo se favorece el aleteo, sino otras actividades ilegales como tráfico de drogas y trata de esclavos, como ha expuesto debidamente la prensa nacional.
"Aún no estamos celebrando", dijo un escéptico Randall Arauz, Presidente de la organización costarricense Pretoma. "Hemos logrado cerrar los muelles privados a las flotas extranjeras en dos ocasiones, una en el 2004 y otra en el 2007, pero lamentablemente, nuestras autoridades se han confabulado para volverlos a abrir, con tal de no afectar este millonario negocio", denunció Arauz.
Para más información
Tel (506) 2241 5227
Fax (506) 2236 6017
email: info@pretoma.org
website: www.pretoma.org
Pretoma es una Asociación Civil costarricense declarada de Utilidad Pública, y es miembro activo de la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Sociedad Mundial Para la Protección Animal (WSPA)
ANULADA CONCESION MINERA EN LA S CRUCITAS!
ANULADA CONCESION MINERA EN LA S CRUCITAS!
Miércoles 24 de Noviembre de 2010 16:16 El Pregon.org
24 nov | alonso mejía
Al expresidente Oscar Arias y funcionarios de Minas se le abrirá causa judicial por declaratoria de concesión, y a Industrias Infinito por daños ambientales al país
En un día histórico para el país y una tarde de júbilo y de triunfo para las organizaciones y fuerzas vivas de la sociedad civil costarricense que defienden el medioambiente y la vida, hoy a las cuatro de la tarde el Tribunal Contencioso Administrativo con sede en Calle Blancos de Goicoechea, ordenó anular la concesión a la empresa Industrias Infinito para desarrollar el proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos, en la provincia de Alajuela.
Después de casi un mes de juicio, espectativas, maniobras publicitarias de la empresa aludida, y protestas contínuas y huelga de hambre de los ambientalistas, el presidente del Tribunal, Eduardo González Segura, dió lectura de la sentencia en Calle Blancos, para fulminar las pretenciones de la explotación minera en Las Crucitas
Causa judicial contra Oscar Arias
En el fallo de los jueces, además de la prohibición, se recomendó al Ministerio Público abrir una causa judicial al expresidente de la República Óscar Arias Sánchez y a funcionarios de la Dirección de Geología y Minas que declararon de "interés público" el proyecto minero, durante la anterior administración.
El Tribunal Contencioso ordenó además a la empresa Industrias Infinito el pago de una indemnización al país por los daños ambientales causados en la zona, que incluye el arboricidio contra maderas preciosas y básicas para el hábitat de la zona, como las de almendras, del cual se alimentan las lapas verdes, especies en peligro de extinción.
Celebración de ambientalistas
Por su parte, eufóricos y triunfantes ambientalistas de varias organizaciones y ciudadanos de todos los sectores, que nunca se doblegaron en su lucha porque se prohibiera la concesión, hicieron un llamado a la sociedad civil para que esta victoria de los defensores de la vida y el medio ambiente del país. Decenas de ciudadanos que siguieron el juicio en el Tribunal Contensioso Administrativo se dirigen hacia la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro, para celebrar el histórico fallo.
Arias lo firmó y Chinchilla se negó a derogar el decreto
El decreto 34801-MINAET, fue firmado y declarado de "interés nacional" por el expresidente Óscar Arias, para que la empresa Industrias Infinito Gold S.A. explotara la mina Crucitas en Cutris de San Carlos. Desde entonces diferentes organizaciones ambientalistas se opusieron y mantuvieron una férrea lucha contra la explotación de la mina a cielo abierto.
La lucha contra la minería a cielo abierto incluyó numerosas caminatas, marchas de diferentes sectores sociales ; ayuno y luego una huelga de hambre de 26 días que realizaron ciudadanos ambientalistas del Frente Norte de Oposición a las Minería y la Coordinadora Ni Una Sola Mina y que el gobierno de la presidente Chinchilla ignoró.
El Tribunal Contencioso Administrativo acogió la demanda de las organizaciones ambientalistas integrado por un un equipo jurídico de abogados de CEDARENA, de UNOVIDA, y de APREFLOFAS.
Las peticiones de los ciudadanos y organizaciones civiles para que Chinchilla derogara el decreto fueron múltiples. Para entonces, el ministro Vargas declaró que el Ejecutivo no se referiría al caso hasta que el Tribunal Contencioso lo resolviera.
Este Tribunal comenzó el 4 de octubre el juicio cuya resolución se leyó hoy miércoles 24 de noviembre y que falló a favor de las organizaciones ambientalistas
Miércoles 24 de Noviembre de 2010 16:16 El Pregon.org
24 nov | alonso mejía
Al expresidente Oscar Arias y funcionarios de Minas se le abrirá causa judicial por declaratoria de concesión, y a Industrias Infinito por daños ambientales al país
En un día histórico para el país y una tarde de júbilo y de triunfo para las organizaciones y fuerzas vivas de la sociedad civil costarricense que defienden el medioambiente y la vida, hoy a las cuatro de la tarde el Tribunal Contencioso Administrativo con sede en Calle Blancos de Goicoechea, ordenó anular la concesión a la empresa Industrias Infinito para desarrollar el proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos, en la provincia de Alajuela.
Después de casi un mes de juicio, espectativas, maniobras publicitarias de la empresa aludida, y protestas contínuas y huelga de hambre de los ambientalistas, el presidente del Tribunal, Eduardo González Segura, dió lectura de la sentencia en Calle Blancos, para fulminar las pretenciones de la explotación minera en Las Crucitas
Causa judicial contra Oscar Arias
En el fallo de los jueces, además de la prohibición, se recomendó al Ministerio Público abrir una causa judicial al expresidente de la República Óscar Arias Sánchez y a funcionarios de la Dirección de Geología y Minas que declararon de "interés público" el proyecto minero, durante la anterior administración.
El Tribunal Contencioso ordenó además a la empresa Industrias Infinito el pago de una indemnización al país por los daños ambientales causados en la zona, que incluye el arboricidio contra maderas preciosas y básicas para el hábitat de la zona, como las de almendras, del cual se alimentan las lapas verdes, especies en peligro de extinción.
Celebración de ambientalistas
Por su parte, eufóricos y triunfantes ambientalistas de varias organizaciones y ciudadanos de todos los sectores, que nunca se doblegaron en su lucha porque se prohibiera la concesión, hicieron un llamado a la sociedad civil para que esta victoria de los defensores de la vida y el medio ambiente del país. Decenas de ciudadanos que siguieron el juicio en el Tribunal Contensioso Administrativo se dirigen hacia la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro, para celebrar el histórico fallo.
Arias lo firmó y Chinchilla se negó a derogar el decreto
El decreto 34801-MINAET, fue firmado y declarado de "interés nacional" por el expresidente Óscar Arias, para que la empresa Industrias Infinito Gold S.A. explotara la mina Crucitas en Cutris de San Carlos. Desde entonces diferentes organizaciones ambientalistas se opusieron y mantuvieron una férrea lucha contra la explotación de la mina a cielo abierto.
La lucha contra la minería a cielo abierto incluyó numerosas caminatas, marchas de diferentes sectores sociales ; ayuno y luego una huelga de hambre de 26 días que realizaron ciudadanos ambientalistas del Frente Norte de Oposición a las Minería y la Coordinadora Ni Una Sola Mina y que el gobierno de la presidente Chinchilla ignoró.
El Tribunal Contencioso Administrativo acogió la demanda de las organizaciones ambientalistas integrado por un un equipo jurídico de abogados de CEDARENA, de UNOVIDA, y de APREFLOFAS.
Las peticiones de los ciudadanos y organizaciones civiles para que Chinchilla derogara el decreto fueron múltiples. Para entonces, el ministro Vargas declaró que el Ejecutivo no se referiría al caso hasta que el Tribunal Contencioso lo resolviera.
Este Tribunal comenzó el 4 de octubre el juicio cuya resolución se leyó hoy miércoles 24 de noviembre y que falló a favor de las organizaciones ambientalistas
Costa Rica: fallo suspende proyecto de minería a cielo abierto
Costa Rica: fallo suspende proyecto de minería a cielo abierto
Redacción
BBC Mundo
El proceso legal enfrenta a organizaciones ambientalistas con el Estado y una transnacional canadiense.
La Justicia de Costa Rica ordenó este miércoles cancelar la concesión minera del proyecto Las Crucitas, una polémica mina de oro a cielo abierto que pretendía abrirse en el norte del país, cerca de la frontera con Nicaragua.
Un tribunal anuló un decreto del ex presidente Óscar Arias en el que declaraba de "interés público" el proyecto minero Las Crucitas, en el norte del país, y recomendó a la fiscalía abrir causa judicial en contra del ex mandatario y varios funcionarios por esta acción.
Además, los jueces condenaron al Estado y a la transnacional canadiense Infinito Gold, propietaria del proyecto, al pago de una reparación por los daños ambientales provocados por la tala de árboles el año pasado en los trabajos iniciales de apertura de la mina.
La empresa declaró que apelará la sentencia, de un tribunal contencioso administrativo, ante una instancia judicial superior.
clic Lea: Costa Rica innova en la protección del medio ambiente
La controversia
La empresa inició la exploración en la zona de Las Crucitas en 1995, en Cutris de San Carlos, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
El proyecto minero despertó el rechazo de la mayoría de los costarricenses, liderada por organizaciones ecologistas.
Después de que fuera presentado el recurso, otros países latinoeramericanos con proyectos similares mostraron interés por el caso.
El proceso fue iniciado por varias organizaciones ambientalistas como la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas), entre otros, quienes solicitaron que se reviertan tanto los permisos ambientales otorgados para la extracción del oro en la mina, como el decreto del ejecutivo de hace dos años que avaló la minería.
La parte demandante argumentaba que el estudio de viabilidad ambiental no corresponde con el de la concesión minera.
Infinito Gold busca extraer 700.000 onzas de oro a cielo abierto
Los ambientalistas rechazan el proyecto de explotación aurífera pues consideran que se causarán daños irreparables tras la contaminación y erosión del frágil ecosistema.
Esto debido a que este tipo de minería utiliza cianuro y conlleva la tala de árboles, sobre todo del almendro amarillo, variedad en peligro de extinción en Cutris de San Carlos.
Pero el consorcio minero por su parte, asegura que no habrá daños al medio ambiente y el Estado sostiene que el proyecto sólo traerá beneficios económicos para el país.
El gobierno de Costa Rica afirma que el beneficio se derivará del cobro de impuestos y de la inversión comunal de la empresa a cargo del proyecto.
Infinito Gold busca extraer 700.000 onzas de oro a cielo abierto con un valor mercantil que superaría los US$1.000 millones, pero las obras en Las Crucitas se han retrasado unos 23 meses por diferentes problemas legales.
En América Latina
Fue tal el revuelo provocado por el caso que este mes Costa Rica se convirtió en el primer país de Latinoamérica en poner freno a la extracción de minerales a cielo abierto tras la aprobación parlamentaria de la reforma a la Ley de Minería, por considerarla "la forma de minería más devastadora", dijo uno de los diputados que la votó.
Sin embargo, el caso de Las Crucitas no se ve afectado por esta modificación legislativa, al haberse entregado la concesión hace dos años.
A diferencia de las explotaciones subterráneas, las explotaciones mineras a cielo abierto se desarrollan en la superficie del terreno y para su explotación en ocasiones es necesario excavar, a través de explosivos o con medios mecánicos, los terrenos que recubren o rodean la formación geológica que forma el yacimiento.
El fallo de este martes en Costa Rica es observado atentamente por otros países en donde existen controversiales proyectos de minería como Argentina, Perú y Bolivia.
En Argentina se sigue con atención este proceso. La corresponsal de la BBC en ese país Verónica Smink informó que en septiembre el Senado aprobó una Ley de Protección de Glaciares que, se prevé, tendrá un fuerte impacto sobre la actividad minera en el país.
Los ambientalistas señalan que la minería a cielo abierto en las zonas glaciares y periglaciares altera el ecosistema y pone en peligro una de las principales fuentes de agua dulce, pero la iniciativa fue duramente criticada por las provincias que dependen en gran medida de la minería como fuente de empleo y de riquezas.
Entre tanto en Perú se espera que la economía crezca este año cerca de 9%, cifra en su mayoría derivada de la actividad minera, pero el país al igual que Bolivia no escapa a la controversia que rodea algunos proyectos auríferos.
Redacción
BBC Mundo
El proceso legal enfrenta a organizaciones ambientalistas con el Estado y una transnacional canadiense.
La Justicia de Costa Rica ordenó este miércoles cancelar la concesión minera del proyecto Las Crucitas, una polémica mina de oro a cielo abierto que pretendía abrirse en el norte del país, cerca de la frontera con Nicaragua.
Un tribunal anuló un decreto del ex presidente Óscar Arias en el que declaraba de "interés público" el proyecto minero Las Crucitas, en el norte del país, y recomendó a la fiscalía abrir causa judicial en contra del ex mandatario y varios funcionarios por esta acción.
Además, los jueces condenaron al Estado y a la transnacional canadiense Infinito Gold, propietaria del proyecto, al pago de una reparación por los daños ambientales provocados por la tala de árboles el año pasado en los trabajos iniciales de apertura de la mina.
La empresa declaró que apelará la sentencia, de un tribunal contencioso administrativo, ante una instancia judicial superior.
clic Lea: Costa Rica innova en la protección del medio ambiente
La controversia
La empresa inició la exploración en la zona de Las Crucitas en 1995, en Cutris de San Carlos, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
El proyecto minero despertó el rechazo de la mayoría de los costarricenses, liderada por organizaciones ecologistas.
Después de que fuera presentado el recurso, otros países latinoeramericanos con proyectos similares mostraron interés por el caso.
El proceso fue iniciado por varias organizaciones ambientalistas como la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas), entre otros, quienes solicitaron que se reviertan tanto los permisos ambientales otorgados para la extracción del oro en la mina, como el decreto del ejecutivo de hace dos años que avaló la minería.
La parte demandante argumentaba que el estudio de viabilidad ambiental no corresponde con el de la concesión minera.
Infinito Gold busca extraer 700.000 onzas de oro a cielo abierto
Los ambientalistas rechazan el proyecto de explotación aurífera pues consideran que se causarán daños irreparables tras la contaminación y erosión del frágil ecosistema.
Esto debido a que este tipo de minería utiliza cianuro y conlleva la tala de árboles, sobre todo del almendro amarillo, variedad en peligro de extinción en Cutris de San Carlos.
Pero el consorcio minero por su parte, asegura que no habrá daños al medio ambiente y el Estado sostiene que el proyecto sólo traerá beneficios económicos para el país.
El gobierno de Costa Rica afirma que el beneficio se derivará del cobro de impuestos y de la inversión comunal de la empresa a cargo del proyecto.
Infinito Gold busca extraer 700.000 onzas de oro a cielo abierto con un valor mercantil que superaría los US$1.000 millones, pero las obras en Las Crucitas se han retrasado unos 23 meses por diferentes problemas legales.
En América Latina
Fue tal el revuelo provocado por el caso que este mes Costa Rica se convirtió en el primer país de Latinoamérica en poner freno a la extracción de minerales a cielo abierto tras la aprobación parlamentaria de la reforma a la Ley de Minería, por considerarla "la forma de minería más devastadora", dijo uno de los diputados que la votó.
Sin embargo, el caso de Las Crucitas no se ve afectado por esta modificación legislativa, al haberse entregado la concesión hace dos años.
A diferencia de las explotaciones subterráneas, las explotaciones mineras a cielo abierto se desarrollan en la superficie del terreno y para su explotación en ocasiones es necesario excavar, a través de explosivos o con medios mecánicos, los terrenos que recubren o rodean la formación geológica que forma el yacimiento.
El fallo de este martes en Costa Rica es observado atentamente por otros países en donde existen controversiales proyectos de minería como Argentina, Perú y Bolivia.
En Argentina se sigue con atención este proceso. La corresponsal de la BBC en ese país Verónica Smink informó que en septiembre el Senado aprobó una Ley de Protección de Glaciares que, se prevé, tendrá un fuerte impacto sobre la actividad minera en el país.
Los ambientalistas señalan que la minería a cielo abierto en las zonas glaciares y periglaciares altera el ecosistema y pone en peligro una de las principales fuentes de agua dulce, pero la iniciativa fue duramente criticada por las provincias que dependen en gran medida de la minería como fuente de empleo y de riquezas.
Entre tanto en Perú se espera que la economía crezca este año cerca de 9%, cifra en su mayoría derivada de la actividad minera, pero el país al igual que Bolivia no escapa a la controversia que rodea algunos proyectos auríferos.
miércoles, 24 de noviembre de 2010
PRONUNCIAMIENTO DEL COLECTIVO COSTARRICENSE DE PSICOLOGIA DE LA LIBERACION
PRONUNCIAMIENTO
1. Consideramos que es evidente que las acciones, los discursos políticos,
los aciertos y los desaciertos que hemos visto durante las últimas semanas
se asientan sobre una controversia que tiene hondas raíces históricas, y que
evidencia la carencia de mecanismos al más alto nivel para tratar con la
debida atención asuntos sensibles para ambos Estados, lo que a todas luces
nos resulta inaceptable. Es justo y necesario, que se proceda, lo más pronto
posible, a delimitar debidamente la frontera entre ambos países, para evitar
complicaciones futuras. Cuesta entender por qué no se ha hecho antes.
2. Esta disputa ha sido manejada de forma tal que se han generado emociones
negativas, de innecesario antagonismo, evidenciando expresiones muy
peligrosas de xenofobia. Alertamos, como lo han hecho otros sectores, contra
los nacionalismos agresivos y los discursos patrioteros que incitan al odio
o a la violencia. Algunos medios de comunicación masiva, desgraciadamente,
han sido responsables, en buena medida, del desarrollo de estas tendencias.
3. La crisis ha evidenciado, por otro lado, la situación de vulnerabilidad
en que se encuentran miles de nicaragüenses que han migrado a nuestro país
para resolver su sobrevivencia económica. Estas vidas desplazadas, que han
registrado sufrimiento y todo tipo de situaciones personales y familiares
complicadas, no pueden visualizarse como chivos expiatorios, o como piezas a
mover en estrategias de confrontación, y, tampoco, como factores meramente
económicos a contemplar en los cálculos políticos. También debemos resaltar
que desde hace ya mucho tiempo miles de personas procedentes de ese lado de
la frontera se han integrado a la vida económica, social y cultural de Costa
Rica, haciendo importantes aportes, lo que hace que el fomento de
antagonismos entre los pueblos sea todavía más absurdo y nocivo.
4. Consideramos acertado, a como están las cosas al día de hoy, que la
disputa territorial se dirima mediante los mecanismos establecidos por el
derecho internacional, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sin
agravamiento de las tensiones por parte de los gobiernos con desplazamientos
o movimientos de elementos armados, o con discursos incendiarios. Esto no
debe excluir, de manera alguna, el tratamiento por ambos Estados de otros
asuntos que tienen en común. No queremos, como Colectivo, conflictos y odios
entre nuestros pueblos, pero tampoco queremos conflictos desbordados entre
nuestros gobiernos, ya que estos suelen, irremediablemente, arrastrar a los
pueblos, que son los que ponen las cuotas de dolor.
5. Lo que ha sucedido en estos días demuestra, por otro lado, las grandes
carencias que tenemos en lo que se refiere al encuentro cultural,
científico, social, ambiental, entre nuestros dos pueblos, que harían mucho
más difícil que se exacerbe la xenofobia o el nacionalismo agresivo. Creemos
que esto es un asunto que atañe a todos los sectores, y que debemos hacer
mayores esfuerzos en aras de la integración con nuestros hermanos y hermanas
nicaragüenses, en diálogos y encuentros con equidad y espíritu de
colaboración. Tenemos mucho que compartir, tenemos mucho que aportar los
unos a los otros. Si esgrimimos banderas, en este contexto, que sean
aquellas que mejor caracterizan las mejores tradiciones pacifistas y de
amistad que están presentes en el sentir de grandes sectores de nuestro
pueblo.
6. Alertamos del peligro que entraña que este diferendo quiera ser
aprovechado geopolíticamente por otros países o fuerzas políticas. Los dos
gobiernos de Costa Rica y de Nicaragua deben, a nuestro juicio, hacer todos
los esfuerzos por resolver sus diferencias sin intervención de terceros, y
las disputas que persistan deben ser resueltas, como hemos dicho, por las
instancias del derecho internacional. Son peligrosos, y sumamente
desafortunados, los llamados que han hecho algunos para que haya
intervención de fuerzas militares extranjeras, acción que solo desgracias
puede traer a ambos pueblos. No queremos, además, ser fichas en juegos
geopolíticos con peligrosos componentes militares.
7. Alertamos, así mismo, acerca de las intenciones ya manifiestas en algunos
sectores de querer aprovechar la situación para empujar al país, a nuestro
pueblo, en dirección de la militarización. Consideramos sumamente peligrosos
los llamados a desarrollar el derecho militar, por ejemplo, o a formar,
directamente, un ejército, con la excusa de enfrentar situaciones como la
acaecida. Esto solo puede agravar los problemas y conducir al país, que
enfrenta desafíos tan serios, en una dirección que lo desvía de su
trayectoria histórica y que significaría mayores desgracias para nuestro
pueblo.
8. Independiente de la situación territorial, hay serias implicaciones
ecológicas en las acciones tomadas por el gobierno nicaragüense, y estas
deben ser objeto de una atención intensa por parte de sectores ecologistas y
la opinión pública de ambos países, haciendo las denuncias y gestiones
pertinentes, que tienen todo nuestro apoyo. Esto no puede tomarse, sin
embargo, como excusa para desviar la atención acerca del daño ecológico que
ha sido auspiciado por el gobierno actual y el anterior dirigido por los
Arias en proyectos como Crucitas, o para desviar la atención de otras
situaciones cuestionadas fuertemente por la opinión pública, como lo que
concierne a "Autopistas del Sol", donde también se han dado serios daños
ecológicos. Nos preocupa sobremanera, en este contexto, las declaraciones
agresivas emitidas en San Carlos por la Sra. Presidenta de la Republica en
contra de activistas ecologistas costarricenses.
9. Otro aspecto a considerar es el daño humano causado a las poblaciones
fronterizas históricamente caracterizado por el abandono político. En ambas
fronteras la miseria de nuestro pueblo es evidente y este daño también debe
ser motivo de compromiso serio de parte del gobierno y de todos los
gobiernos de turno.
Desde el Colectivo Costarricense de Psicología de la Liberación hacemos un
llamado a la resolución pacífica de los diferendos territoriales con
Nicaragua, y alertamos contra la xenofobia y el exacerbamiento de
nacionalismos agresivos en ambos lados de la frontera. Deploramos, también,
los intentos de quienes, aprovechando la situación, buscan avanzar en una
agenda de militarización del país e intervención militar extranjera. Esa
agenda está en marcha, y debemos oponernos a ella. Así mismo, llamamos a
enfrentar con decisión las acciones lesivas a la ecología en la región.
San José, 22 de noviembre, 2010.
Tomado de: Juventud-FA.
1. Consideramos que es evidente que las acciones, los discursos políticos,
los aciertos y los desaciertos que hemos visto durante las últimas semanas
se asientan sobre una controversia que tiene hondas raíces históricas, y que
evidencia la carencia de mecanismos al más alto nivel para tratar con la
debida atención asuntos sensibles para ambos Estados, lo que a todas luces
nos resulta inaceptable. Es justo y necesario, que se proceda, lo más pronto
posible, a delimitar debidamente la frontera entre ambos países, para evitar
complicaciones futuras. Cuesta entender por qué no se ha hecho antes.
2. Esta disputa ha sido manejada de forma tal que se han generado emociones
negativas, de innecesario antagonismo, evidenciando expresiones muy
peligrosas de xenofobia. Alertamos, como lo han hecho otros sectores, contra
los nacionalismos agresivos y los discursos patrioteros que incitan al odio
o a la violencia. Algunos medios de comunicación masiva, desgraciadamente,
han sido responsables, en buena medida, del desarrollo de estas tendencias.
3. La crisis ha evidenciado, por otro lado, la situación de vulnerabilidad
en que se encuentran miles de nicaragüenses que han migrado a nuestro país
para resolver su sobrevivencia económica. Estas vidas desplazadas, que han
registrado sufrimiento y todo tipo de situaciones personales y familiares
complicadas, no pueden visualizarse como chivos expiatorios, o como piezas a
mover en estrategias de confrontación, y, tampoco, como factores meramente
económicos a contemplar en los cálculos políticos. También debemos resaltar
que desde hace ya mucho tiempo miles de personas procedentes de ese lado de
la frontera se han integrado a la vida económica, social y cultural de Costa
Rica, haciendo importantes aportes, lo que hace que el fomento de
antagonismos entre los pueblos sea todavía más absurdo y nocivo.
4. Consideramos acertado, a como están las cosas al día de hoy, que la
disputa territorial se dirima mediante los mecanismos establecidos por el
derecho internacional, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sin
agravamiento de las tensiones por parte de los gobiernos con desplazamientos
o movimientos de elementos armados, o con discursos incendiarios. Esto no
debe excluir, de manera alguna, el tratamiento por ambos Estados de otros
asuntos que tienen en común. No queremos, como Colectivo, conflictos y odios
entre nuestros pueblos, pero tampoco queremos conflictos desbordados entre
nuestros gobiernos, ya que estos suelen, irremediablemente, arrastrar a los
pueblos, que son los que ponen las cuotas de dolor.
5. Lo que ha sucedido en estos días demuestra, por otro lado, las grandes
carencias que tenemos en lo que se refiere al encuentro cultural,
científico, social, ambiental, entre nuestros dos pueblos, que harían mucho
más difícil que se exacerbe la xenofobia o el nacionalismo agresivo. Creemos
que esto es un asunto que atañe a todos los sectores, y que debemos hacer
mayores esfuerzos en aras de la integración con nuestros hermanos y hermanas
nicaragüenses, en diálogos y encuentros con equidad y espíritu de
colaboración. Tenemos mucho que compartir, tenemos mucho que aportar los
unos a los otros. Si esgrimimos banderas, en este contexto, que sean
aquellas que mejor caracterizan las mejores tradiciones pacifistas y de
amistad que están presentes en el sentir de grandes sectores de nuestro
pueblo.
6. Alertamos del peligro que entraña que este diferendo quiera ser
aprovechado geopolíticamente por otros países o fuerzas políticas. Los dos
gobiernos de Costa Rica y de Nicaragua deben, a nuestro juicio, hacer todos
los esfuerzos por resolver sus diferencias sin intervención de terceros, y
las disputas que persistan deben ser resueltas, como hemos dicho, por las
instancias del derecho internacional. Son peligrosos, y sumamente
desafortunados, los llamados que han hecho algunos para que haya
intervención de fuerzas militares extranjeras, acción que solo desgracias
puede traer a ambos pueblos. No queremos, además, ser fichas en juegos
geopolíticos con peligrosos componentes militares.
7. Alertamos, así mismo, acerca de las intenciones ya manifiestas en algunos
sectores de querer aprovechar la situación para empujar al país, a nuestro
pueblo, en dirección de la militarización. Consideramos sumamente peligrosos
los llamados a desarrollar el derecho militar, por ejemplo, o a formar,
directamente, un ejército, con la excusa de enfrentar situaciones como la
acaecida. Esto solo puede agravar los problemas y conducir al país, que
enfrenta desafíos tan serios, en una dirección que lo desvía de su
trayectoria histórica y que significaría mayores desgracias para nuestro
pueblo.
8. Independiente de la situación territorial, hay serias implicaciones
ecológicas en las acciones tomadas por el gobierno nicaragüense, y estas
deben ser objeto de una atención intensa por parte de sectores ecologistas y
la opinión pública de ambos países, haciendo las denuncias y gestiones
pertinentes, que tienen todo nuestro apoyo. Esto no puede tomarse, sin
embargo, como excusa para desviar la atención acerca del daño ecológico que
ha sido auspiciado por el gobierno actual y el anterior dirigido por los
Arias en proyectos como Crucitas, o para desviar la atención de otras
situaciones cuestionadas fuertemente por la opinión pública, como lo que
concierne a "Autopistas del Sol", donde también se han dado serios daños
ecológicos. Nos preocupa sobremanera, en este contexto, las declaraciones
agresivas emitidas en San Carlos por la Sra. Presidenta de la Republica en
contra de activistas ecologistas costarricenses.
9. Otro aspecto a considerar es el daño humano causado a las poblaciones
fronterizas históricamente caracterizado por el abandono político. En ambas
fronteras la miseria de nuestro pueblo es evidente y este daño también debe
ser motivo de compromiso serio de parte del gobierno y de todos los
gobiernos de turno.
Desde el Colectivo Costarricense de Psicología de la Liberación hacemos un
llamado a la resolución pacífica de los diferendos territoriales con
Nicaragua, y alertamos contra la xenofobia y el exacerbamiento de
nacionalismos agresivos en ambos lados de la frontera. Deploramos, también,
los intentos de quienes, aprovechando la situación, buscan avanzar en una
agenda de militarización del país e intervención militar extranjera. Esa
agenda está en marcha, y debemos oponernos a ella. Así mismo, llamamos a
enfrentar con decisión las acciones lesivas a la ecología en la región.
San José, 22 de noviembre, 2010.
Tomado de: Juventud-FA.
martes, 23 de noviembre de 2010
Libertarios impiden avance de proyecto de ley para combatir morosidad patronal y fortalecer a la CCSS
Libertarios impiden avance de proyecto de ley para combatir morosidad patronal y fortalecer a la CCSS
El Movimiento Libertario bloqueó la votación en segundo debate de un proyecto de ley que fortalece a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), al mejorar sustancialmente sus herramientas para combatir la evasión y la morosidad patronal en el pago de las contribuciones a la seguridad social (Expediente 16.209), al presentar una moción de avocación en la Comisión Plena donde se tramita.
Según explicó el Diputado José María Villalta este proyecto “busca combatir una de las principales causas del creciente deterioro de los servicios de salud que presta la CCSS: la vergonzosa y millonaria deuda que tanto el Estado costarricense como patronos inescrupulosos mantienen con dicha institución”.
Informó el Diputado Villalta que esta iniciativa fue presentada en la legislatura anterior por el Frente Amplio, a través de José Merino del Río, y denunció el bloqueo libertario, que en su opinión busca proteger a quienes evaden sus compromisos con la CCSS y procuran la destrucción de la seguridad social, al considerar que representa “un excesivo costo para el patrono y no, como en realidad es, una inversión social”.
El legislador frenteamplista manifestó que los libertarios están en contra de extender las obligaciones, “a los terceros cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será solidariamente responsable por su inobservancia”, siendo un texto que se apoya en el criterio de la CCSS, que en su momento expresó “que la redacción propuesta por la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera contribuye al control de la evasión y la morosidad de la CCSS”.
Dio a conocer también el Diputado Villalta el criterio de la Contraloría General de la República sobre este particular, en apoyo de la reforma: “…Estima este órgano contralor que la iniciativa legislativa de comentario es oportuna y conveniente, ya que llena una vacío en esta materia en relación con los subcontratistas”.
En aras de fortalecer la lucha contra la morosidad patronal, el proyecto reforma el artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS para mejorar la aplicación del mecanismo de control cruzado que impide a patronos morosos contratar con el Estado, tramitar licencias u obtener beneficios como exoneraciones de impuestos. “Estamos hablando de miles de millones de colones”, dijo, ya que la evasión patronal sólo del sector privado, según los Estados Financieros de la CCSS, a julio de 2010, alcanza la suma de ¢178.335.538.584 colones.
Edición: Lic. Marcos Chinchilla Montes
Fuente: Rupturas 23-11-2010
rupturas@googlegroups.com
http://groups.google.co.cr/group/rupturas
El Movimiento Libertario bloqueó la votación en segundo debate de un proyecto de ley que fortalece a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), al mejorar sustancialmente sus herramientas para combatir la evasión y la morosidad patronal en el pago de las contribuciones a la seguridad social (Expediente 16.209), al presentar una moción de avocación en la Comisión Plena donde se tramita.
Según explicó el Diputado José María Villalta este proyecto “busca combatir una de las principales causas del creciente deterioro de los servicios de salud que presta la CCSS: la vergonzosa y millonaria deuda que tanto el Estado costarricense como patronos inescrupulosos mantienen con dicha institución”.
Informó el Diputado Villalta que esta iniciativa fue presentada en la legislatura anterior por el Frente Amplio, a través de José Merino del Río, y denunció el bloqueo libertario, que en su opinión busca proteger a quienes evaden sus compromisos con la CCSS y procuran la destrucción de la seguridad social, al considerar que representa “un excesivo costo para el patrono y no, como en realidad es, una inversión social”.
El legislador frenteamplista manifestó que los libertarios están en contra de extender las obligaciones, “a los terceros cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será solidariamente responsable por su inobservancia”, siendo un texto que se apoya en el criterio de la CCSS, que en su momento expresó “que la redacción propuesta por la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera contribuye al control de la evasión y la morosidad de la CCSS”.
Dio a conocer también el Diputado Villalta el criterio de la Contraloría General de la República sobre este particular, en apoyo de la reforma: “…Estima este órgano contralor que la iniciativa legislativa de comentario es oportuna y conveniente, ya que llena una vacío en esta materia en relación con los subcontratistas”.
En aras de fortalecer la lucha contra la morosidad patronal, el proyecto reforma el artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS para mejorar la aplicación del mecanismo de control cruzado que impide a patronos morosos contratar con el Estado, tramitar licencias u obtener beneficios como exoneraciones de impuestos. “Estamos hablando de miles de millones de colones”, dijo, ya que la evasión patronal sólo del sector privado, según los Estados Financieros de la CCSS, a julio de 2010, alcanza la suma de ¢178.335.538.584 colones.
Edición: Lic. Marcos Chinchilla Montes
Fuente: Rupturas 23-11-2010
rupturas@googlegroups.com
http://groups.google.co.cr/group/rupturas
lunes, 22 de noviembre de 2010
Contra Piña Tóxica en Santa Rosa de Guápiles
Contra Piña Tóxica en Santa Rosa de Guápiles
Fuente: radiomundoreal.fm
Daños ambientales, sociales y de salud pública en la zona Caribe de Costa Rica ante el avance del monocultivo
La comunidad de Santa Rosa de Guápiles en el Caribe costarricense intenta frenar la expansión del monocultivo de la piña a manos de empresas frutícolas. Radio Mundo Real recogió testimonios de pobladores que vienen compartiendo información y no avalan la instalación de una finca Piñera.
En Costa Rica el monocultivo de la piña ha generado graves daños ambientales y sociales. Esta actividad agroindustrial tuvo un crecimiento explosivo del 600% en los últimos nueve años, pasando a ser de las actividades económicas más presentes en el país centroamericano.
Uno de los casos más emblemáticos se encuentra en las comunidades del Cairo, Luiciana y la Francia de Siquirres. Una de las subsidiarias de la transnacional Del Monte, es responsable de la contaminación de la fuente de agua de estas comunidades.
Agua racionada
Actualmente estas poblaciones reciben, desde hace tres años, agua en camiones cisterna al verse contaminadas sus fuentes tradicionales de agua. Cada dos días, estos camiones pasan repartiendo agua potable debido a que el líquido que sale del grifo está contaminado por el herbicida llamado Bromacil.
Además, la expansión Piñera ha traído aparejadas consecuencias sobre la agricultura campesina y la ganadería, debido a la plaga de la mosca (Stomoxys calcitrans) que ataca a los animales en un radio de 10 kilómetros, picándolos y alimentándose de su sangre. Esta plaga se genera por el mal manejo de los desechos de la cosecha de la piña, produciendo disminución en el peso del ganado hasta de un kilo en cada animal al día.
Por esta razón, vecinos de la comunidad de Santa Rosa de la Rita se oponen a la instalación de una finca productora cuya dimensión tendría 280 hectáreas. Esta actividad que pretende realizar la empresa Piñas Tropicales GAC S.A. se basa en la falsificación de información, entre otros aspectos para la aprobación social del proyecto.
En efecto, la compañía presentó un Plan de Gestión Ambiental y un Informe Socioeconómico ante las autoridades del Estado donde aduce que la comunidad fue consultada, situación que los vecinos consideran un engaño por parte de la empresa.
Radio Mundo Real conversó con algunos miembros de la comunidad luego de una reunión efectuada el día sábado 20 de noviembre en la zona para analizar los documentos presentados por la compañía.
Tal es el caso de Fernando Agüero Valverde, para quien resulta clara la inconveniencia del cultivo industrial de la piña tomando como ejemplo las experiencias de poblaciones vecinas.
"La piña en monocultivo", insiste Fernando, "trae aparejadas plagas y enfermedades que han afectado la salud de las poblaciones cercanas donde este cultivo ha ido ganando terreno".
No es el primer intento de esta empresa en instalar el monocultivo. En la finca de 280 hectáreas se han secado lagunas y humedales incrementando la vulnerabilidad a inundaciones de las casas vecinas, así como un impacto negativo sobre su única fuente de agua.
Julio Valverde Quiroz, agricultor de la zona que produce en forma orgánica desde hace quince años, nos comenta por su parte sobre estos impactos que ya están sufriendo ante monocultivos como el piñero y el coquero.
La propia plaza central de su comunidad, la escuela, el salón comunal y hasta el templo religioso se verían afectados por la instalación de esta finca, relata Julio.
Fuente: radiomundoreal.fm
Daños ambientales, sociales y de salud pública en la zona Caribe de Costa Rica ante el avance del monocultivo
La comunidad de Santa Rosa de Guápiles en el Caribe costarricense intenta frenar la expansión del monocultivo de la piña a manos de empresas frutícolas. Radio Mundo Real recogió testimonios de pobladores que vienen compartiendo información y no avalan la instalación de una finca Piñera.
En Costa Rica el monocultivo de la piña ha generado graves daños ambientales y sociales. Esta actividad agroindustrial tuvo un crecimiento explosivo del 600% en los últimos nueve años, pasando a ser de las actividades económicas más presentes en el país centroamericano.
Uno de los casos más emblemáticos se encuentra en las comunidades del Cairo, Luiciana y la Francia de Siquirres. Una de las subsidiarias de la transnacional Del Monte, es responsable de la contaminación de la fuente de agua de estas comunidades.
Agua racionada
Actualmente estas poblaciones reciben, desde hace tres años, agua en camiones cisterna al verse contaminadas sus fuentes tradicionales de agua. Cada dos días, estos camiones pasan repartiendo agua potable debido a que el líquido que sale del grifo está contaminado por el herbicida llamado Bromacil.
Además, la expansión Piñera ha traído aparejadas consecuencias sobre la agricultura campesina y la ganadería, debido a la plaga de la mosca (Stomoxys calcitrans) que ataca a los animales en un radio de 10 kilómetros, picándolos y alimentándose de su sangre. Esta plaga se genera por el mal manejo de los desechos de la cosecha de la piña, produciendo disminución en el peso del ganado hasta de un kilo en cada animal al día.
Por esta razón, vecinos de la comunidad de Santa Rosa de la Rita se oponen a la instalación de una finca productora cuya dimensión tendría 280 hectáreas. Esta actividad que pretende realizar la empresa Piñas Tropicales GAC S.A. se basa en la falsificación de información, entre otros aspectos para la aprobación social del proyecto.
En efecto, la compañía presentó un Plan de Gestión Ambiental y un Informe Socioeconómico ante las autoridades del Estado donde aduce que la comunidad fue consultada, situación que los vecinos consideran un engaño por parte de la empresa.
Radio Mundo Real conversó con algunos miembros de la comunidad luego de una reunión efectuada el día sábado 20 de noviembre en la zona para analizar los documentos presentados por la compañía.
Tal es el caso de Fernando Agüero Valverde, para quien resulta clara la inconveniencia del cultivo industrial de la piña tomando como ejemplo las experiencias de poblaciones vecinas.
"La piña en monocultivo", insiste Fernando, "trae aparejadas plagas y enfermedades que han afectado la salud de las poblaciones cercanas donde este cultivo ha ido ganando terreno".
No es el primer intento de esta empresa en instalar el monocultivo. En la finca de 280 hectáreas se han secado lagunas y humedales incrementando la vulnerabilidad a inundaciones de las casas vecinas, así como un impacto negativo sobre su única fuente de agua.
Julio Valverde Quiroz, agricultor de la zona que produce en forma orgánica desde hace quince años, nos comenta por su parte sobre estos impactos que ya están sufriendo ante monocultivos como el piñero y el coquero.
La propia plaza central de su comunidad, la escuela, el salón comunal y hasta el templo religioso se verían afectados por la instalación de esta finca, relata Julio.
Pronunciamiento de la Rectora de la Rectora de la Universidad de Costa Rica en torno al Conflicto Río San Juan
Pronunciamiento de la Rectora de
la Universidad de Costa Rica
Ante el conflicto provocado por los trabajos del dragado del Río San Juan, que han tensado injustificada e innecesariamente las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, como Rectora de la Benemérita Universidad de Costa Rica, me siento en la obligación de expresar lo siguiente:
1. Como es conocido, el Tratado Cañas-Jerez (1858), la Convención de Límites Matus-Pacheco (1896), y los Laudos Cleveland (1888) y Alexander (1887, 1888, 1889 y 1900), así como el último fallo de la Corte Internacional de Justicia (2009), indican claramente que la soberanía de y el sumo imperio sobre el Río San Juan pertenece a Nicaragua. Sobre este aspecto fundamental no hay discusión, como tampoco sobre la pertenencia de la soberanía de la Isla Calero a Costa Rica. Hasta ahora dicha soberanía no había sido cuestionada por Nicaragua.
2. El Gobierno de la República ha demandado, con justa razón, el retiro inmediato de los efectivos del Ejército de Nicaragua que han ocupado una porción de esa Isla. Ante la negativa de las autoridades nicaragüenses, el Gobierno costarricense llevó el asunto a conocimiento de la Organización de Estados Americanos, con los resultados conocidos. Sin embargo, al momento de emitir este pronunciamiento no se había producido el retiro de los efectivos militares, ni el inicio de un diálogo binacional que permita arribar a una resolución definitiva de esta situación.
3. Costa Rica y Nicaragua, por el hecho de tener una frontera común, necesitan mantener las mejores relaciones posibles, en la búsqueda del bienestar para sus pueblos. Ambas naciones comparten valores, raíces étnicas y muchos rasgos culturales y tienen una larga historia de cooperación y hermandad, que obliga a quienes encabezan transitoriamente los gobiernos, de uno y otro lado, a actuar con responsabilidad histórica. Ni el cálculo político oportunista, ni las ambiciones personalistas o de grupos de poder económico y político, deben prevalecer por encima de las demandas legítimas de paz y mayor desarrollo social para ambos pueblos.
4. Es muy fácil caer en el discurso patriotero, destinado a provocar la movilización y los comportamientos irracionales, que muchas veces terminan en tragedias, como lo ha mostrado la historia de la humanidad, sobre todo en el Siglo XX. Los gobiernos, la institucionalidad estatal y las organizaciones de la sociedad civil están en la obligación de buscar salidas negociadas a los conflictos entre países, evitando los enfrentamientos abiertos y haciendo uso de los mecanismos internacionales diseñados para la resolución de diferendos entre naciones. No hay otro camino posible, sobre todo para países como los nuestros, ya de por sí enfrentados a graves problemas internos. En particular, en el caso costarricense, es una pena que este asunto nos obligue a distraer la atención nacional, que debe estar centrada en la reparación urgente de los daños provocados por los efectos de los huracanes Nicole y Tomas, y en el alivio inmediato de las personas y familias que perdieron sus casas y haberes, y muchas de ellas también a familiares y amigos.
5. Por otra parte, dado que a ambos lados de la frontera las poblaciones están entre las más pobres y abandonadas, en una zona de rica biodiversidad pero de gran vulnerabilidad ambiental, el desarrollo de proyectos de bienestar económico y social debería estar entre las prioridades de ambos gobiernos. No a la provocación, la construcción y escalada de conflictos, que en nada favorecen a los habitantes de la zona, cuyas relaciones de cooperación se remontan a los inicios de estas sociedades y por tanto, deberían ser imitadas por gobiernos e instituciones. Si bien el Río San Juan es de Nicaragua, lacuenca del mismo es binacional y por tanto lo que en él se haga, necesariamente repercute positivamente o negativamente en las poblaciones y en el ambiente natural de la región.
6. Frente a este escenario la Universidad de Costa Rica aspira, tal y como lo establecen sus políticas institucionales, a fomentar, “…tanto en la comunidad universitaria como en los ámbitos nacional e internacional, una cultura de paz que propicie el desarrollo de nuevas formas de solución de conflictos y una ética basada en el ejercicio de los derechos humanos”.
7. Por lo tanto, en ejercicio de mis potestades como Rectora de la Universidad de Costa Rica, me permito:
a. Apoyar al gobierno de Costa Rica, encabezado por la Presidenta Laura Chinchilla, en la búsqueda de un diálogo bilateral con el Gobierno de Nicaragua y en la continuación del uso de los instrumentos del Derecho Internacional, como únicas soluciones posibles al conflicto.
b. Instar al Gobierno de la República a no cejar en la atención de los graves problemas internos agravados por los impactos de los fenómenos naturales.
c. Expresar la preocupación por el manejo exacerbado de las diferencias hecho por algunos miembros de la prensa de ambos países, que alientan sentimientos patrioteros y xenófobos en la población.
d. Hacer un llamado a los rectores de las universidades públicas nicaragüenses: Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua y UNAN-León) y Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, para que, en conjunto con las universidades públicas costarricenses, propiciemos un ambiente favorable al diálogo bilateral entre ambos gobiernos y fomentemos espacios de convivencia entre hermanos costarricenses y nicaragüenses. Con ese fin, las rectoras y los rectores de las cuatro universidades públicas costarricenses estaremos viajando mañana lunes a Nicaragua para sostener conversaciones con los colegas de esas casas de estudio.
e. Ofrecer al gobierno costarricense el espacio universitario para el planteamiento y discusión de políticas de desarrollo fronterizo binacional, que mejoren la calidad de vida de los habitantes y las condiciones ambientales de la cuenca del Río San Juan.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, 21 de noviembre de 2010
Dra. Yamileth González García
Rectora
la Universidad de Costa Rica
Ante el conflicto provocado por los trabajos del dragado del Río San Juan, que han tensado injustificada e innecesariamente las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, como Rectora de la Benemérita Universidad de Costa Rica, me siento en la obligación de expresar lo siguiente:
1. Como es conocido, el Tratado Cañas-Jerez (1858), la Convención de Límites Matus-Pacheco (1896), y los Laudos Cleveland (1888) y Alexander (1887, 1888, 1889 y 1900), así como el último fallo de la Corte Internacional de Justicia (2009), indican claramente que la soberanía de y el sumo imperio sobre el Río San Juan pertenece a Nicaragua. Sobre este aspecto fundamental no hay discusión, como tampoco sobre la pertenencia de la soberanía de la Isla Calero a Costa Rica. Hasta ahora dicha soberanía no había sido cuestionada por Nicaragua.
2. El Gobierno de la República ha demandado, con justa razón, el retiro inmediato de los efectivos del Ejército de Nicaragua que han ocupado una porción de esa Isla. Ante la negativa de las autoridades nicaragüenses, el Gobierno costarricense llevó el asunto a conocimiento de la Organización de Estados Americanos, con los resultados conocidos. Sin embargo, al momento de emitir este pronunciamiento no se había producido el retiro de los efectivos militares, ni el inicio de un diálogo binacional que permita arribar a una resolución definitiva de esta situación.
3. Costa Rica y Nicaragua, por el hecho de tener una frontera común, necesitan mantener las mejores relaciones posibles, en la búsqueda del bienestar para sus pueblos. Ambas naciones comparten valores, raíces étnicas y muchos rasgos culturales y tienen una larga historia de cooperación y hermandad, que obliga a quienes encabezan transitoriamente los gobiernos, de uno y otro lado, a actuar con responsabilidad histórica. Ni el cálculo político oportunista, ni las ambiciones personalistas o de grupos de poder económico y político, deben prevalecer por encima de las demandas legítimas de paz y mayor desarrollo social para ambos pueblos.
4. Es muy fácil caer en el discurso patriotero, destinado a provocar la movilización y los comportamientos irracionales, que muchas veces terminan en tragedias, como lo ha mostrado la historia de la humanidad, sobre todo en el Siglo XX. Los gobiernos, la institucionalidad estatal y las organizaciones de la sociedad civil están en la obligación de buscar salidas negociadas a los conflictos entre países, evitando los enfrentamientos abiertos y haciendo uso de los mecanismos internacionales diseñados para la resolución de diferendos entre naciones. No hay otro camino posible, sobre todo para países como los nuestros, ya de por sí enfrentados a graves problemas internos. En particular, en el caso costarricense, es una pena que este asunto nos obligue a distraer la atención nacional, que debe estar centrada en la reparación urgente de los daños provocados por los efectos de los huracanes Nicole y Tomas, y en el alivio inmediato de las personas y familias que perdieron sus casas y haberes, y muchas de ellas también a familiares y amigos.
5. Por otra parte, dado que a ambos lados de la frontera las poblaciones están entre las más pobres y abandonadas, en una zona de rica biodiversidad pero de gran vulnerabilidad ambiental, el desarrollo de proyectos de bienestar económico y social debería estar entre las prioridades de ambos gobiernos. No a la provocación, la construcción y escalada de conflictos, que en nada favorecen a los habitantes de la zona, cuyas relaciones de cooperación se remontan a los inicios de estas sociedades y por tanto, deberían ser imitadas por gobiernos e instituciones. Si bien el Río San Juan es de Nicaragua, lacuenca del mismo es binacional y por tanto lo que en él se haga, necesariamente repercute positivamente o negativamente en las poblaciones y en el ambiente natural de la región.
6. Frente a este escenario la Universidad de Costa Rica aspira, tal y como lo establecen sus políticas institucionales, a fomentar, “…tanto en la comunidad universitaria como en los ámbitos nacional e internacional, una cultura de paz que propicie el desarrollo de nuevas formas de solución de conflictos y una ética basada en el ejercicio de los derechos humanos”.
7. Por lo tanto, en ejercicio de mis potestades como Rectora de la Universidad de Costa Rica, me permito:
a. Apoyar al gobierno de Costa Rica, encabezado por la Presidenta Laura Chinchilla, en la búsqueda de un diálogo bilateral con el Gobierno de Nicaragua y en la continuación del uso de los instrumentos del Derecho Internacional, como únicas soluciones posibles al conflicto.
b. Instar al Gobierno de la República a no cejar en la atención de los graves problemas internos agravados por los impactos de los fenómenos naturales.
c. Expresar la preocupación por el manejo exacerbado de las diferencias hecho por algunos miembros de la prensa de ambos países, que alientan sentimientos patrioteros y xenófobos en la población.
d. Hacer un llamado a los rectores de las universidades públicas nicaragüenses: Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua y UNAN-León) y Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, para que, en conjunto con las universidades públicas costarricenses, propiciemos un ambiente favorable al diálogo bilateral entre ambos gobiernos y fomentemos espacios de convivencia entre hermanos costarricenses y nicaragüenses. Con ese fin, las rectoras y los rectores de las cuatro universidades públicas costarricenses estaremos viajando mañana lunes a Nicaragua para sostener conversaciones con los colegas de esas casas de estudio.
e. Ofrecer al gobierno costarricense el espacio universitario para el planteamiento y discusión de políticas de desarrollo fronterizo binacional, que mejoren la calidad de vida de los habitantes y las condiciones ambientales de la cuenca del Río San Juan.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, 21 de noviembre de 2010
Dra. Yamileth González García
Rectora
jueves, 18 de noviembre de 2010
Foro UNATROPYT
Estimados compañeros y compañeras:
Los Sindicatos UNATROPYT, AIC, APROMOT y COMUNA están llevando a cabo un foro en la sala de la AIC- MOPT, la Asociación de Ingeniero Civiles de MOPT ubicada en el plantel central al costado este de plaza González Víquez, el 19 de noviembre del 2010 a las 8:00 a 1: 00 pm.
Donde se trataran temas como:
1. Impacto Social, Laboral y Económico
2. Análisis de las Leyes 8828, 8839 y 8801
3. El proyecto de ley denominado “Primera Ley Especial Para La Transferencia De Competencias: Atencion De La Red Vial”
4. Acción de Inconstitucionalidad
5. Acciones a seguir por el movimiento Sindical.
Confirmar la asistencia al correo Unatropyt@hotmail.com
al Teléfono 22239500 y
al fax 22560982.
Los Sindicatos UNATROPYT, AIC, APROMOT y COMUNA están llevando a cabo un foro en la sala de la AIC- MOPT, la Asociación de Ingeniero Civiles de MOPT ubicada en el plantel central al costado este de plaza González Víquez, el 19 de noviembre del 2010 a las 8:00 a 1: 00 pm.
Donde se trataran temas como:
1. Impacto Social, Laboral y Económico
2. Análisis de las Leyes 8828, 8839 y 8801
3. El proyecto de ley denominado “Primera Ley Especial Para La Transferencia De Competencias: Atencion De La Red Vial”
4. Acción de Inconstitucionalidad
5. Acciones a seguir por el movimiento Sindical.
Confirmar la asistencia al correo Unatropyt@hotmail.com
al Teléfono 22239500 y
al fax 22560982.
Tópicos: El dragado y nuestra inocencia política
http://costaricahoy.info/opinion/foro/topicos-el-dragado-y-nuestra-inocencia-politica/73616/
Tópicos: El dragado y nuestra inocencia política
Claudio Alpízar Otoya
Politólogo
Quiero empezar estas líneas con una frase que utilice en mi última publicación: un país sin ejercito ésta obligado a tener el mejor cuerpo diplomático para que represente y defienda sus intereses a nivel internacional.
Los primeros días del conflicto generado por el dragado del Río San Juan desnudaron a nuestra Cancillería en su falta de estrategia y tácticas. Empezamos dando “palos de ciego”, nos mostramos inocentes en un proyecto que hace años Nicaragua viene trabajando y tramando con socios regionales. El manejo tecnócrata que se le quiso dar al asunto no fue el apropiado para un tema que es político, y que gracias al redireccionamiento, lobby y disertación del Embajador Enrique Castillo terminó dándole a Costa Rica un sufrido triunfó político, pero el asunto no ha acabado.
No debemos obviar que por la coyuntura en que se encuentra la Organización de Estados Americanos (OEA), la aprobación por 22 naciones del proyecto de solución al conflicto planteado por su Presidente y la Secretaría General, le dio a Insulza y al organismo un soplo de aire, de respecto y de aprecio de los estados americanos para mantener vivo este importante foro.
Costa Rica por su carencia de fuerzas militares debe ser el país de la región más interesado en recuperar el papel protagónico de la OEA, un escenario propicio para dilucidar los conflictos regionales. Creo que la decisión de acudir a esta instancia como primer paso de solución al conflicto fue correcta. El principio de excepción en la toma de decisiones indica que no se debe pasar a una instancia superior si existen otras previas en las cuales hay autoridad formal para tomar decisiones, además, fue un escenario propicio para mostrar a Costa Rica como nación respetuosa del ordenamiento y la legalidad regional.
No debemos olvidar que la eliminación del ejercito en Costa Rica (1949) en mucho se sustento en el respaldo con nuestra firma (1948) al Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), por medio del cual los países de la región se comprometen a asistir a sus pares en caso del ataque por fuerzas militares de otra nación. Ahora bien, si el conflicto se entraba en la OEA el país podría subir el tema a la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero con la fortaleza que le da la razón y el respeto a un debido proceso internacional, así como el sustento de no haber pisoteado ni menospreciado el papel del organismo regional. No es a una nación que cree en la paz, el diálogo y la desmilitarización a la que le toca rechazar estas instancias, todo lo contrario, debe promoverlas y fortalecerlas.
Tampoco son los estudiantes y las escuelas -como obcecadamente algunos repiten- el ejército de Costa Rica. Esa frase bonita denota una gran irresponsabilidad al poner a nuestros niños y adolescentes delante de una responsabilidad que compete a los adultos. Nuestro “ejército” debe ser un extraordinario cuerpo diplomático que tenga “brazo” político y legal para las diversas situaciones que se puedan presentar.
La participación y la experiencia de Embajador Castillo así lo demostraron. Fue él quien desde un principio -en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores- debió asumir el papel nacional en la OEA; tal y como lo hizo Nicaragua con su embajador Denis Moncada. Reservando el papel del Canciller y del Presidente(a) para otras instancias mayores. Nosotros desde el principio quemamos todas nuestras “candelas”, dichosamente el Embajador Castillo y su cuerpo de asesores retomaron el protagonismo y camino correcto.
Además, si se prevé que el asunto puede llegar a la ONU, desde ahora debemos prepararnos. Pues ese escenario es más duro, sumado al cambió de Embajador que se hizo hace algunos meses y quien reconociera su falta de experiencia en estas lides, podría llevarnos de nuevo a un escenario complicado por falta de pericia política.
Las autoridades de Nicaragua están decididas a desprestigiar a nuestro país en cualquier escenario, en eso son muy hábiles. Han estado vendiendo la idea de que es falsa la ausencia de fuerzas armadas en Costa Rica; que nuestras autoridades se prestan para el trasiego de drogas en la frontera compartida; y que nuestro discurso ecológico es hipócrita al ser los “culpables” del deterioro del río San Juan, de lo que culpan al volcán Arenal, al río Colorado y a la minería en Crucitas.
Debemos recordar la “inocente” marcha de nicaragüenses que caminaron desde su país hasta el nuestro, para apoyar a los grupos ambientalistas nacionales en su lucha contra la minería abierta, una solapada solidaridad que preparaba el terreno para culparnos de sus desvaríos.
En Costa Rica dormimos con el enemigo, y no son los nicaragüenses que han migrado a trabajar a esta tierra, son propios costarricenses que se prestan para un juego ideológico sin sentido, y que lo anteponen a los interés nacionales. Muestra de ello fueron las asambleas en la OEA, en las cuales el embajador Moncada fue nutrido de datos, documentos y videos facilitados por fuentes de información a lo interno de nuestro país, y aliados con los intereses del Alba. Así que dejemos de pecar de inocentes. Y esto va para nuestras actuales autoridades ejecutivas que han coqueteado y se han mostrado débiles y complacientes con gobiernos de naciones que no simpatizan con nuestra forma de vivir y de ver la democracia.
Desde mediados del 2008, cuando el encargado de comprar la draga, Edén Pastora, tuvo la negativa del gobierno de los Estados Unidos para darle visa para que la comprara en ese país, dijo: “Estoy seguro que el presidente Chávez me va a vender, a prestar, a dar el crédito o me va a regalar la draga y me ayudará a resolver este problema de quitar tres millones de metros cúbicos de lodo y arena que impide la navegación en 32 de los 189 kilómetros del río”. En aquel momento aseguró que mucha de la culpa de los problemas se debía a los ríos afluentes costarricenses, y denominó la obra como “Regrésenme mis aguas”.
Por favor, pensar que este tema es un asunto solo de reelección para el Presidente Daniel Ortega, muestra a aquellos que así piensan con una inocencia política pasmosa, puesto que hay grandes intereses turísticos, hidroeléctricos, de energía eólica, en fin económicos, que son válidos en Nicaragua y están en su derecho de hacer como nación soberana que son. Empero, que algunos actores particulares nicaragüenses y de otras naciones quieren desarrollar en detrimento de la soberanía y la imagen de Costa Rica. Recomendación: en política es mejor pasar y ser juzgado por suspicaz que por inocente.
Tópicos: El dragado y nuestra inocencia política
Claudio Alpízar Otoya
Politólogo
Quiero empezar estas líneas con una frase que utilice en mi última publicación: un país sin ejercito ésta obligado a tener el mejor cuerpo diplomático para que represente y defienda sus intereses a nivel internacional.
Los primeros días del conflicto generado por el dragado del Río San Juan desnudaron a nuestra Cancillería en su falta de estrategia y tácticas. Empezamos dando “palos de ciego”, nos mostramos inocentes en un proyecto que hace años Nicaragua viene trabajando y tramando con socios regionales. El manejo tecnócrata que se le quiso dar al asunto no fue el apropiado para un tema que es político, y que gracias al redireccionamiento, lobby y disertación del Embajador Enrique Castillo terminó dándole a Costa Rica un sufrido triunfó político, pero el asunto no ha acabado.
No debemos obviar que por la coyuntura en que se encuentra la Organización de Estados Americanos (OEA), la aprobación por 22 naciones del proyecto de solución al conflicto planteado por su Presidente y la Secretaría General, le dio a Insulza y al organismo un soplo de aire, de respecto y de aprecio de los estados americanos para mantener vivo este importante foro.
Costa Rica por su carencia de fuerzas militares debe ser el país de la región más interesado en recuperar el papel protagónico de la OEA, un escenario propicio para dilucidar los conflictos regionales. Creo que la decisión de acudir a esta instancia como primer paso de solución al conflicto fue correcta. El principio de excepción en la toma de decisiones indica que no se debe pasar a una instancia superior si existen otras previas en las cuales hay autoridad formal para tomar decisiones, además, fue un escenario propicio para mostrar a Costa Rica como nación respetuosa del ordenamiento y la legalidad regional.
No debemos olvidar que la eliminación del ejercito en Costa Rica (1949) en mucho se sustento en el respaldo con nuestra firma (1948) al Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), por medio del cual los países de la región se comprometen a asistir a sus pares en caso del ataque por fuerzas militares de otra nación. Ahora bien, si el conflicto se entraba en la OEA el país podría subir el tema a la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero con la fortaleza que le da la razón y el respeto a un debido proceso internacional, así como el sustento de no haber pisoteado ni menospreciado el papel del organismo regional. No es a una nación que cree en la paz, el diálogo y la desmilitarización a la que le toca rechazar estas instancias, todo lo contrario, debe promoverlas y fortalecerlas.
Tampoco son los estudiantes y las escuelas -como obcecadamente algunos repiten- el ejército de Costa Rica. Esa frase bonita denota una gran irresponsabilidad al poner a nuestros niños y adolescentes delante de una responsabilidad que compete a los adultos. Nuestro “ejército” debe ser un extraordinario cuerpo diplomático que tenga “brazo” político y legal para las diversas situaciones que se puedan presentar.
La participación y la experiencia de Embajador Castillo así lo demostraron. Fue él quien desde un principio -en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores- debió asumir el papel nacional en la OEA; tal y como lo hizo Nicaragua con su embajador Denis Moncada. Reservando el papel del Canciller y del Presidente(a) para otras instancias mayores. Nosotros desde el principio quemamos todas nuestras “candelas”, dichosamente el Embajador Castillo y su cuerpo de asesores retomaron el protagonismo y camino correcto.
Además, si se prevé que el asunto puede llegar a la ONU, desde ahora debemos prepararnos. Pues ese escenario es más duro, sumado al cambió de Embajador que se hizo hace algunos meses y quien reconociera su falta de experiencia en estas lides, podría llevarnos de nuevo a un escenario complicado por falta de pericia política.
Las autoridades de Nicaragua están decididas a desprestigiar a nuestro país en cualquier escenario, en eso son muy hábiles. Han estado vendiendo la idea de que es falsa la ausencia de fuerzas armadas en Costa Rica; que nuestras autoridades se prestan para el trasiego de drogas en la frontera compartida; y que nuestro discurso ecológico es hipócrita al ser los “culpables” del deterioro del río San Juan, de lo que culpan al volcán Arenal, al río Colorado y a la minería en Crucitas.
Debemos recordar la “inocente” marcha de nicaragüenses que caminaron desde su país hasta el nuestro, para apoyar a los grupos ambientalistas nacionales en su lucha contra la minería abierta, una solapada solidaridad que preparaba el terreno para culparnos de sus desvaríos.
En Costa Rica dormimos con el enemigo, y no son los nicaragüenses que han migrado a trabajar a esta tierra, son propios costarricenses que se prestan para un juego ideológico sin sentido, y que lo anteponen a los interés nacionales. Muestra de ello fueron las asambleas en la OEA, en las cuales el embajador Moncada fue nutrido de datos, documentos y videos facilitados por fuentes de información a lo interno de nuestro país, y aliados con los intereses del Alba. Así que dejemos de pecar de inocentes. Y esto va para nuestras actuales autoridades ejecutivas que han coqueteado y se han mostrado débiles y complacientes con gobiernos de naciones que no simpatizan con nuestra forma de vivir y de ver la democracia.
Desde mediados del 2008, cuando el encargado de comprar la draga, Edén Pastora, tuvo la negativa del gobierno de los Estados Unidos para darle visa para que la comprara en ese país, dijo: “Estoy seguro que el presidente Chávez me va a vender, a prestar, a dar el crédito o me va a regalar la draga y me ayudará a resolver este problema de quitar tres millones de metros cúbicos de lodo y arena que impide la navegación en 32 de los 189 kilómetros del río”. En aquel momento aseguró que mucha de la culpa de los problemas se debía a los ríos afluentes costarricenses, y denominó la obra como “Regrésenme mis aguas”.
Por favor, pensar que este tema es un asunto solo de reelección para el Presidente Daniel Ortega, muestra a aquellos que así piensan con una inocencia política pasmosa, puesto que hay grandes intereses turísticos, hidroeléctricos, de energía eólica, en fin económicos, que son válidos en Nicaragua y están en su derecho de hacer como nación soberana que son. Empero, que algunos actores particulares nicaragüenses y de otras naciones quieren desarrollar en detrimento de la soberanía y la imagen de Costa Rica. Recomendación: en política es mejor pasar y ser juzgado por suspicaz que por inocente.
Siguiendo con lo interesante...Explicación interesante
El objetivo es que entendamos un poco más la posición de Nicaragua y así poder conversar acerca de las causas de este conflicto. Este es un problema Sencillo de difícil Solución. Pero entre todos podemos lograrlo. Lo que no se dice acerca de la posición de Nicaragua en el Conflicto con Costa Rica
http://www.youtube.com/watch?v=Eca7QrC8Ns0
http://www.youtube.com/watch?v=Eca7QrC8Ns0
Reflexiones sobre el Río San Juan
Reflexiones iniciales sobre los eventos sucedidos recientemente en el Río San Juan:
1. El control sobre una isla fluvial no justifica la militarización de una relación entre dos países.
2. La máquina que se está utilizando para dragar el Río San Juan no tiene capacidad para hacer daño alguno que los mismos ticos no hayan infligido ya sobre el río y su cuenca.
2. Un río es más que el lecho y el agua que corre sobre él.
3. Costa Rica no necesita de la ayuda de Israel ni de nadie más para que nos proteja (a propósito de los comentarios de Luis Liberman). Lo que necesitamos es diplomacia de alto nivel con gente preparada.
4. La relación entre Costa Rica no debe militarizarse. En todo caso, es preferible entregar la isla hasta que Ortega ceda ante la presión internacional; antes de aceptar cualquier tipo de ayuda extranjera de
tipo bélico.
5. La xenofobia debe rechazarse en todos los ámbitos de nuestra vida. No debemos permitir que la agresión verbal o física se legitime a partir de las muy desafortunadas decisiones de Daniel Ortega y su
gobierno.
6. Los ticos debemos reflexionar acerca de nuestra relación con los nicaragüenses: responsabilidades, experiencias y esperanzas compartidas.
7. Corolario: No se debe plantear el “conflicto” como uno donde habrán ganadores y perdedores: O ganamos todos, o perdemos todos.
8. En el pasado los costarricenses hemos compartido y colaborado mutuamente; recordemos entre otras, el terremoto de Managüa de 1972 y la lucha contra Somoza. La solidaridad debe ser el norte que oriente nuestras acciones.
9. Los ticos y los nicas somos vecinos. Compartimos no solo una frontera, sino también calles y alamedas, parques, escuelas, hospitales y aceras; hogares, familias y tradiciones. La realidad se impone, esta relación es indisoluble y debemos construirla responsablemente todos los días.
Mauricio Herrera R.
Grupo "BOLETIN APROEES"
1. El control sobre una isla fluvial no justifica la militarización de una relación entre dos países.
2. La máquina que se está utilizando para dragar el Río San Juan no tiene capacidad para hacer daño alguno que los mismos ticos no hayan infligido ya sobre el río y su cuenca.
2. Un río es más que el lecho y el agua que corre sobre él.
3. Costa Rica no necesita de la ayuda de Israel ni de nadie más para que nos proteja (a propósito de los comentarios de Luis Liberman). Lo que necesitamos es diplomacia de alto nivel con gente preparada.
4. La relación entre Costa Rica no debe militarizarse. En todo caso, es preferible entregar la isla hasta que Ortega ceda ante la presión internacional; antes de aceptar cualquier tipo de ayuda extranjera de
tipo bélico.
5. La xenofobia debe rechazarse en todos los ámbitos de nuestra vida. No debemos permitir que la agresión verbal o física se legitime a partir de las muy desafortunadas decisiones de Daniel Ortega y su
gobierno.
6. Los ticos debemos reflexionar acerca de nuestra relación con los nicaragüenses: responsabilidades, experiencias y esperanzas compartidas.
7. Corolario: No se debe plantear el “conflicto” como uno donde habrán ganadores y perdedores: O ganamos todos, o perdemos todos.
8. En el pasado los costarricenses hemos compartido y colaborado mutuamente; recordemos entre otras, el terremoto de Managüa de 1972 y la lucha contra Somoza. La solidaridad debe ser el norte que oriente nuestras acciones.
9. Los ticos y los nicas somos vecinos. Compartimos no solo una frontera, sino también calles y alamedas, parques, escuelas, hospitales y aceras; hogares, familias y tradiciones. La realidad se impone, esta relación es indisoluble y debemos construirla responsablemente todos los días.
Mauricio Herrera R.
Grupo "BOLETIN APROEES"
Proyecto Hidroeléctrico Brito
Dos artículos sobre este tema tan importante y tan relacionado con el conflicto con el Río San Juan....
http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2010/09/19/nacionales/132306
Científico advierte sobre letalidad del megaproyecto hidroeléctrico Brito
Réquiem a Río San Juan
* Salvador Montenegro, del CIRA-UNAN, alerta sobre peligros que se avistan sobre dos de los principales afluentes del país: el río y el Gran Lago
* Se trata de poner una presa que detenga el flujo de las aguas del San Juan, para luego enviarlas por medio de unas turbinas por un canal que partiría el istmo de Rivas
* Desastre ecológico, económico y social, bendecido por la actual administración, que pretende recuperar soberanía con un dragado que no serviría de nada sin afluente actual
JOSÉ ADÁN SILVA Y LUIS GALEANO
A Salvador Montenegro Guillén no le cabe el papel de bromista. Sinceramente un científico como él, de aspecto adusto y cara siempre grave, no tiene gracia para el humor. Por eso en vez de risa, lo que causa es escalofrío al soltar sus dos perlas de humor negro: Nicaragua no tiene por qué preocuparse por la contaminación del proyecto minero Las Crucitas ni por el dragado del Río San Juan.
--¿Por qué profesor?-- Se le pregunta. Y la respuesta da ganas de llorar: “Porque pronto no habría río San Juan que contaminar, ni cauce que dragar”.
El director fundador del CIRA-UNAN, lleva meses de preocupación por lo que él considera “la mayor amenaza nunca vista al futuro del país”: el proyecto hidroeléctrico Brito.
Avalado por actual administración
Este proyecto, con el aval del Ministerio de Energías y Minas, MEM, contempla la construcción de una muralla sobre el río San Juan, antes de El Castillo, llamada “Presa San Isidro”, cerca de la desembocadura del río Sábalo, y otra sobre el río Brito, en el istmo de Rivas, llamada “embalse Miramar”, usando como fuente de regulación las aguas del Lago de Nicaragua.
Se estima, de acuerdo con la información oficial disponible en la página del MEM, que su potencia de producción energética sería de 250 megavatios. El costo de inversión está estimado en 600 millones de dólares, en un tiempo de cuatro años y con apoyo de una importante firma brasileña.
Para el caso del San Juan, esta obra regulará el nivel del Lago de Nicaragua mediante la construcción de una muralla de concreto de 10 metros de altura y 400 metros de ancho, localizada aguas abajo de la desembocadura del río Sábalos, a 58 kilómetros de San Carlos.
Sobre el río Brito, en el sitio conocido como Miramar, se construirá una presa de enrocado y tierra con una longitud de 735 metros y una altura de 37 metros sobre el nivel del mar. Esta presa creará un embalse regulador de 16 kilómetros cuadrados donde se instalarán la planta eléctrica compuesta por 4 unidades –turbinas y sistema—productoras de 62.5 megavatios.
Esta pared hará que las aguas del lago, que se descargan naturalmente al Caribe a través del río San Juan, se frenen en su ruta, aumenten el nivel de agua del Cocibolca y eso llenaría la represa Miramar, donde funcionarían las turbinas gigantes que generarán la energía.
El agua usada en el proceso, será lanzada al mar Pacífico en la zona de San Juan del Sur, a un volumen de 600 metros cúbicos por segundo a través de un canal de 17.2 kilómetros, administrado por los inversionistas.
La panacea maldita
“La obra la venden bien bonita, como la panacea para liberar al país de la dependencia de la energía térmica o combustibles fósiles como el petróleo. Pero detrás de esa magia que nos ofrecen, está la destrucción de todo el ecosistema del río San Juan y miles de afectaciones al lago y sus cuencas”, advierte Montenegro.
El científico dice que la obra no es nueva. Sus estudios iniciaron en los años 70 y para finales de 1978 el gobierno de Somoza pensaba buscar financiamiento para construir la obra. La guerra civil de 1979 y la salida del régimen acabaron con el proyecto hasta que en 2007, con el regreso del presidente Daniel Ortega al poder, y en alianza con Brasil, se volviera a tocar el tema.
“Ustedes que tienen la oportunidad de llegar a todos lados: díganle al país que estamos a las puertas de un desastre sin antecedentes y sin solución, una vez que todo empiece, todo se perderá para siempre”, advierte el científico como quien ve el fin del mundo a la vuelta de la esquina.
Cálculos de hace más de 30 años
Según él, los estudios del proyecto se basan en un cálculo de caudal del lago al río San Juan, de 500 metros cúbicos por segundo, realizado en 1977.
“Eso se calculó hace 35 años. El país era otro, el caudal era otro, no estábamos tan deforestados y las cuencas estaban más activas. Ahora todos sabemos que la sequía es continúa en todo el país, que la deforestación ha llevado un ritmo de 77 mil hectáreas de bosque por año y que estas lluvias e inundaciones, son una excepción, un fenómeno temporal”, dijo Montenegro.
“Esos 250 megavatios dependen de los 500 metros cúbicos por segundo calculados tres décadas atrás, y quizá no se logre hoy sostener ni la mitad ni del agua, mucho menos generar ese volumen de electricidad. El ejemplo de lo que ha sido en realidad la generación hidroeléctrica de Apanás, comparado con las alegres promesas de su diseño, ilustra este mismo caso. ¡Vamos mal desde la entrada!”, exclamó.
¿Cuáles serían los efectos posibles del dique o presa sobre el río San Juan? Aguas abajo de la muralla de 10 metros de altura, que sería construida en algún sitio cercano a la desembocadura del Río Sábalos antes de El Castillo, el hilo de agua que quede solamente volverá a recuperar caudal navegable muchos kilómetros adelante, quizá 30 kilómetros, hasta recibir las aguas de los grandes ríos costarricenses Sarapiquí y San Carlos.
¿Dragado para qué?
“Con algo de humor negro, la ventaja será que a la altura de Las Crucitas no tendremos que preocuparnos por la contaminación de nuestro río San Juan, por la mina canadiense en territorio tico, porque no tendremos ya río en ese sector, solamente otro cauce intermitente. Y del mismo modo ¿dragado para qué? Sería mejor una carretera”, dijo irónicamente.
El dragado del río San Juan, que tiene como objetivo recuperar su caudal histórico, iniciaría a finales de este mes, según Edén Pastora, a quien el presidente Daniel Ortega le orientó esa tarea con fines de reafirmar nuestra soberanía, pero esa obra no tendría sentido al llevarse adelante el proyecto Brito.
El proceso de dragado contempla evacuar tres millones de metros cúbicos de arena que se han sedimentando en el lecho del cuerpo de agua. Este trabajo se realizará en una extensión de 30 kilómetros hasta la desembocadura, desde El Delta- sitio donde las aguas del afluente se están desviando hacia el río Colorado de Costa Rica- hasta el San Juan del Norte, según ha explicado en múltiples ocasiones Pastora.
“La desembocadura no puede ser en río Colorado, tiene que ser en la bahía de Punta Castilla donde lo establecen los tratados, el Laudo Cleveland, un punto en el cual nos hemos puesto de acuerdo con los costarricenses”, ha sido el discurso de Pastora.
“Con la cortina, dique o presa prevista, la navegación no resultará posible para los lugareños o el turismo, aún con esclusas, innecesarias como veremos. Los esfuerzos del gobierno de Nicaragua de resolver el problema de navegación mediante la limpieza o dragado del delta del río, quedan convertidos en inútiles, ya que inevitablemente disminuirá al mínimo el flujo del río, porque el proyecto excluye entre otras opciones, el uso múltiple del río San Juan”, indicó Montenegro.
“Uno de los estandartes del desarrollo turístico, la Ruta del Agua, llegará hasta el sitio de presa. Igualmente grave, el gobierno que ha levantado dignamente nuestra bandera de soberanía en el río San Juan, no podrá impedir que esta soberanía quede fraccionada aguas abajo del sitio de la presa, relegando a la población nacional local –estimada en unas 50 mil personas-- a todavía un mayor aislamiento, y empujada cada vez más a buscar soluciones en Costa Rica”, advirtió el científico.
Proyecto Brito va viento en popa
El proyecto hidroeléctrico Brito, estimado a concretarse en el año 2015, sería el de mayor de su tipo del país en términos de generación eléctrica, con un máximo de 250 megavatios de potencia. De acuerdo al discurso oficial, con eso se cubriría la mitad de la demanda energética actual del país.
El plan energético va viento en popa. El Ministerio de Energía y Minas (MEM), dirigido por Emilio de Jesús Rappaccioli Baltodano, a través del acuerdo ministerial No.09 DGERR-09-2010, extendió la licencia provisional a un consorcio empresarial privado, para realizar los estudios de factibilidad en la zona del río Brito, cercano a la cuenca del Lago Cocibolca.
La licencia tiene validez por un período de 20 meses y especifica la “ejecución de investigaciones de campo”, para el estudio de factibilidad del proyecto hidroeléctrico.
A finales de febrero de 2009, el MEM firmó un acuerdo de intenciones con el Grupo Andrade Gutiérrez, empresa brasileña que está interesada en el desarrollo de Brito. Rappaccioli aseguró entonces que un estudio preliminar que presentó la empresa, destacaba que el proyecto era “factible técnicamente y financieramente atractivo”.
El proyecto se suma al “Tumarín”, que ejecuta la también empresa brasileña Peiros Galvao, en la cuenca del río Tuma, en Matagalpa, con capacidad de 160 megavatios, finalizado a finales de 2012.
“Estos dos proyectos son un importante avance en la generación de energía renovable, en el cambio de la matriz energética de Nicaragua, para acabar con el predominio de la generación a base de búnker o fuel oil”, expresó el ministro Rapacciolli, durante el acto de la formalización del acuerdo.
“Somos una empresa con 60 años de existencia y estamos jugando el papel de colaboradores del Gobierno y estamos satisfechos de invertir en Nicaragua", indicó Ronaldo Alves Pereira, representante de la empresa Andrade-Gutiérrez.
A la fecha, la empresa ha realizado estudios de factibilidad, estudios económicos financieros y ha creado, formalmente, la constitución de la empresa de propósito específico (EPE) en Nicaragua, con el nombre de Empresa Hidroeléctrica Brito (Hidrobrito).
También ha avanzado en el desarrollo del texto de Ley Específica para su presentación al MEM. Han recopilado información especializada en Ineter y tienen lista la contratación de consultores ambientales para el Estudio de Impacto Ambiental. Hidrobrito contrató al equipo ERM / F&A para la elaboración del estudio de impacto ambiental del Proyecto.
Solicitaron el Permiso Ambiental Categoría I. Sometido el 8 de junio de 2010 que incluyó el formulario, perfil del proyecto y documentación legal pertinente.
El 25 de junio de 2010 se hizo una presentación del proyecto a la Comisión Interinstitucional del Gobierno de Nicaragua. Los inversionistas y la comisión nicaragüense hicieron una visita de campo a la zona de Rivas del 5 al 7 de Julio de 2010, a la zonas de Rivas, y Río San Juan, con visitas a las alcaldías de Tola, El Castillo y San Carlos. Ya iniciaron una consulta previa en agosto pasado, con autoridades municipales y dueños de tierras en dos municipios de Río San Juan.
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http://www.nacion.com/2010-11-17/Opinion/Foro/Opinion2592578.aspx
El megaproyecto Brito: negocio de fondo de los políticos nicas
Los daños ambientales del mega-proyecto Brito deben ser el motivo de nuestra lucha
Guillermo Quirós Álvarez Oceanógrafo Físico oceano@ice.co.cr
La actual disputa por la isla Calero es solo el inicio del problema de fondo. El gobierno sandinista y sus socios venezolanos, con fondos del BCIE, pretenden desviar el 90% de las aguas del río San Juan hacia la vertiente del Pacífico, convirtiendo a su paso el lago Cocibolca en una enorme represa hidroeléctrica, que proporcionará 1,130 gigavatios (GW) de potencia anual. Ese es el gran negocio oculto, que, a espaldas del propio ordenamiento legal nica, pretenden imponer a fuerza de mentiras y fuego.
La actual disputa por la isla Calero es solo el inicio del problema de fondo. El gobierno sandinista y sus socios venezolanos, con fondos del BCIE, pretenden desviar el 90% de las aguas del río San Juan hacia la vertiente del Pacífico, convirtiendo a su paso el lago Cocibolca en una enorme represa hidroeléctrica, que proporcionará 1,130 gigavatios (GW) de potencia anual. Ese es el gran negocio oculto, que, a espaldas del propio ordenamiento legal nica, pretenden imponer a fuerza de mentiras y fuego.
Días atrás, el columnista Daniel Flores de El Nuevo Diario de Nicaragua, voz oficial del gobierno sandinista, denunció públicamente la falta de licitaciones y la génesis espuria venezolana del capital de trabajo, con respecto a la ejecución apresurada del proyecto hidroeléctrico Brito, que planea utilizar las aguas del río San Juan. Y como dentro de ese marco Pastora y sus secuaces del Ejército han invadido Costa Rica, me di a la tarea de conseguir copia oficial del proyecto, el cual, para mi sorpresa, involucra daños y perjuicios ambientales de enorme magnitud para nuestro país y que nuestro pueblo y Gobierno deben conocer.
Después de la lectura del documento oficial de la empresa consultora contratada por el gobierno sandinista Andrade-Gutiérrez (publicado en Nicaragua, junio 2010), se deriva que el dragado del actual cauce del río San Juan frente a la isla Calero, constituye tan solo una distracción política temporal, vinculada al miniproyecto que aprovechará el caudal ecológico que dejarán al río San Juan hacia su desembocadura caribeña.
Esfuerzo desesperado. Y como bien analiza el Dr. Astorga el pasado domingo: http://www.nacion.com/2010-11-14/Opinion/Foro/Opinion2588598.aspx, la agresión actual es un esfuerzo desesperado por darle vigencia a la apropiación indebida de la esquina noreste de nuestro territorio, única alternativa hidrológica que permitiría la estabilidad de una represa hidroeléctrica frente a isla Calero, que, de construirse del lado nica, frente a San Juan del Norte, terminarían por ahogar en sedimento pocos años después las corrientes marinas que circulan de norte hacia el sur. Por eso, sus asesores en hidráulica –obviamente extranjeros–, les han recomendado como única solución construir la represa en isla Calero –justo donde deforestaron–, para proteger sus intereses al abrigo de la laguna Los Portillos, en territorio tico.
El gran proyecto planea construir una represa a la altura de El Castillo, a 57 km al este del desaguadero del Lago, sobre el cauce del río, la cual devuelve el 90% del caudal que proviene de ríos costarricenses, equivalentes a un caudal de 400 m³/s, los cuales constituyen hoy el grueso de las aguas que nutren los humedales asociados al Parque Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado. Por ello, al ejecutarse el proyecto Brito se secarían totalmente los humedales del Caribe Norte de Costa Rica y se inundarán, por otro lado, las llanuras de Los Guatusos, en cuya planicie se encuentran poblados como Los Chiles, Santa Elena y el humedal Medio Queso. Todo ello constituiría una alteración ambiental en nuestro territorio que no debemos permitir.
Una represa menor. Este proyecto requiere de una inversión preliminar nada despreciable de US$1.152.059,28. Hasta hoy ha sido impulsado por la Secretaría de Integración Centroamericana y financiado en diversos momentos por el BID y el BCIE, como consta en el documento citado. Incluye la generación de electricidad en una represa ubicada al sur de Rivas (río Brito), del orden de 250 megavatios (MW) de potencia, lo cual se obtiene al elevar el nivel del lago de Nicaragua hasta 33 metros sobre el nivel del mar, cuya consecuencia es la inundación de los territorios ubicados al sur del Lago y al sur de los primeros 57 km aguas abajo del río San Juan; todo en territorio costarricense. Pero, además, el proyecto incluye aprovechar el caudal ecológico que quedaría en el río, a través de una represa menor de 2,8 megavatios en el Caribe, con un embalse de 8 m de altura sobre el nivel del mar, ubicado en isla Calero, motivo de disputa actual. Los daños ambientales que ocasionaría este megaproyecto debieran constituir el motivo de fondo para reorientar nuestra lucha en organismos internacionales, pues percibo que carecemos de una visión integral del problema. Sobra manifestar nuestro decidido apoyo técnico a los esfuerzos de las autoridades nacionales para profundizar en las consecuencias aludidas y defender nuestros legítimos intereses patrios.
http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2010/09/19/nacionales/132306
Científico advierte sobre letalidad del megaproyecto hidroeléctrico Brito
Réquiem a Río San Juan
* Salvador Montenegro, del CIRA-UNAN, alerta sobre peligros que se avistan sobre dos de los principales afluentes del país: el río y el Gran Lago
* Se trata de poner una presa que detenga el flujo de las aguas del San Juan, para luego enviarlas por medio de unas turbinas por un canal que partiría el istmo de Rivas
* Desastre ecológico, económico y social, bendecido por la actual administración, que pretende recuperar soberanía con un dragado que no serviría de nada sin afluente actual
JOSÉ ADÁN SILVA Y LUIS GALEANO
A Salvador Montenegro Guillén no le cabe el papel de bromista. Sinceramente un científico como él, de aspecto adusto y cara siempre grave, no tiene gracia para el humor. Por eso en vez de risa, lo que causa es escalofrío al soltar sus dos perlas de humor negro: Nicaragua no tiene por qué preocuparse por la contaminación del proyecto minero Las Crucitas ni por el dragado del Río San Juan.
--¿Por qué profesor?-- Se le pregunta. Y la respuesta da ganas de llorar: “Porque pronto no habría río San Juan que contaminar, ni cauce que dragar”.
El director fundador del CIRA-UNAN, lleva meses de preocupación por lo que él considera “la mayor amenaza nunca vista al futuro del país”: el proyecto hidroeléctrico Brito.
Avalado por actual administración
Este proyecto, con el aval del Ministerio de Energías y Minas, MEM, contempla la construcción de una muralla sobre el río San Juan, antes de El Castillo, llamada “Presa San Isidro”, cerca de la desembocadura del río Sábalo, y otra sobre el río Brito, en el istmo de Rivas, llamada “embalse Miramar”, usando como fuente de regulación las aguas del Lago de Nicaragua.
Se estima, de acuerdo con la información oficial disponible en la página del MEM, que su potencia de producción energética sería de 250 megavatios. El costo de inversión está estimado en 600 millones de dólares, en un tiempo de cuatro años y con apoyo de una importante firma brasileña.
Para el caso del San Juan, esta obra regulará el nivel del Lago de Nicaragua mediante la construcción de una muralla de concreto de 10 metros de altura y 400 metros de ancho, localizada aguas abajo de la desembocadura del río Sábalos, a 58 kilómetros de San Carlos.
Sobre el río Brito, en el sitio conocido como Miramar, se construirá una presa de enrocado y tierra con una longitud de 735 metros y una altura de 37 metros sobre el nivel del mar. Esta presa creará un embalse regulador de 16 kilómetros cuadrados donde se instalarán la planta eléctrica compuesta por 4 unidades –turbinas y sistema—productoras de 62.5 megavatios.
Esta pared hará que las aguas del lago, que se descargan naturalmente al Caribe a través del río San Juan, se frenen en su ruta, aumenten el nivel de agua del Cocibolca y eso llenaría la represa Miramar, donde funcionarían las turbinas gigantes que generarán la energía.
El agua usada en el proceso, será lanzada al mar Pacífico en la zona de San Juan del Sur, a un volumen de 600 metros cúbicos por segundo a través de un canal de 17.2 kilómetros, administrado por los inversionistas.
La panacea maldita
“La obra la venden bien bonita, como la panacea para liberar al país de la dependencia de la energía térmica o combustibles fósiles como el petróleo. Pero detrás de esa magia que nos ofrecen, está la destrucción de todo el ecosistema del río San Juan y miles de afectaciones al lago y sus cuencas”, advierte Montenegro.
El científico dice que la obra no es nueva. Sus estudios iniciaron en los años 70 y para finales de 1978 el gobierno de Somoza pensaba buscar financiamiento para construir la obra. La guerra civil de 1979 y la salida del régimen acabaron con el proyecto hasta que en 2007, con el regreso del presidente Daniel Ortega al poder, y en alianza con Brasil, se volviera a tocar el tema.
“Ustedes que tienen la oportunidad de llegar a todos lados: díganle al país que estamos a las puertas de un desastre sin antecedentes y sin solución, una vez que todo empiece, todo se perderá para siempre”, advierte el científico como quien ve el fin del mundo a la vuelta de la esquina.
Cálculos de hace más de 30 años
Según él, los estudios del proyecto se basan en un cálculo de caudal del lago al río San Juan, de 500 metros cúbicos por segundo, realizado en 1977.
“Eso se calculó hace 35 años. El país era otro, el caudal era otro, no estábamos tan deforestados y las cuencas estaban más activas. Ahora todos sabemos que la sequía es continúa en todo el país, que la deforestación ha llevado un ritmo de 77 mil hectáreas de bosque por año y que estas lluvias e inundaciones, son una excepción, un fenómeno temporal”, dijo Montenegro.
“Esos 250 megavatios dependen de los 500 metros cúbicos por segundo calculados tres décadas atrás, y quizá no se logre hoy sostener ni la mitad ni del agua, mucho menos generar ese volumen de electricidad. El ejemplo de lo que ha sido en realidad la generación hidroeléctrica de Apanás, comparado con las alegres promesas de su diseño, ilustra este mismo caso. ¡Vamos mal desde la entrada!”, exclamó.
¿Cuáles serían los efectos posibles del dique o presa sobre el río San Juan? Aguas abajo de la muralla de 10 metros de altura, que sería construida en algún sitio cercano a la desembocadura del Río Sábalos antes de El Castillo, el hilo de agua que quede solamente volverá a recuperar caudal navegable muchos kilómetros adelante, quizá 30 kilómetros, hasta recibir las aguas de los grandes ríos costarricenses Sarapiquí y San Carlos.
¿Dragado para qué?
“Con algo de humor negro, la ventaja será que a la altura de Las Crucitas no tendremos que preocuparnos por la contaminación de nuestro río San Juan, por la mina canadiense en territorio tico, porque no tendremos ya río en ese sector, solamente otro cauce intermitente. Y del mismo modo ¿dragado para qué? Sería mejor una carretera”, dijo irónicamente.
El dragado del río San Juan, que tiene como objetivo recuperar su caudal histórico, iniciaría a finales de este mes, según Edén Pastora, a quien el presidente Daniel Ortega le orientó esa tarea con fines de reafirmar nuestra soberanía, pero esa obra no tendría sentido al llevarse adelante el proyecto Brito.
El proceso de dragado contempla evacuar tres millones de metros cúbicos de arena que se han sedimentando en el lecho del cuerpo de agua. Este trabajo se realizará en una extensión de 30 kilómetros hasta la desembocadura, desde El Delta- sitio donde las aguas del afluente se están desviando hacia el río Colorado de Costa Rica- hasta el San Juan del Norte, según ha explicado en múltiples ocasiones Pastora.
“La desembocadura no puede ser en río Colorado, tiene que ser en la bahía de Punta Castilla donde lo establecen los tratados, el Laudo Cleveland, un punto en el cual nos hemos puesto de acuerdo con los costarricenses”, ha sido el discurso de Pastora.
“Con la cortina, dique o presa prevista, la navegación no resultará posible para los lugareños o el turismo, aún con esclusas, innecesarias como veremos. Los esfuerzos del gobierno de Nicaragua de resolver el problema de navegación mediante la limpieza o dragado del delta del río, quedan convertidos en inútiles, ya que inevitablemente disminuirá al mínimo el flujo del río, porque el proyecto excluye entre otras opciones, el uso múltiple del río San Juan”, indicó Montenegro.
“Uno de los estandartes del desarrollo turístico, la Ruta del Agua, llegará hasta el sitio de presa. Igualmente grave, el gobierno que ha levantado dignamente nuestra bandera de soberanía en el río San Juan, no podrá impedir que esta soberanía quede fraccionada aguas abajo del sitio de la presa, relegando a la población nacional local –estimada en unas 50 mil personas-- a todavía un mayor aislamiento, y empujada cada vez más a buscar soluciones en Costa Rica”, advirtió el científico.
Proyecto Brito va viento en popa
El proyecto hidroeléctrico Brito, estimado a concretarse en el año 2015, sería el de mayor de su tipo del país en términos de generación eléctrica, con un máximo de 250 megavatios de potencia. De acuerdo al discurso oficial, con eso se cubriría la mitad de la demanda energética actual del país.
El plan energético va viento en popa. El Ministerio de Energía y Minas (MEM), dirigido por Emilio de Jesús Rappaccioli Baltodano, a través del acuerdo ministerial No.09 DGERR-09-2010, extendió la licencia provisional a un consorcio empresarial privado, para realizar los estudios de factibilidad en la zona del río Brito, cercano a la cuenca del Lago Cocibolca.
La licencia tiene validez por un período de 20 meses y especifica la “ejecución de investigaciones de campo”, para el estudio de factibilidad del proyecto hidroeléctrico.
A finales de febrero de 2009, el MEM firmó un acuerdo de intenciones con el Grupo Andrade Gutiérrez, empresa brasileña que está interesada en el desarrollo de Brito. Rappaccioli aseguró entonces que un estudio preliminar que presentó la empresa, destacaba que el proyecto era “factible técnicamente y financieramente atractivo”.
El proyecto se suma al “Tumarín”, que ejecuta la también empresa brasileña Peiros Galvao, en la cuenca del río Tuma, en Matagalpa, con capacidad de 160 megavatios, finalizado a finales de 2012.
“Estos dos proyectos son un importante avance en la generación de energía renovable, en el cambio de la matriz energética de Nicaragua, para acabar con el predominio de la generación a base de búnker o fuel oil”, expresó el ministro Rapacciolli, durante el acto de la formalización del acuerdo.
“Somos una empresa con 60 años de existencia y estamos jugando el papel de colaboradores del Gobierno y estamos satisfechos de invertir en Nicaragua", indicó Ronaldo Alves Pereira, representante de la empresa Andrade-Gutiérrez.
A la fecha, la empresa ha realizado estudios de factibilidad, estudios económicos financieros y ha creado, formalmente, la constitución de la empresa de propósito específico (EPE) en Nicaragua, con el nombre de Empresa Hidroeléctrica Brito (Hidrobrito).
También ha avanzado en el desarrollo del texto de Ley Específica para su presentación al MEM. Han recopilado información especializada en Ineter y tienen lista la contratación de consultores ambientales para el Estudio de Impacto Ambiental. Hidrobrito contrató al equipo ERM / F&A para la elaboración del estudio de impacto ambiental del Proyecto.
Solicitaron el Permiso Ambiental Categoría I. Sometido el 8 de junio de 2010 que incluyó el formulario, perfil del proyecto y documentación legal pertinente.
El 25 de junio de 2010 se hizo una presentación del proyecto a la Comisión Interinstitucional del Gobierno de Nicaragua. Los inversionistas y la comisión nicaragüense hicieron una visita de campo a la zona de Rivas del 5 al 7 de Julio de 2010, a la zonas de Rivas, y Río San Juan, con visitas a las alcaldías de Tola, El Castillo y San Carlos. Ya iniciaron una consulta previa en agosto pasado, con autoridades municipales y dueños de tierras en dos municipios de Río San Juan.
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http://www.nacion.com/2010-11-17/Opinion/Foro/Opinion2592578.aspx
El megaproyecto Brito: negocio de fondo de los políticos nicas
Los daños ambientales del mega-proyecto Brito deben ser el motivo de nuestra lucha
Guillermo Quirós Álvarez Oceanógrafo Físico oceano@ice.co.cr
La actual disputa por la isla Calero es solo el inicio del problema de fondo. El gobierno sandinista y sus socios venezolanos, con fondos del BCIE, pretenden desviar el 90% de las aguas del río San Juan hacia la vertiente del Pacífico, convirtiendo a su paso el lago Cocibolca en una enorme represa hidroeléctrica, que proporcionará 1,130 gigavatios (GW) de potencia anual. Ese es el gran negocio oculto, que, a espaldas del propio ordenamiento legal nica, pretenden imponer a fuerza de mentiras y fuego.
La actual disputa por la isla Calero es solo el inicio del problema de fondo. El gobierno sandinista y sus socios venezolanos, con fondos del BCIE, pretenden desviar el 90% de las aguas del río San Juan hacia la vertiente del Pacífico, convirtiendo a su paso el lago Cocibolca en una enorme represa hidroeléctrica, que proporcionará 1,130 gigavatios (GW) de potencia anual. Ese es el gran negocio oculto, que, a espaldas del propio ordenamiento legal nica, pretenden imponer a fuerza de mentiras y fuego.
Días atrás, el columnista Daniel Flores de El Nuevo Diario de Nicaragua, voz oficial del gobierno sandinista, denunció públicamente la falta de licitaciones y la génesis espuria venezolana del capital de trabajo, con respecto a la ejecución apresurada del proyecto hidroeléctrico Brito, que planea utilizar las aguas del río San Juan. Y como dentro de ese marco Pastora y sus secuaces del Ejército han invadido Costa Rica, me di a la tarea de conseguir copia oficial del proyecto, el cual, para mi sorpresa, involucra daños y perjuicios ambientales de enorme magnitud para nuestro país y que nuestro pueblo y Gobierno deben conocer.
Después de la lectura del documento oficial de la empresa consultora contratada por el gobierno sandinista Andrade-Gutiérrez (publicado en Nicaragua, junio 2010), se deriva que el dragado del actual cauce del río San Juan frente a la isla Calero, constituye tan solo una distracción política temporal, vinculada al miniproyecto que aprovechará el caudal ecológico que dejarán al río San Juan hacia su desembocadura caribeña.
Esfuerzo desesperado. Y como bien analiza el Dr. Astorga el pasado domingo: http://www.nacion.com/2010-11-14/Opinion/Foro/Opinion2588598.aspx, la agresión actual es un esfuerzo desesperado por darle vigencia a la apropiación indebida de la esquina noreste de nuestro territorio, única alternativa hidrológica que permitiría la estabilidad de una represa hidroeléctrica frente a isla Calero, que, de construirse del lado nica, frente a San Juan del Norte, terminarían por ahogar en sedimento pocos años después las corrientes marinas que circulan de norte hacia el sur. Por eso, sus asesores en hidráulica –obviamente extranjeros–, les han recomendado como única solución construir la represa en isla Calero –justo donde deforestaron–, para proteger sus intereses al abrigo de la laguna Los Portillos, en territorio tico.
El gran proyecto planea construir una represa a la altura de El Castillo, a 57 km al este del desaguadero del Lago, sobre el cauce del río, la cual devuelve el 90% del caudal que proviene de ríos costarricenses, equivalentes a un caudal de 400 m³/s, los cuales constituyen hoy el grueso de las aguas que nutren los humedales asociados al Parque Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado. Por ello, al ejecutarse el proyecto Brito se secarían totalmente los humedales del Caribe Norte de Costa Rica y se inundarán, por otro lado, las llanuras de Los Guatusos, en cuya planicie se encuentran poblados como Los Chiles, Santa Elena y el humedal Medio Queso. Todo ello constituiría una alteración ambiental en nuestro territorio que no debemos permitir.
Una represa menor. Este proyecto requiere de una inversión preliminar nada despreciable de US$1.152.059,28. Hasta hoy ha sido impulsado por la Secretaría de Integración Centroamericana y financiado en diversos momentos por el BID y el BCIE, como consta en el documento citado. Incluye la generación de electricidad en una represa ubicada al sur de Rivas (río Brito), del orden de 250 megavatios (MW) de potencia, lo cual se obtiene al elevar el nivel del lago de Nicaragua hasta 33 metros sobre el nivel del mar, cuya consecuencia es la inundación de los territorios ubicados al sur del Lago y al sur de los primeros 57 km aguas abajo del río San Juan; todo en territorio costarricense. Pero, además, el proyecto incluye aprovechar el caudal ecológico que quedaría en el río, a través de una represa menor de 2,8 megavatios en el Caribe, con un embalse de 8 m de altura sobre el nivel del mar, ubicado en isla Calero, motivo de disputa actual. Los daños ambientales que ocasionaría este megaproyecto debieran constituir el motivo de fondo para reorientar nuestra lucha en organismos internacionales, pues percibo que carecemos de una visión integral del problema. Sobra manifestar nuestro decidido apoyo técnico a los esfuerzos de las autoridades nacionales para profundizar en las consecuencias aludidas y defender nuestros legítimos intereses patrios.
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